México vive días aciagos. La dilación en las investigaciones y en la presentación de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace más de tres semanas, hacen que las declaraciones del padre Alejandro Solalinde, basadas en versiones de testigos que aseguran haber presenciado el cobarde asesinato de los hasta hoy desaparecidos, cobran tintes dantescos.
La indignación que han despertado estos actos de barbarie ha rebasado nuestras fronteras y ha puesto en evidencia la profunda crisis de gobernabilidad y de ausencia de Estado por la que atraviesa el país.
Human Rights Watch ha señalado que México vive la peor crisis de Derechos Humanos desde 1968. El New York Times destaca que nuestro país se encuentra en una narcocrisis más grave de la que acepta el gobierno de Peña Nieto. Un importante número de organizaciones civiles y personalidades encabezadas por los obispos José Raúl Vera López y Alfonso Leija Salas, han calificado como un “crimen de Estado” estos hechos, en torno al cual “no debe descartarse que el baño de sangre y terror ensayado en Iguala, bajo la pantalla de un crimen cometido por policías corruptos y delincuentes comunes, persiga, entre otras cosas, tender un velo sobre la masacre perpetrada por el Ejercito mexicano en Tlatlaya, Estado de México, donde fueron ejecutadas 22 personas… El terrorismo de Estado nos ha colocado a todos y todas las mexicanas en una situación de indefensión y de vulnerabilidad total”.
Ante esta crisis no caben mayores dilaciones ni ambigüedades. Es necesario presentar resultados y deslindar responsabilidades. Presentar con vida a los muchachos secuestrados; identificar y castigar a los autores materiales e intelectuales de estos actos de terror, así como a las autoridades federales y locales que por su omisión o complicidad favorecieron esta situación así como la permanencia y posterior evasión del presidente municipal de Iguala y sus cómplices, y como he insistido, dar cuenta del nivel de penetración que los grupos delictivos han alcanzado en los distintos órdenes de gobierno y en la estructura partidaria del PRD y de los demás partidos, así como del eventual financiamiento que éstos hayan proporcionado a dirigentes o campañas políticas.
El PRD no puede seguir dando tumbos, como sucedió entre el día de los hechos y el 4 de octubre cuando predominó el silencio; proponiendo un canje en la salida de gobernadores de las entidades donde predomina la inseguridad; pidiendo perdón o proponiendo referéndums revocatorios. Por el contrario, el partido debe asumir que en Guerrero hay ingobernabilidad, la cual se acrecienta cada día que aparecen nuevas fosas y cadáveres; que el gobernador ya no es interlocutor con amplios sectores de la sociedad guerrerense, que el gobierno federal y las fuerzas armadas han ocupado el territorio del estado, al igual que en los estados limítrofes, y que el gobernador Ángel Aguirre debe separarse de inmediato del cargo para contribuir a crear un ambiente de distensión política que facilite las investigaciones y el deslinde de responsabilidades, manteniendo como prioridad la presentación con vida de los muchachos desaparecidos.
Senador de la República
