Propuesta del Ejecutivo federal para desaparecer las policías municipales e incluso la disolución del municipio ante su imposibilidad de garantizar la seguridad, parte de un diagnóstico equivocado, aseguró el senador Mario Delgado, ya que dijo la debilidad del municipio es mucho más profunda y no se resuelve con esto.
El legislador por el Distrito Federal sostuvo que el Ejecutivo federal encontró en el municipio su “chivo expiatorio” para justificar su incapacidad de gobernar; “es decir, pasamos del Estado fallido al municipio fallido”, señaló.
“Tenemos que hacer un debate serio con una visión profunda del municipio y no su disolución”, sentenció
Recordó que México está constituido como una república federal; sin embargo, dijo actualmente el federalismo mexicano sufre el ataque en dos frentes, por un lado la mayor preeminencia del Ejecutivo sobre los demás poderes de la Unión y la invasión cada vez más constante de las competencias del poder federal a costa de los derechos de los estados y municipios.
“Se ha hecho una centralización del gasto en salud, se ha propuesto una autoridad nacional en materia electoral, registros públicos únicos de catastro, y en la Reforma Energética el manejo de los recursos petroleros son fuera del presupuesto a través de un fondo mexicano”, explicó.
Mario Delgado señaló que el problema de seguridad no se resuelve con la desaparición de las policías municipales ya que el problema no es exclusivo de los ayuntamientos, “Y parece la propuesta del presidente Peña, es de una miopía infinita”.
Y enfatizó que las propuestas de Enrique Peña Nieto no abordan las demandas sociales ni resuelven los problemas de corrupción en el país; aseguró que en las iniciativas enviadas al Congreso no se toca el patrimonio de la delincuencia.
“Si no se cambia la visión para desarticular la estructura económica de la delincuencia, por eso es fácil el remplazo inmediato de las cabezas de los líderes de estos grandes negocios”, sostuvo Delgado Carrillo.
El también presidente de la Comisión del Distrito Federal, indicó que el Ejecutivo no va a recuperar el liderazgo si no muestra una acción decidida a la corrupción, por lo que propuso extender la figura de extinción de dominio hacia actos sospechosos de corrupción para los servidores públicos y empresas involucradas.
