VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA SOBRE EL TEMA DE LA DENOMINADA CASA BLANCA
Sen. Dolores Padierna Luna: Gracias presidente, también porque mi punto de no leerse hoy con las nuevas reglas que se tienen y me interesa mucho fijar posición en relación a este tema.
Una investigación periodística, confirmada en sus datos esenciales por la Presidencia de la República, ha puesto bajo la mirada pública un claro ejemplo de opacidad, tráfico de influencias, ilegalidad y corrupción.
La “casa blanca”, mansión particular de la familia Peña-Rivera valuada en 7 millones de dólares, 86 millones de pesos, no es un escándalo más, sino la prueba de cómo este régimen concibe el servicio público.
Jesús Silva Herzog Márquez quien recientemente fue incorporado a la Academia Mexicana de la lengua por ser un observador lúdico de los escenarios políticos y culturales del país se ha referido a este caso de manera inmejorable: “la ofensa de la casa no es la opulencia, sino la suciedad. La maraña de transacciones en donde el beneficio privado se enreda con las decisiones públicas. Una empresa que gratifica fuera de toda proporción a una actriz al casarse con un político en ascenso. Un contratista del gobierno construyéndole casa a la esposa de su favorecedor. La reconstrucción que hace la esposa del Presidente reitera el motivo de la indignación. Una televisora patrocina groseramente a un político a través de su cónyuge. El Presidente y su familia disfrutan de una casa que es propiedad de un sujeto al que el gobierno beneficia con obra pública”
El empresario al que se refiere el escritor es del Grupo Higa, muy cercano al Partido Revolucionario Institucional y al Presidente Enrique Peña Nieto desde que era gobernador.
Cuando el vocero Eduardo Sánchez dice que la casa pertenece a la señora Angélica Rivera solo parece confirmar la maniobra destinada al tráfico de influencias.
La señora Rivera ya tenía una propiedad colindante a la “casa blanca”, misma que le fue transferida por Televisa bajo un esquema de incentivos por su trabajo como actriz.
La transacción a favor de la hoy esposa de Enrique Peña Nieto ocurrió el 14 de diciembre de 2010, 17 días después de que contrajo nupcias con el entonces gobernador del estado de México.
El inmueble transferido por Televisa, ubicado en Paseo de las Palmas 1325, fue valuado en 27 millones 651,744 pesos.
La otra propiedad denominada “la casa blanca” colinda con la primera y está ubicada sobre la calle Sierra Gorda, fue valuada en 7 millones de dólares, unos 86 millones de pesos.
La respuesta de Peña Nieto fue, como escribió Jesús Silva Herzog: “fue desentenderse y entregar a su esposa al Coliseo”, eso hizo el Presidente de la República.
Durante la campaña electoral del 2012, el hoy Presidente del país declaró ser dueño de 4 casas en el estado de México, 4 terrenos en esa misma entidad y un departamento en Acapulco, Guerrero, sin que hayan informado a la nación que su esposa era dueña de una mansión con las características y valor de la que tienen en Sierra Gorda, por lo cual Peña Nieto debiera terminar de rendir cuentas sobre su patrimonio y el de su familia, aportando datos como domicilios y comprobantes de lo que se afirma.
Es necesario apuntar que el caso se agrava porque estamos ante un claro ejemplo de tráfico de influencias y corrupción.
La “casa blanca” está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa del Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas preferidos del gobierno del Estado de México y que forma parte de Constructora Teya, una de las empresas que habían sido beneficiados con la construcción del tren rápido México-Querétaro que finalmente Peña Nieto decidió revocar; motivo por el cual, serán indemnizadas bajo un proceso que todavía desconocemos que parece desarrollarse en total opacidad y sobrevaluando los costos .
Asimismo, dicho empresario se ha visto beneficiado desde que Peña llegó a la Presidencia puesto que se le ha asignado a dicho Grupo los siguientes contratos: Grupo Higa ganó junto con otras empresas la licitación para construir el acueducto de 400 kilómetros para abastecer a Monterrey, una obra por la que se pagarán 47 mil millones de pesos durante los siguientes 27 años, aunque inicialmente se haya previsto un coto de 17 mil millones de pesos.
La ampliación –otra obra-, del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, asignado a Constructora Teya, filial del Grupo Higa por un monto de 100 millones de pesos
Un contrato por 2 mil 556 millones de pesos para la construcción del túnel Churubusco-Xochiaca en los límites del Distrito Federal y el Estado de México, otorgado por la Comisión Nacional del Agua a Constructora Teya y otras empresas del ramo.
Teya obtuvo también, en febrero de 2013, el contrato para la ampliación de dos a cuatro carriles en 400 kilómetros de la carretera Guadalajara-Colima. El contrato se asignó por conducto de Banobras por 417 millones de pesos.
Además, su razón social Autopistas de Vanguardia consiguió en julio de 2013 la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan por 2 mil 200 millones de pesos con financiamiento de Banobras.
Cabe señalar que desde que Peña Nieto era gobernador del estado de México, Grupo Higa, a través de sus diferentes filiales, participó en obras como el Viaducto Elevado Bicentenario, la construcción-explotación-operación-conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, el distribuidor vial de Naucalpan Par Vial Metepec, la construcción y operación de la autopista Toluca-Atlacomulco, unidades médicas por todo el estado, remodelaciones y el estadio y gimnasio de la Universidad Autónoma del estado de México, puentes vehiculares y el distribuidor vial, el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Toluca, el libramiento Acambay, la ampliación de la carretera Toluca-Naucalpan, así como estudios para el gobierno y campañas publicitarias
Este conjunto de datos aumenta las sospechas, solo el hecho de que una filial de dicho Grupo sea dueña de la casa que supuestamente está pagando Angélica Rivera.
El presidente debe aclarar muchas cosas: en primer lugar, los bienes patrimoniales de él y su familia como la propia ley lo establece; en segundo lugar, sus relaciones con la Constructora Teya involucrada en los casos del tren rápido y la “casa blanca”.
México padece una enorme crisis política y de legitimidad. Esta crisis es producto de una errática conducción de la económica del país, del descrédito e indignación que han generado los hechos de Iguala, Guerrero y de Tlatlaya en el estado de México, de la corrupción y el tráfico de influencias que involucran directamente a Peña Nieto y su familia.
Como señala Jesús Silva-Herzog Márquez: “desde tiempos de José López Portillo no ha habido en México un escándalo de ese tamaño. El mismo presidente de la República involucrado en un serio escándalo de corrupción. Quisiera ser claro: el problema no es el costo de la helada mansión sino la revelación de un inaceptable conflicto de interés que toca al Ejecutivo mismo.”
La honestidad y la transparencia debieran ser verdades y compromisos de cualquier gobierno democrático, sin importar su identidad ideológica. Ser honestos y transparentes en el ejercicio del servicio público no es una virtud, es una obligación y una convicción.
Por lo anteriormente expuesto propongo los siguientes puntos:
Primero, que con base en los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, haga pública su declaración de situación patrimonial y la de su cónyuge en forma completa porque la que publica tiene abundantes inconsistencias. Que esto sea solicitado por el Senado de la República al titular del poder Ejecutivo Federal
El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una investigación exhaustiva acerca de los contratos otorgados al Grupo Higa y sus empresas filiales, así como a las demás empresas pertenecientes a Juan Armando Hinojosa Cantú, desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del estado de México a la fecha, con el fin de deslindar un posible tráfico de influencias y de corrupción y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
El Senado de la República solicita al gobierno del estado de México y al gobierno federal que informen detalladamente los contratos celebrados con Grupo Televisa entre el 5 de septiembre de 2003 y el 1 de noviembre de 2014, precisando los montos y objetos de los mismos.
Cuarto, el Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice una investigación detallada sobre los ingresos de la señora Angélica Rivera, a partir del ejercicio fiscal de 2007.
Quinto, el Senado de la República solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe respecto de las indemnizaciones de que será objeto el Grupo Higa, por la cancelación del proyecto de Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, mismas que le propio secretario ha dado a medios de comunicación con datos a la ligera y con costos injustificados
Es cuanto señor presidente, senadoras y senadores, gracias.
