Han transcurrido siete meses desde que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la empresa Oceanografía SA (OSA) para recibir nuevos contratos por múltiples irregularidades en su relación de contratista de Pemex. Siete meses de distancia que la PGR inició la investigación a petición de Banamex y que el gobierno federal determinó la intervención del SAE en la compañía naviera con el objetivo de “salvar las fuentes de empleo” y poner a concurso mercantil a la contratista naviera consentida de los últimos sexenios.
Durante este lapso, en lugar de tener avances claros, tenemos retrocesos; en vez de transparencia en el manejo del SAE, nos encontramos con una profunda opacidad, con conflicto de intereses y con un juego de encubrimientos que nos obligan a pensar que estamos ante un caso de “fraude consentido” cuyas ramificaciones son extensas y no se limitan sólo a la empresa intervenida.
El SAE es la institución de gobierno encargada de administrar, enajenar o destruir directamente los bienes que le sean transferidos, o nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los mismos.
De acuerdo a la normatividad, la responsabilidad fiduciaria del SAE debe ser guiada por la transparencia más amplia posible de los bienes que administra.
En contra de eso, a la fecha desconocemos si el SAE ha realizado las tareas cruciales de información. Al menos, se deben conocer tres documentos: diagnóstico inicial; entrega-recepción; y rendición de cuentas. La comisión formada en el Senado para investigar el caso no ha sido informada.
El SAE tampoco ha entregado a la comisión investigadora del Senado los detalles cruciales de la valoración técnica, que debió hacer la institución para decidir el curso de acción de los bienes y de la cartera de Oceanografía.
Frente a esta opacidad tenemos claros indicios de conflicto de interés y de colusión en el proceso de intervención y de concurso mercantil de la empresa. El abogado de Amado Yáñez, accionista principal de Oceanografía, es Sergio Viveros Romero. Al mismo tiempo, Viveros Romero es abogado del SAE; en otras palabras, es juez y parte en la función de intervención. El gobierno no ha explicado este doble papel.
El SAE designó a Luis Alfonso Maza Urueta como administrador general de Oceanografía. Este personaje, con un sueldo mensual de 619 mil pesos, es nada más y nada menos que cuñado del exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, tío del actual presidente Enrique Peña Nieto.
Maza Urueta, además, es muy cercano al abogado general de Pemex, Marco Antonio de la Peña Sánchez, con quien trabajó en Banobras, bajo las órdenes de Tomás Ruiz González.
Además de su elevado sueldo para administrar una empresa claramente insolvente, Maza Urueta llevó a la administración de Oceanografía a los mismos interventores en el caso de la “quiebra falsa” de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Gustavo Enrique Bazúa y Alfonso Salvador Compeán Gallardo. Su sueldo es de 230 mil pesos mensuales.
¿Cómo se justifican estos ingresos salariales en una compañía con pasivos oficiales por 17 mil 823 millones de pesos, tres veces más que sus activos de seis mil 745 millones de pesos?
La PGR solicitó a las autoridades correspondientes la aprobación a concurso mercantil de Oceanografía. Se nombró para tal efecto al juez Felipe Consuelo, el mismo personaje encargado de la larga agonía deMexicana de Aviación.
Las decisiones del juez Consuelo parecen encaminadas, en ambos casos, Mexicana de Aviación y Oceanografía, a beneficiar al mismo grupo económico: a la familia de Miguel Alemán. Este grupo se favoreció al capturar el mercado que dejó la principal aerolínea del país a través de Interjet, y ahora está interesada en la adquisición de Oceanografía.
En otros espacios de la prensa, se han mencionado intentos de “compras hostiles” de Oceanografía, para beneficiar al grupo de Carlos Hank Rohn o a otros empresarios e inversionistas vinculados con el actual grupo de poder en la presidencia de la República.
¿Cómo se ha articulado la relación jurídica del SAE con el juez Felipe Consuelo Soto, quien además ordenó a la Secretaría de la Función Pública que libere a Oceanografía de las sanciones impuestas por 500 millones de pesos?
¿Cómo entender que el mismo juez haya autorizado a Banorte el cobro de 200 millones de pesos a Oceanografía y a recuperar el derecho a cobrar directamente de Pemex facturas a su favor cuando hay más de 149 acreedores esperando un trato semejante?
¿Cómo fue posible que el procurador Jesús Murillo Karam ordenara la venta de las acciones del equipo Gallos Blancos de Querétaro por 200 millones de pesos y destinara estos recursos al pago de pasivos del IMSS y del Infonavit? ¿Consintió el SAE esta operación?
La opacidad y las contradicciones que rodean el caso Oceanografía se extienden hasta el principal banco involucrado en el fraude.
El colapso de Oceanografía nos configura un ejemplo de cómo se utiliza a un contratista de Pemex para seguir afectando a nuestra principal empresa estatal. El 97 por ciento de los ingresos de esta empresa provienen de ventas procedentes de la prestación de servicios a Pemex.
¿A cuánto ha ascendido el daño patrimonial ocasionado a Pemex y a la nación con el caso de Oceanografía? El pasado 26 de julio, el director de PEP, Gustavo Hernández, manifestó que “la intervención que el gobierno hizo a Oceanografía generó un recorte de 3.0 por ciento (80 mil barriles diarios) a las expectativas de extracción para 2014”.
Twitter: @Dolores_PL
