Después de la designación del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado de la República tiene frente a sí dos nombramientos de gran relevancia, particularmente para enfrentar la actual crisis de credibilidad de las instituciones. Designar al fiscal anticorrupción y al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, Fepade.
El miércoles 19 de noviembre, el Senado aprobó las convocatorias para estas dos importantes designaciones. En lo que respecta al fiscal anticorrupción, el titular debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; ?tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación;?antigüedad mínima de cinco años de haber obtenido el título profesional de ?licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; ?gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; ?acreditar conocimientos o experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas?y combate a la corrupción; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o ?municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación.
La simulación, el engañar con la verdad y otras prácticas que ensalzan el folclor del sistema político y que en varias ocasiones se han considerado, no sin cierto cinismo, como elementos de gobernabilidad y regulación de tensiones internas, en este momento aparecen como obstáculos que impiden superar la crisis que vive el país.
La corrupción permeó el sistema, estableciendo prácticas que se volvieron comunes aunque nunca públicamente aceptadas.
Uno de los cambios estructurales pendientes y que urgen realizar es la reforma anticorrupción. La corrupción es la puerta de entrada a la vida pública de conductas delictivas de todo tipo. Se trata de un flagelo que no se puede evadir por más tiempo en virtud de la actual crisis de credibilidad de las instituciones y la necesidad de que las autoridades den respuestas efectivas a las demandas más apremiantes de la sociedad.
Nuestro país requiere esta reforma para mejorar su crecimiento, sanear su vida pública y disminuir la inseguridad que padecemos desde hace años.
El hecho de que la Secretaría de la Función Pública no acaba de morir y la Comisión Nacional Anticorrupción no acabe de nacer abre un espacio de incertidumbre legal y política que pone en tela de juicio el compromiso del actual gobierno federal, para combatir la corrupción.
La corrupción afecta el desarrollo económico, porque desalienta la inversión, amenaza la estabilidad macroeconómica, puesto que los servidores públicos desvían recursos, empeora la distribución del ingreso ya que se segmentan las oportunidades y se benefician grupos organizados y con influencia política. Además de los impactos a la economía, la corrupción afecta la legitimidad del Estado y la credibilidad de la población en sus autoridades.
Existen diversos estudios por ramas y sectores de la economía que revelan las pérdidas que generan los actos de corrupción, las cuales se calculan alrededor del 10% de las ganancias anuales.
Un gobierno corrupto o con prácticas de corrupción es más propenso a atraer empresarios e inversionistas corruptos, no a las empresas de vanguardia y con responsabilidad social, que son las que México necesita. Un gobierno corrupto abre la puerta para una gran cantidad de delitos, favorece el crecimiento del crimen organizado y deforma las instituciones públicas y responsables de la administración de justicia.
¿Qué implicaría una reforma estructural para combatir la corrupción?
Para combatir eficazmente la corrupción, entre otras cosas se necesita dar vigencia a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual nuestro país forma parte.
Culminar la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción como la instancia encargada de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la federación, así como por cualquier particular, ya sea persona física o moral.
La comisión debe ser autónoma para que cuente con los elementos que garanticen su independencia, y que pueda realizar su trabajo de forma profesional e imparcial y guiarse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.
La comisión deberá impulsar acciones y programas de carácter preventivo; en especial de aquéllos destinados a promover la ética y la honestidad en el servicio público así como el Estado de derecho. En este sentido, podrá formular recomendaciones —ya sean particulares o de carácter general— para la mejora de los procedimientos administrativos y prevenir prácticas de corrupción.
El cambio estructural en materia de combate a la corrupción no depende únicamente de la creación de un organismo creado para tal efecto, sino de un cambio de fondo en el carácter del servicio público y en la inclusión de valores a nuestra cultura política relativos a la rendición de cuentas y la transparencia.
El combate a la corrupción es una prioridad y este tema formará parte de nuestra agenda estratégica y la designación del fiscal especializado en esta materia es un paso importante en este sentido.
@MBarbosaMX
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República.
