En días pasados el secretario de Energía informó fuera de los canales institucionales la cancelación definitiva del proyecto que comprometía la construcción de la nueva refinería en Tula, Hidalgo, después de cinco años de su anuncio y 300 millones de dólares tirados a la basura.
Si bien es cierto que el proyecto de la refinería fue iniciativa de la anterior administración, el mismo Peña Nieto confirmó su ejecución, la cobijó como promesa de campaña, la maniobró como condicionante ante la aprobación de la Reforma Energética y ahora se desdice de ella.
Argumentos van y vienen para sostener que la construcción de una nueva refinería no era rentable; sin embargo, se tenía la prospección de un crecimiento económico en la región, la generación de nuevos empleos —alrededor de 100,000 en voz misma del ahora Secretario de Gobernación y entonces Gobernador del estado de Hidalgo— y, lo más importante, el pueblo hidalguense adquirió deuda millonaria para financiar la compra de terrenos en que se construiría la nueva refinería de Pemex.
Dicha decisión gubernamental adelanta el camino que la política energética nacional tomará después de la aprobación de la legislación secundaria en la materia, apremiando el desmantelamiento de Pemex y su capacidad de producción, abriendo el paso a los privados para dejar en sus manos lo que antes era considerada un área estratégica y actividad exclusiva de la nación.
La refinería en Hidalgo resultaba necesaria en función de la demanda interna de gasolina y petrolíferos, y del anhelo de reducir las importaciones de refinados provenientes principalmente de Estados Unidos, en aras de una soberanía energética. También se consideraba interesante en cuanto a expectativas, en razón de que durante 35 años el Estado mexicano no había asumido la responsabilidad de una obra de tal dimensión.
Aunque es lamentable la noticia la verdad es que no nos sorprende. El compromiso del gobierno peñista frente al pueblo de Hidalgo se veía diluido y la poca disposición para hablar del tema desde el gabinete nacional hacía presumible su cancelación. Lo que sí sorprende y requiere de una pronta explicación es que no existe información alguna sobre el estatus de los recursos públicos destinados a la construcción de la refinería, quién estuvo a cargo de su manejo y quién es el responsable por la pérdida de millones de dólares provenientes del erario público.
Ello nos hace preguntar ¿la cancelación de la refinería será la primera promesa incumplida en torno a la aprobación de la reforma energética? ¿Qué seguirá? ¿No bajarán los precios del gas y la luz eléctrica, que tanto anunciaron?
De ser así, el próximo año la sociedad podrá a través de la consulta popular dar marcha atrás a todos los cuentos que enfilaron para adornar la contrarreforma energética.
La consulta va y con ello la decisión de todos los mexicanos para frenar el despojo ejidal ante figuras como las servidumbres legales en claro detrimento de los campesinos y pueblos indígenas, entre otras grandes afectaciones permitidas gracias a la Reforma Energética.
