La detención de Sandino Bucio Duvalí, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de las once personas que participaron en las marchas del 20 de noviembre, denunciadas por arbitrarias, ilegales y en las que presumiblemente se les torturó, evidencia la incapacidad de las instituciones del Estado para aplicar la ley, afirmó la senadora Angélica de la Peña.
Denunció que tan fueron arbitrarios los arrestos que el Ministerio Público no pudo acreditar los delitos que los motivaron y quienes efectivamente quebrantaron la ley antes, durante y al término de las marchas, permanecen impunes, al igual que los elementos policiacos, tanto federales como capitalinos, que efectuaron las detenciones.
Explicó que esta situación la padecen mexicanas y mexicanos a lo largo y ancho del país todos los días, los abundantes vídeos que circulan en redes sociales son prueba de ello, y la constantes es el abuso de autoridad y prepotencia de policías municipales, estatales y federales realizando detenciones ilegales para extorsionar u obtener confesiones mediante actos de tortura.
Señaló que ante la crisis de violación de los derechos humanos en el país, el Senado debe analizar detalladamente las propuestas que envíe el titular del Ejecutivo federal, pues aunque pretenden responder a una situación de emergencia, no contemplan que una de las causas de la misma es la ausencia del Estado para garantizar el cumplimiento irrestricto de la ley.
Tampoco reconoce, abundó la senadora del PRD, que ha faltado voluntad política para que en el Congreso de la Unión se aprueben iniciativas en materia de desaparición forzada y tortura -presentadas por de la Peña Gómez- que la realidad hoy confirma su importancia en el combate y erradicación de esos delitos.
Dijo que para garantizar la justicia y la seguridad de las personas, incondicionalmente deben respetarse los derechos humanos, esto es, la aplicación de la ley sin distingo alguno, «si no se cumple con esta condición cualquier noción de justicia, verdad y Estado de derecho, será ficticia, propia del autoritarismo», agregó.
Apuntó que las actuales circunstancias exigen también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a su presidente actuar con responsabilidad y firmeza, pues hoy pareciera que para las autoridades el fin justifica los medios, lo cual es inadmisible, «esperamos que pronto presente un informe sobre las detenciones derivadas de las marchas del 20 de noviembre y la incursión intimidatoria de elementos del Ejército en instalaciones de la Universidad de Coahuila en la que tomaron fotografías y vídeos de los estudiantes», añadió.
«Insisto, en el Senado ya tenemos iniciativas presentadas para eliminar la tortura y la desaparición forzada, integremos al debate las propuestas que envíe el Ejecutivo federal, es claro que el objetivo de todas las fuerzas políticas es el combate a la delincuencia por lo que lograr consensos no será difícil, discutamos y aprobemos responsable e integralmente leyes con visión de largo plazo, no a contrarreloj, coyunturalmente», finalizó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
