Intervención en tribuna de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 6, la fracción XV del artículo 10 y la fracción I del artículo 19, y adicionar un inciso b) a la fracción V del artículo 5 y el artículo 23 bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de reinserción productiva y emprendimiento.
Lorena Cuéllar Cisneros, (LCC): Con su permiso señor Presidente.
Compañeras y Compañeros Senadores,
México, al igual que el resto del mundo, está inmerso en una revolución demográfica, derivada principalmente de un descenso generalizado de las tasas de fecundidad y una mejora en la salud.
Esto hace que nuestro país tienda hacia un irrefutable envejecimiento de la población.
De acuerdo con el INEGI, en México habitan 11.7 millones de adultos mayores, lo que representa casi la décima parte de la población total nacional.
Asimismo, la medición de pobreza del CONEVAL, señaló en 2012 que la población de 65 años o más en situación de pobreza fue de 4 millones de personas, casi la mitad, y la población en pobreza extrema representa el 10 por ciento del sector.
Es decir, una de cada dos personas en este rango de edad se enfrenta al flagelo de la pobreza.
De acuerdo con las estimaciones del mismo organismo, la población con edades de 65 años y más que vive en situación de pobreza alimentaria asciende a 939 mil personas, de las cuales no trabaja el 57.6 por cierto, y sólo el 19.5 por ciento de esta población está jubilada o recibe alguna pensión.
La Organización Internacional de Trabajo ha insistido en que la pobreza de las personas mayores, en un mundo que progresivamente envejece es un gran reto político, económico y social y es de crucial importancia introducir medidas para hacer frente al mismo.
Sabemos que en México la mayoría de las personas adultas mayores son marginadas de la vida laboral. Asimismo, las y los empresarios o empleadores que contratan a personas adultas mayores, tanto en el sector público como privado, lo hacen sin garantizar su acceso a la seguridad social, el pago de prestaciones de ley, y en muchos casos, sin tener en cuenta su género, edad, ni su experiencia laboral o profesional previa.
Esto se traduce en actos de discriminación, sea por negación del derecho al acceso al trabajo, o por permitirlo pero no en condiciones de igualdad con el resto de la población.
En suma, vivimos en una sociedad donde la desigualdad y la exclusión son mucho más marcadas en la senectud.
En ese sentido, el marco de derechos humanos aboga porque los Estados prioricen acciones en torno a las poblaciones en situaciones de mayor urgencia o necesidad.
La población adulta mayor encuentra obstáculos que le impiden ya sea la entrada al mercado laboral, la obtención de un empleo de calidad o el retiro digno de la vida laboral.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas emitió en 1995 la Observación General 6, enfocada a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas adultas mayores, en la cual establece como obligaciones generales de los Estados Parte proteger a las personas adultas mayores incluso en las situaciones de grave escasez de recursos, instrumentar políticas y programas relacionados con el envejecimiento de las personas, legislar en caso necesario, eliminar toda disposición discriminatoria y disponer los recursos económicos para emprender esas acciones.
El artículo 17 del Protocolo de San Salvador estipula que los Estados deben adoptar medidas concretas a favor de las personas adultas mayores, entre otras, ejecutar programas laborales específicos.
Desde 1991, la Asamblea General de la ONU trazó una ruta clara en las políticas a favor de las personas adultas mayores. Por medio de la resolución 46-91, se propone a los gobiernos adoptar los principios de dignidad, autorrealización, independencia, participación y cuidados, en el marco de los programas nacionales.
El principio de independencia, implica que dichas personas puedan tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras oportunidades de generar ingresos.
Con respecto al mismo tema, la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, de 2002, estipuló en el artículo 28, incisos b y e, los siguientes objetivos:
Permitir que las personas de edad continúen trabajando mientras deseen trabajar y puedan hacerlo;
Promover iniciativas de empleo independiente para las personas de edad, por ejemplo, alentando el desarrollo de pequeñas empresas y microempresas y garantizando el acceso al crédito a las personas de edad, en particular sin discriminación por razones de sexo;
Dado que no contamos con una política clara para respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de las personas adultas mayores en México, la situación es demasiado compleja en materia del derecho al trabajo y su reinserción productiva.
El modelo socioeconómico imperante promueve la jubilación anticipada, a efecto de resolver los problemas financieros de los sistemas de pensiones.
Sin embargo, en un contexto de encarecimiento de la vida, el único camino factible para las personas jubiladas es el de continuar trabajando y buscar un ingreso adicional. Pero el panorama es mucho más sombrío para quienes no cuentan con una pensión.
Los gobiernos han dejado de lado un asunto trascendental, crear alternativas para que las personas adultas mayores puedan seguir siendo parte de la vida productiva. Al no hacerlo, indebidamente se les ve como una carga social y familiar. Tienen que adoptar estrategias distintas de sobrevivencia para satisfacer sus necesidades más elementales de alimentación, vivienda y salud. Se vuelven más vulnerables al maltrato, la exclusión y la violencia.
Por ello han sido tan exitosas las pensiones no contributivas para las personas adultas mayores, que parten de una visión de derechos humanos.
Es importante aclarar en la presente iniciativa, que reivindicamos el derecho a una pensión alimentaria universal de todas las personas adultas mayores, que debe darse sin distinción ni condicionamiento de ninguna índole. Es una de las demandas históricas de la población adulta mayor.
Pero la reinserción productiva también constituye una de las demandas más sentidas de las personas adultas mayores.
Es imprescindible que en México se abran caminos para dicha reinserción laboral, que puede darse de manera individual y colectiva, e impactaría directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales.
No se trata solamente de obtener o mejorar ingresos. Generar actividades productivas implica activarse y ocuparse, ampliar las redes de apoyo, desarrollar habilidades sociales, integrarse a nuevas actividades, fomentar la autonomía, mejorar su autoimagen y tener mayor protagonismo a nivel familiar, replantearse el proyecto de vida. Además, representa un aspecto crucial para la autoestima y la confianza propia de la personas adultas mayores..
El reingreso a la vida productiva, se vincula directamente con un presente más digno y decoroso para las personas adultas mayores.
Ellas y ellos quieren seguir siendo productivos, la gran mayoría tienen entusiasmo y ganas de trabajar, porque el seguir activo o activa, representa mayores oportunidades de realización personal y desarrollo, que por ningún motivo deben verse canceladas cuando llega la tercera edad.
Las mujeres y los hombres adultos mayores tienen potencial emprendedor, tienen energía y una gran experiencia que aportar. Todas las entidades federativas cuentan con un potencial enorme de riqueza cultural, la producción de artesanías, la enseñanza de oficios, la conservación de tradiciones que se trasmiten de generación en generación.
Las personas adultas mayores son actores esenciales en estos procesos. Sólo hace falta el apoyo institucional que se ha visto demasiado limitado, y que sigue anclado a la visión asistencialista.
Cabe señalar que el emprendimiento es una alternativa viable, para lograr la reincorporación productiva siempre y cuando existe un compromiso auténtico de apoyo y acompañamiento desde el sector público.
Existen casos emblemáticos como el de Chile, con el Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Emprendedora del Adulto Mayor que ha sido exitoso, donde se ha demostrado que las capacidades de llevar adelante un negocio pueden desarrollarse en la etapa de adultez mayor.
En Colombia, existen los Fondos Regionales para impulsar emprendimientos de Adultos mayores. En Perú, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social cuenta con un programa de Micro emprendimientos para la población adulta mayor. Por mencionar solo algunos casos.
En México existen algunos apoyos, pero no una política estructurada y definida en dicho ámbito.
Actualmente el Servicio Nacional del Empleo tiene en su Portal de Internet un vínculo dirigido a personas adultas mayores, que se limita a ofrecer consejos e información para abrir un negocio.
El INAPAM desarrolla algunas actividades de adiestramiento en la producción de artículos para el autoconsumo y la ocupación del tiempo libre. También cuenta con Programas de Vinculación Laboral, por el cual se han firmado convenios algunos prestadores de servicios y empresas que desean incorporar a las personas de 60 y más años de edad.
La oferta institucional para adultos mayores se enfoca más en la administración de albergues, los clubes de la tercera edad, las alternativas de tipo educativo, cultural, el esparcimiento y la asistencia jurídica y psicológica, pero no se ha puesto énfasis en la vertiente productiva, es solamente lo único que se les ofrece a las personas adultas mayores.
Intervención del Presidente de la Mesa Directiva.
LCC: Si, si señor presidente.
Es por todo lo anterior que la presente iniciativa tiene como premisa que el Estado mexicano cuente con una premisa definida y clara que permita a las personas adultas mayores reincorporarse al ámbito productivo en condiciones dignas apropiadas a su edad y a sus condiciones sociales y de salud.
El objetivo general de la presente iniciativa es promover la reinserción a la vida productiva de las personas adultas mayores y garantizar el apoyo institucional a los emprendimientos de empresas sociales y formación de microempresas. De manera particular, se buscan los siguientes objetivos:
Establecer el derecho de las personas adultas mayores a recibir el apoyo del gobierno federal, de las entidades federativas y los municipios, para lograr una reincorporación a la vida productiva, mediante capacitación para el empleo y el autoempleo, asesoría y financiamiento para emprender empresas sociales o iniciar un negocio propio.
Establecer como obligación del Estado la garantía de las condiciones óptimas de trabajo y reinserción al empleo.
Vincular las políticas de protección social con los programas de reinserción productiva y laboral así como establecer programas especiales de educación y becas de capacitación para el trabajo, y de financiamiento a las empresas sociales y microempresas de personas adultas mayores.
Así como garantizar la inclusión de las personas adultas mayores en la política nacional de apoyo a las empresas que sean creadas por personas en situación de pobreza en el medio urbano del país.
En suma, se trata de un paso importante que define una estrategia de inferencia para generar las condiciones estructurales que permitan habilitar productivamente a nuestros adultos mayores, revalorando su papel en nuestra sociedad y, sobre todo, devolviéndoles su dignidad como personas.
Es cuanto, señor presidente.
