Ha transcurrido más de un mes de los trágicos eventos del 26 de septiembre, ocurridos en Iguala, Guerrero. A lo largo de cuarenta días, la exigencia social ha sido y es primordialmente una: resolver el paradero de 43 normalistas desaparecidos.
Se ha conformado un poderoso conglomerado social que no estará conforme, hasta que no se esclarezcan los hechos, y se castigue a los culpables.
Frente a las voces que sugieren la conformación de un pacto a favor de la seguridad, todo indica que cualquier convocatoria de esta naturaleza será hueca a los ojos de una sociedad indignada y movilizada en las calles, en tanto no se resuelva lo fundamental: ¿Dónde están los estudiantes de Ayotzinapa?
La situación que se vive es de la mayor gravedad. Nacional e internacionalmente el caso de Iguala ha puesto a debate el resquebrajamiento de las instituciones de seguridad y de justicia, ha evidenciado la corrupción imperante en áreas fundamentales de la vida nacional, desnudado la complicidad de los partidos políticos, e incluso ha vulnerado la propia democracia electoral.
Hoy es evidente que cientos de instituciones del Estado (municipios, policías, procuradurías, etc.) están infiltradas por el crimen organizado. El cobro de piso, la extorsión, el secuestro, las desapariciones forzadas, las muertes por decenas y las fosas clandestinas, no son exclusivas de Iguala, ni de Guerrero. Están presentes desde hace mucho tiempo en enormes franjas del territorio nacional, en muchos estados de la República.
Miles de hombres y mujeres, a lo largo y ancho del país, han tomado el rostro de 43 estudiantes guerrerenses para exigir un alto a la violencia y al miedo que viven día con día. Por ello, cualquier acción, acuerdo o pacto, debe tener como parte fundamental, el componente social.
Enfrentar la crisis de violencia e impunidad que vive el país, requiere de un mecanismo, donde los políticos no sean los actores principales; donde los protagonistas sean los ciudadanos. Para que sea la sociedad civil la que conduzca el debate y la búsqueda de soluciones. Un acuerdo que nazca con la legitimidad de la calle y en el que la clase política acepte sumarse. La convocatoria debe de venir de la sociedad, no de los políticos.
La propuesta es conformar una Comisión de la Verdad y Justicia, compuesta por ciudadanas y ciudadanos, como lo han planteado diversas organizaciones y académicos. Los resultados de sus trabajos, podrían servir de base para que estos mismos actores convoquen a un gran Deliberación Nacional por la Reconstrucción Democrática.
El objetivo como su nombre lo dice, dialogar para obtener respuestas que nos permitan resolver lo sucedido en Iguala. Pero también, generar propuestas y recomendaciones concretas sobre lo que debe modificarse de raíz. Un diálogo que nos ayude a saber, como ha señalado la investigadora Mara Hernández:
“¿Qué pasó exactamente el 26 de septiembre y días sucesivos en Iguala, Guerrero? ¿Quiénes sabían sobre los actos criminales del presidente municipal José Luis Abarca previos a esta fecha? ¿Por qué no se tomaron medidas preventivas para investigar y sancionar estos actos? ¿Si se sabía que Abarca era un criminal, cómo llegó a ser candidato y luego alcalde? ¿Cómo se tejió la red de complicidad de Abarca con el poder político y con el crimen organizado? ¿Qué patrones de complicidad e impunidad se evidencian en este caso?”
De aquí podemos sacar evidencias concretas sobre fallas estructurales en Guerrero, pero también en todo México, para ofrecerle a las víctimas de esta tragedia y a la sociedad entera, garantías de no repetición de hechos tan terribles.
Por indignación y fastidio, la sociedad ha tomado la calle. Toca construir un espacio para que su voz derive en cambios fundamentales. Una Comisión de la Verdad y Justicia que genere insumos y convoque a una profunda deliberación nacional por la reconstrucción democrática.
De ello depende un nuevo comienzo para Guerrero.
De ello depende, un nuevo comienzo para el país entero.
Senador del PRD
