La vicecoordinadora del PRD en el Senado de la República, Dolores Padierna Luna, exigió que el gobernador y el procurador de Guerrero, así como las autoridades federales, actúen de manera coordinada para sacar a esa entidad del clima de violencia en el que está sumida.
Acompañada por dirigentes estatales de Guerreo y del secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, la senadora denunció el asesinato de Javier Evaristo Bautista, quien se perfilaba a ser el candidato perredista por la alcaldía de Azoyú y que fue asesinado el 17 de septiembre en Ometepec.
En conferencia de prensa, Padierna Luna exhortó a los tres niveles de gobierno a que esclarezcan este caso y el de los jóvenes desaparecidos en Iguala, que eran estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Sobre los estudiantes normalistas, “requerimos y demandamos que se investigue al alcalde de Iguala, Guerrero; no basta con que pida licencia por unos días, él es el responsable de la policía municipal, por eso debe rendir cuentas”, agregó.
Advirtió que la licencia de José Luis Abarca Velásquez, quien también fue señalado en 2013 por el asesinato de Arturo Sánchez Cardona, podría ser sólo una maniobra para quedar en la impunidad, porque ya le han informado que el ex alcalde huyó.
En ese sentido, el secretario General del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, informó que ya se inició el proceso para expulsar a Abarca Velázquez del partido y exigió que la desaparición de los jóvenes estudiantes debe ser resuelto caiga quien caiga.
Sobre a quién corresponde el esclarecimiento de estos casos, Padierna Luna dijo “no aceptamos que Peña Nieto se deslinde de su responsabilidad en Guerrero y mucho menos que se hagan a un lado; desde 2013 hemos solicitado al procurador de la República que atraiga estos casos porque no hay condiciones en el estado para la impartición de justicia”.
Destacó que según datos del INEGI, durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto los secuestros aumentaron un 24 por ciento y el estado de Guerrero es uno de los más afectados por este delito.
Acerca del caso Tlatlaya, la vicecoordinadora del PRD consideró preocupante que las autoridades ocultaran la información por tanto tiempo y sólo la dieran a conocer por presión de la opinión pública y afirmó que se debe sancionar a todos los militares involucrados.
En otro tema, la legisladora denunció que la selección y designación de los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales no fue transparente ni objetiva.
“Fue un proceso dominado por círculos cerrados y una élite de funcionarios electorales; prevaleció el viejo vicio del favoritismo. Esto representa una grave traición a la ciudadanía”, dijo y exigió que se reconsidere la “composición partidista a favor del PRI”.
