Entrevista Senador Armando Ríos Piter – decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la Consulta popular energética y detención de José Luis Abarca


·         Desafortunadamente lo que se desacredita es un derecho que en términos de democracia participativa es sumamente importante, especialmente frente al descrédito de la clase política y los partidos políticos, que es la consulta popular. 

·         Que no sea la Suprema Corte de Justicia pues un dique, un impedimento para que la participación de los ciudadanos sea posible a través de este instrumento que es sumamente importante para revitalizar la vida democrática en el país. 

·         Es una detención que habrá de ayudar mucho a resolver este desafortunado rompecabezas, en el cual pues se mantienen después de más de un mes 43 jóvenes desaparecidos. 

·         Esperamos que dé pistas, dé indicios, dé información suficiente sobre lo que aconteció no solamente el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, sino especialmente todo el entramado de complicidades, de omisiones, que posibilitaron la existencia de esta colusión entre autoridades y crimen organizado, pero sobre todo que nos dé pistas para encontrar a los 43 jóvenes que hoy están desaparecidos. 

·         Hoy Iguala es una evidencia del cáncer que corroe muchas partes de nuestro territorio nacional, de tal manera que una comisión de la verdad con participación de ciudadanos y ciudadanas, nos permita tener un puente de confianza con la ciudadanía, garantizar una revisión a fondo el tema, que no se quede la sensación de que la clase política solamente toma decisiones burocráticas. 

Pregunta: ¿Lo que hizo la Suprema Corte sobre la Consulta Popular?

Armando Ríos Piter: Bueno, es desafortunada desde muchos puntos de vista; primero se evita un derecho que está constitucionalmente avalado, se dan una serie de argumentos que nosotros desde el debate energético veníamos señalando como pues totalmente faltos de credibilidad, totalmente faltos de solidez y desafortunadamente lo que se desacredita es un derecho que en términos de democracia participativa es sumamente importante, especialmente frente al descrédito de la clase política y los partidos políticos, que es la consulta popular.

Seguiremos insistiendo primero que nada en que esos derechos constitucionales existan, sean presentes, sean válidos  y que no sea la Suprema Corte de Justicia pues un dique, un impedimento para que la participación de los ciudadanos sea posible a través de este instrumento que es sumamente importante para revitalizar la vida democrática en el país.

Pregunta: ¿Sobre la detención de José Luis Abarca, por fin, ya declaran?

ARP: Sin duda alguna positiva; es una detención que habrá de ayudar mucho a resolver este desafortunado rompecabezas, en el cual pues se mantienen después de más de un mes 43 jóvenes desaparecidos.

Esperamos que dé pistas, dé indicios, dé información suficiente sobre lo que aconteció no solamente el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, sino especialmente todo el entramado de complicidades, de omisiones, que posibilitaron la existencia de esta colusión entre autoridades y crimen organizado, pero sobre todo que nos dé pistas para encontrar a los 43 jóvenes que hoy están desaparecidos. Esa es la prioridad principal, ese esa la prioridad principal digamos, frente a esta detención y es lo que hay que exigir, que dé información que ayude a saber el paradero de los 43 jóvenes que hoy se encuentran desaparecidos.

Pregunta: ¿Cuál va a ser la sanción que debería tener el Ejército, dado que estuvo ahí y no hizo nada, según el informe de la Cámara de Diputados?

ARP: Hemos venido planteando la necesidad de una comisión de la verdad, primero que se resuelva  el asunto de los 43 jóvenes desaparecidos, que se auxilie a los padres, que se les dé seguimiento a los familiares, en todos los aspectos: en el aspecto jurídico, en el aspecto de resarcir el daño.

Pero una comisión de la verdad que vea de una manera mucho más amplia el problema de Iguala, Guerrero; Iguala, Guerrero es un municipio que representa a muchos cientos de municipios en el país, y me parece que una comisión de la verdad debería de saber por qué no participaron las autoridades que estaban ahí presentes, se trate del ejército, se trate alguna autoridad federal, estatal o municipal, cuáles fueron las redes de complicidad que permitieron que se dé esta colusión entre autoridades municipales y crimen organizado, y que esto nos permita tener un diagnóstico claro de cómo aprovechar el caso de Iguala para evitar futuras situaciones similares en otras partes, no solamente de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, sino del resto del país.

Hoy Iguala es una evidencia del cáncer que corroe muchas partes de nuestro territorio nacional, de tal manera que una comisión de la verdad con participación de ciudadanos y ciudadanas, nos permita tener un puente de confianza con la ciudadanía, garantizar una revisión a fondo el tema, que no se quede la sensación de que la clase política solamente toma decisiones burocráticas, que el miedo siga imperando en el país, y obviamente que si se trata de cualquier autoridad, sea del orden del que se trate, sea federal, estatal o municipal, pues que habrá castigos ejemplares, y que habrá señalamientos específicos para que esto no vuelva ocurrir.

Pregunta: Senador ¿qué opinión le merecen las investigaciones que han sido muy criticadas en México y en otras partes del mundo, cómo ve usted la actuación de la PGR en este caso tan preocupante?

ARP: A mí me parece que el caso de Iguala tiene primero que nada, resolver lo fundamental, dónde están los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, y a partir de eso hacer un diagnóstico del funcionamiento, no solamente de la Procuraduría General de la República, sino de la Procuraduría del Estado.

Repito, el caso de Iguala tiene que darnos luces de las omisiones, las fallas, las complicidades, las ausencias que pueda haber en términos de autoridades, y cómo esto permite y posibilita la actuación del crimen, que el miedo, el cobro de piso, el secuestro, la extorsión, los asesinatos, las fosas, hoy sean una característica en Guerrero, pues nos deja con la sensación de que es una característica en muchos territorios del país.

De tal manera que hay que diagnosticar en esa lógica, la actuación de la procuración de justicia y por eso una comisión con participación de ciudadanos, que avale la participación de la ciudadanía, es importante para no quedarnos solamente en un contexto burocrático, donde los políticos hagan un acuerdo, una agenda legislativa que termine no dando señales contundentes de solución definitiva sobre este tema de la violencia y la inseguridad a la ciudadanía mexicana.

Gracias.