Ante la exigencia de justicia y combate a la impunidad, derivada de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el Estado mexicano debe dar respuestas a la sociedad.
No sólo se trata de informar a través de los medios, sino de brindar una respuesta que dé resultados tangibles, lo más pronto posible, con alternativas. Respuestas que se integren por acciones conforme al Estado de derecho y no acciones represivas o autoritarias.
Cuando un Estado responde violentamente a las demandas de la sociedad, su legitimidad queda hecha añicos y su permanencia en el poder sólo dependerá del uso de la fuerza. Gobernar significa buscar alternativas diferentes a la violencia. Se trata de utilizar las mejores herramientas de la política para construir soluciones efectivas y de rápida aplicación para superar la crisis de seguridad.
En los momentos en los que se encuentra el país, la respuesta del Estado a la sociedad incluye aspectos como son:
Primero: determinar el paradero de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Es la prioridad, los hechos de Iguala constituyen el reto más grande que en materia de demanda social enfrenta el gobierno.
Segundo: concluir la investigación, lo cual implica presentar los resultados, presentar a los responsables y consignarlos por los delitos que correspondan.
Tercero: urge el desmantelamiento de las bandas criminales que operan en la región de Iguala y en Guerrero.
Cuarto: reforma a fondo de las instituciones policiales. Crear la policía nacional o establecer el mando único, de forma tal que la policía municipal quede bajo el mando de la policía estatal, y ésta, bajo el mando de una policía nacional.
Quinto: la determinación de nuevos tipos penales, según los hechos delictivos que se presentan en la realidad, así como su armonización a nivel nacional.
Sexto: solidaridad con las víctimas de Ayotzinapa. Todos debemos ser solidarios y exigir la continuación de la investigación, el esclarecimiento de los hechos, el fincamiento de responsabilidades. Cualquier acción o estrategia que asuma el Estado debe contar con un componente ciudadano. Sin este componente social, la respuesta será la misma y los resultados distarán de lo esperado.
Séptimo: condena a la violencia ejercida por unos cuantos. Identifiquemos perfectamente que los hechos vandálicos son de unos cuantos, por tanto hay que expresar nuestro respeto a las miles de mexicanas y mexicanos que se manifiestan en las calles solidarizándose con las víctimas de Ayotzinapa. Con ellos nuestra solidaridad. Necesitamos llamar la atención en el hecho de que la autoridad no caiga en la tentación de impedir formas de libre expresión y de libre tránsito.
Octavo: ejercicio responsable de la autoridad, el gobierno debe hacer cumplir la ley y, al mismo tiempo, respetar los derechos humanos. La autoridad debe ejercerse para poder seguir siendo autoridad y, por tanto, acciones penales significa investigaciones en ministerios públicos, integración con pruebas, consignación a jueces, ejercer y detener a quienes sean los responsables y compurguen su sanción.
Respaldamos a las instituciones, pero también se requieren respuestas de éstas; el Estado mexicano tiene que responder a las demandas sociales y hacer propuestas para que hechos como los del horror que todos conocemos y vivimos, nunca más se repitan.
El Senado de la República está a favor de la paz, como lo está la inmensa mayoría de mexicanos y mexicanas.
El Estado debe garantizar la libre expresión, el libre tránsito, el derecho de quien, legítimamente, se rebela contra la injusticia, pero también debe preservar el orden público.
Coordinador parlamentario del PRD en el Senado. @MBarbosaMX
