Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, durante el debate sobre acciones anunciadas por el Ejecutivo Federal en materia de combate a la corrupción e inseguridad.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): …favor de este decálogo que habrá de traducirse, o pretende traducirse en diversas disposiciones constitucionales que ha presentado el Ejecutivo federal.
Sin embargo, creo que las preguntas que se han formulado no son las correctas, porque deberíamos de partir de reconocer que la crisis por la cual está atravesando nuestro país es una crisis que atraviesa a los tres Poderes federales, los tres órdenes de gobierno, a los partidos políticos y a un sector muy basto de la sociedad mexicana.
Nuestro país vive una crisis de descomposición y de pérdida de credibilidad en todas las instituciones públicas; y la respuesta que se tiene que dar debe responder a este proceso de deterioro tan profundo de la ética, de la moral pública y de la forma en que se desempeña el gobierno y se gestionan sus distintos programas.
¿Qué hay problemas severos en los municipios y en sus policías municipales, eso es innegable. Qué ahí se han expresado de manera muy nítida como el caso de Iguala, de Cocula de Chilapa, de Tlatlaya, de Tejupilco, de Apatzingán, de muchos municipios, la profundidad de esta crisis y en nivel de descomposición que existe? Sí.
¿Pero los planteamientos que ha hecho el Ejecutivo federal son la respuesta para resolver esta situación? Yo creo que no.
Efectivamente, el municipio siempre lo quieren presentar como el patito feo y el responsable de todas las crisis y de todos los problemas del país.
Qué hay un problema de seguridad, hay que hacer un mando único; qué hay un problema de mal manejo de recursos y endeudamiento por parte de los gobierno estatales, hay que controlar a los municipios su endeudamiento; que hay sujetarlos, sin lugar a dudas, a una mayor fiscalización.
Pero también tenemos que asumir que el municipio se encuentra en una contradicción permanente desde hace muchos años en lo que respecta el enorme desprecio institucional al que se ve sometido por la autoridad estatal y la autoridad federal; y al mismo tiempo por la incapacidad que tiene para atender el reclamos de los ciudadanos para acceder a los servicios básicos mínimos, incluido el tema de la seguridad.
Y ahí evidencia de esta debilidad deliberada es la forma en que se distribuyen los recursos públicos, dónde sólo 4 centavos de cada peso llega a los municipios del país, mientras que el gobierno federal se queda con 80 centavos de cada pesos que se genera en el país.
Y efectivamente esta injusta distribución de los recursos ha seguido aumentando la vulnerabilidad y la debilidad de los municipios del país.
Y evidentemente ya hemos llegado a un nivel tal para poder asumir que el modelo municipalista que existe en nuestro país está agotado y que se necesita un replanteamiento de fondo.
¿Pero este replanteamiento del municipalismo parte de la noción de desaparecerlos y de avanzar a una mayor centralización? Pues yo creo que evidentemente no, porque los cambios que se requieren son cambios muy profundos que tienen que ver con la transformación de las instituciones públicas, de las políticas económicas y culturales que se requieres en este país
Y la propuesta de Enrique Peña Nieto no avanza en esa dirección, por el contrario, lo que está planteando es dar la puntilla final al municipio, minar aún más la ya debilitada soberanía de los estados y permitir una centralización política en donde ya, hasta los temas de seguridad por la sola presunción de un funcionario les va a permitir no ejercer el mando único, sino tener el control de las policías estatales o solicitar al Senado la disolución de la autoridad municipal.
Bueno, resumiéndolo en dos frases: ya acabaron con el Pacto Social fundacional que tenía este país al momento de las reformas constitucionales, lo que hoy están planteando es acabar con el Pacto Federal que nos constituyó en una República Federal representativa.
Y para ello basta ver las iniciativas que se nos han presentado por parte del Ejecutivo al Senado.
Una iniciativa en la que se pretende facultar al Congreso para expedir una ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, incluyendo la hipótesis de disolución del ayuntamiento.
Desde ahí partimos mal en el diagnóstico. Lo dijo el senador Roberto Gil, efectivamente los vínculos con la delincuencia organizada ya están tipificados como delito; pero el problema de este país no es el problema de infiltración del crimen organizado sólo en las autoridades municipales, sino también en las autoridades estatales, en las autoridades federales, en los cuerpos de de seguridad pública e incluso las corporaciones que representan las fuerzas armadas de este país.
Este es un problema de descomposición política más profundo que no se queda en el ámbito municipal; y en todo caso deberíamos discutir una ley general para combatir la infiltración del crimen organizado en todos los órdenes de gobierno, en todas las instituciones públicas, incluidos los organismos autónomos, e incluso la infiltración de los partidos políticos de los que ha dado cuenta los hechos de Iguala, de Tamaulipas, de Michoacán, del Estado de México y que por mucho ruido que se ha hecho no ha habido respuestas contundentes para castigar a ninguna de las autoridades responsables.
Y sería mejor que, en lugar de estar haciendo anuncios espectaculares de convertir el teléfono 066 en el 911, de convertir el Registro Único de Población en una sola identidad, mejor se tomara con firmeza una decisión para que aquellos gobernadores, diputados federales, senadores, diputados locales, presidentes municipales, funcionarios públicos involucrados con la delincuencia organizada paguen por lo vínculos que estos tienen y no se mantengan en la impunidad.
Y disolver las policías municipales no va a resolver el problema, sino va a profundizar esta contradicción entre el desprecio institucional y las incapacidades del municipio para atender sus demandas, porque hay que partir del principio de que el que tiene el mando, manda.
Y la autoridad goza de dos monopolios de manera exclusiva para poder ejercer sus atribuciones: el monopolio de la aplicación de la ley y el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza pública.
Y en el momento que se le reste esta facultad al municipio, no solamente dependerá de la buena relación o de la disposición que tenga el gobierno del estado, sino de los mecanismos que pretende hoy inducir el Gobierno federal contra nuestro federalismo.
Porque en esta prometida ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, bastará la presunción, el hecho de que exista un indicio para que el fiscal general, a través del secretario de Gobierno, le solicite al Senado de la República pues la disolución del ayuntamiento.
Que por cierto, ni siquiera eso hizo bien quien presentó la iniciativa, no se disuelve el municipio, se disuelve el ayuntamiento que es el órgano de gobierno y tampoco se define como delito el vínculo con el crimen organizado porque lo que tipifica la ley son los vínculos con la delincuencia organizada, hasta eso viene mal en las iniciativas.
Pero basta el indicio para suplantar la facultad que hoy tienen los congresos el estado, de los estados, para poder disolver alguno de los ayuntamientos y esto va en demérito de la autonomía de los estado, va en demérito de las facultades de los congresos locales y ahora la presunción del fiscal con el apoyo del secretario de Gobernación y mayoría aquí, pretende imponer los gobiernos municipales en donde presuma, haya o no pruebas, que tengan algún indicio.
No hay autoridad jurídica, no hay un debido proceso y la discrecionalidad con la que se pude aplicar esta medida, sin lugar a dudas tendrá que aplicarse un enorme uso de carácter político.
Plantean también en este esquema de rediseño de facultades, competencias y concurrencias de la Federación y las entidades federativas nuevas disposiciones en los Códigos Penales.
Ya ni siquiera un Código Penal único que fue lo que discutimos aquí ene le periodo de sesiones anterior, sino incluso la aplicación del Código directamente por parte de la Federación, sin intervención de la autoridad local, porque incluso se establece también que ya no es un asunto de concurrencia, sino de equiparación de delitos del fuero común con el federal, lo que implicaría en todo caso una recategorización del tipo de delito para que no hubiera contradicción con las disposiciones locales y federales.
Y finalmente, respecto a la policía única, no es un asunto solamente de desaparecer las policías municipales, sino también el Gobierno federal pretende arrogar la facultad para asumir el mando de las policías estatales en el momento que en su juicio no están cumpliendo con su responsabilidad.
Ahí le dejan a los municipios la facultad de hacer cumplir el mando municipal, se va a encargar del alumbrado público, de la limpieza de las calles, del ordenamiento vial, de los usos del suelo, etcétera, pero sin ninguna facultad positiva para ejercer esas atribuciones.
Y le van a (inaudible) el municipio al gusto del gobernador a todos los presidentes municipales, éste era el sueño de Genaro García Luna, tener desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal el mando indirecto de las policías estatales para poder desde ahí desarrollar un modelo muy centralizado del poder.
Yo creo que lamentablemente esta propuesta no resuelve el problema, qué bueno que haya operativos en Tierra Caliente o en Michoacán, en Tamaulipas, operativos que hubiera sido mejor con la intervención oportuna anterior del Gobierno federal.
Porque los hechos de Iguala, de Cocula y de Chilapa y de otros lugares se pudieron haber evitado, porque el procurador general de la República, el secretario de Gobernación, el Cisen, tenían la información suficiente para acreditar los vínculos del señor Abarca con la delincuencia organizada y no lo hizo.
Mejor, en lugar de estar discutiendo este decálogo de buenas intenciones, hay que exigirle al Ejecutivo federal que aplique la ley, que vea por qué el señor Yarrington tiene una orden de aprehensión en los Estados Unidos y aquí se goza de plena impunidad.
¿Por qué no nos ha dicho la Procuraduría cómo se tejió la red de complicidades y de corrupción que permitió la colusión de autoridades municipales locales, federales, para que operen los Guerrero Unidos y otros grupos delictivos en la zona de Guerrero?
¿Por qué no ha habido deslinde de responsabilidades, no solamente de autoridades, de autores intelectuales o materiales, sino de quienes permitieron esta situación por acción o por omisión?
Sería mejor que hubiera una rectificación de fondo, se acabe con la impunidad y la corrupción que existe en lugar de ir generando mayores contradicciones en un esquema centralizado que nos está conduciendo para la disolución del pacto federal que había originalmente dado lugar a nuestra nación.
Por eso creo que hay que discutir esto con más cuidado, debería de regresarse esta iniciativa al Ejecutivo federal para que podamos hacer una discusión en serio y no estar discutiendo muchas ocurrencias.
