En la actualidad nuestro país enfrenta una grave crisis institucional y social, que se refleja precisamente en los estados con mayores índices de pobreza y falta de oportunidades, a los que aquejan en mayor medida las condiciones de inseguridad.
La discusión del salario mínimo no es solamente un tema de carácter económico, sino un tema de justicia social. Mientras la condición económica de las familias mexicanas no mejore, será muy complicado disminuir la violencia que impera en diversas regiones del país.
Conscientes de ello, esta semana que termina, en las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y Productividad, del Senado de la República se realizó el foro Salario, Productividad y Formalidad. La discusión de este tema, si bien ya lleva varios meses en la agenda nacional, pudiera parecer fuera de contexto ante el escenario por el que atraviesa nuestro país, en donde la violencia, manifestaciones e inconformidad social colman el ambiente.
Sin embargo, una de las razones por las que hoy nos encontramos ante una situación de alarma es precisamente el rezago que acarreamos en el tema salarial desde hace más de tres décadas. Apenas la semana pasada, la OIT dio a conocer datos muy reveladores respecto a la situación del ingreso de las personas en América Latina.
Según el organismo internacional, México es el tercer país con el salario más bajo en la región, sólo después de Bolivia y Nicaragua. En 30 años, el salario mínimo ha perdido más del 70% de su poder adquisitivo, dejándolo actualmente en más de 120% por debajo del ingreso de lo que requeriría un trabajador para subsistir.
En pocas palabras, un trabajador que percibe un salario mínimo en nuestro país, se coloca de inmediato por debajo de la línea de pobreza, mientras que en países como Uruguay, un ingreso mínimo lo coloca hasta 30% por encima de ésta.
El problema del salario mínimo es mucho más complejo de lo que nos puedan describir las estadísticas, puesto que se relaciona con otros fenómenos sociales como el desempleo o la calidad de vida. La escasez de oportunidades laborales para la población más joven y la precariedad del ingreso, sin duda propician un escenario de descomposición social en el que la delincuencia encuentra sus raíces.
Es muy importante que el ingreso de las familias deje de ser un indicador más de la política macroeconómica, una estrategia de contención de la inflación o un referente para la imposición de sanciones de índole administrativo. Hemos mantenido esa lógica durante décadas y, evidentemente, ha fallado.
El salario mínimo debe ser parte integral de la política social, honrando el mandato constitucional de garantizar a los trabajadores un ingreso digno, remunerador y suficiente para satisfacer las necesidades de las familias.
Tan urgente es que desde el legislativo atendamos el tema de la seguridad y la violencia como el del salario de los trabajadores, ya que de lo contrario no contribuiremos a abatir las causas que generan estos fenómenos.
Y es que así como el problema del salario es más complejo que determinar una base mínima para la subsistencia de un trabajador y su familia; la delincuencia es también multifactorial.
La prioridad en la agenda política de nuestro país debe ser la recuperación de la paz y la estabilidad de todos los mexicanos, pero no a través de más corporaciones de seguridad pública, sino a través de un sistema de protección social que garantice el cumplimiento de los derechos fundamentales.
La inseguridad y violencia sólo podrán erradicarse cuando haya justicia social, cuando cada mexicano cuente con las mismas oportunidades de educación, empleo, salud, vivienda e ingreso para su desarrollo.
Senadora de la República por el PRD @Ale_BarralesM
