No iniciar de inmediato en el Senado de la República el debate y aprobación de una Ley que prevenga, sancione y erradique el delito de la desaparición forzada de personas a lo largo y ancho del país, será una irresponsabilidad y una falta de sensibilidad con las víctimas de este delito y sus familias, afirmó la senadora Angélica de la Peña.
Indicó que es un sinsentido que solamente 17 entidades federativas contemplen este delito, que el Estado mexicano continúe sin reconocer la competencia del Comité de Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada y que la tipificación continúe sin modificarse adecuadamente pese a señalamientos de organismos internacionales como la misma ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando las cifras oficiales señalan que existen más de 22 mil mexicanas y mexicanos cuyo paradero se desconoce.
Recordó que el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, ha señalado que sobre desaparición forzada la información del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas no es confiable porque se alimenta de los datos suministradosúnicamente por los gobiernos estatales que consideran el delito en sus códigos penales y esta tipificación ni siquiera está homologada.
La senadora del PRD señaló que pareciera que no se quiere reconocer que la desaparición forzada de personas en México es un crimen cuya comisión es constante, lo que contribuye a su gravedad pues permite, alienta, la impunidad que rodea a este delito, «pensamos que la desaparición forzada de personas existió en los años 60 y 70, pero no, no ha dejado de existir y en pleno siglo 21 derivado de una guerra contra el narcotráfico, se ha convertido en una tragedia que debe avergonzarnos como Estado», agregó.
Explicó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno han mostrado no solo incapacidad técnica y humana para responder a los familiares de miles personas desaparecidas en todo el país sino también insensibilidad, ante lo cual madres, padres, hijos e hijas, han tenido que convertirse en investigadores, «esta situación no puede continuar, las autoridades y las y los legisladores debemos actuar con decisión para garantizar y materializar a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, estamos obligados a ello».
La legisladora perredista hizo un respetuoso llamado al gobierno federal y a la Cámara de Diputados para que consideren una ampliación presupuestal para la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), ya que para el ejercicio 2015 su presupuesto fue reducido en 25 millones de pesos, es decir, esta instancia dispondrá solamente de 14 millones 676 mil 268 pesos, lo que a todas luces es insuficiente ante la envergadura de su tarea.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado dijo que la última cifra de personas desaparecidas -proporcionada por la Secretaría de Gobernación- señala que en lo que va del año se denunciaron 5 mil 98 nuevos casos, cantidad nunca antes registrada, «es una nueva llamada de atención para el Poder Legislativo, hay iniciativas presentadas y turnadas a comisiones, debemos analizarlas, discutirlas, enriquecerlas y aprobar aquella que ataque de manera frontal e integral las desapariciones forzadas e involuntarias de personas, pero sobre todo, que contribuya a encontrar a esas personas, a darle certeza sobre su destino a sus familiares».
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