Conferencia de prensa ofrecida por el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse a los hechos ocurrido en Tlatlaya, Estado de México.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
Agradezco la atención que han tenido a esta convocatoria un poco apresurada a la conferencia de prensa, pero me han solicitado diversos medios de comunicación, particularmente de la radio, hacerla a esta hora para que pudieran entrar en sus noticieros.
Y quiero hacer una declaración y un planteamiento muy puntual respecto los lamentables acontecimientos que se registraron en el municipio de Tlatlaya en el Estado de México, y del cual el día de hoy se da cuenta de la presentación de algunos de los elementos de las fuerzas armadas que fueron presentados y algunos puestos a disposición del Ministerio Público dentro del fuero militar.
Y quiero entonces hacer el siguiente pronunciamiento, reconociendo que representa un avance, sin lugar a dudas, el que no sólo se reconozca la comisión de un delito de esta naturaleza y que se presenten por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a los presuntos responsables de los hechos.
Pero hay muchas otras cosas que aclarar y precisar.
El día de hoy el comunicado difundido por los medios de comunicación, la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que este jueves fueron presentados 25 elementos del Ejército Mexicano, de los cuales ocho, siete soldados de tropa y un oficial fueron puesto a disposición del Juzgado Sexto Militar por su participación en los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, del cual resultaron 22 civiles muertos.
Los militares quedaron internos en la prisión adscrita a la Primera Región Militar, del Campo Militar 1-A , en espera de que la propia autoridad judicial militar sea la que defina su situación jurídica de acuerdo a la versión difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional.
La detención fue ordenada por la Procuraduría de Justicia Militar por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del Oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa.
La Secretaría de la Defensa Nacional aclara que dichas detenciones son independientemente de las investigaciones que realizan las autoridades civiles por los mismos acontecimientos.
Quiero declarar al respecto, que el Artículo 57 del Código de Justicia Militar, recientemente reformado y publicado por decreto el 13 de junio de este mismo año, define como delito contra la disciplina militar, entre otros, los del orden común o federal siempre y cuando no tengan la condición de civil el sujeto pasivo que reciente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien jurídico tutelado.
Y siempre que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivos del acto del mismo.
Es decir, que cuando militares en servicio, o motivo del mismo, comenten un delito del orden común, como lo es el homicidio, en el cual el sujeto pasivo, o sea la víctimas, tiene la condición de civil, el acto delictivo no puede ser procesado ni investigado por la justicia militar, sino que debe ser objeto de indagatoria por parte del Ministerio Público Civil y procesado en los Tribunales Penales del orden civil.
De la información adicional que hemos recibido, se nos ha señalado que la acusación que ha elaborado la Procuraduría Militar se refiere fundamentalmente a la alteración de la escena del crimen, no a la comisión de los homicidios.
Lo cual ya en sí va a implicar diversas responsabilidades de estos elementos y omisiones por parte de la autoridad militar.
Pongo un ejemplo, una vez ocurridos e identificados los hechos, la autoridad militar debió haber puesto la escena del crimen a disposición del Ministerio Público Civil, para deslindar la jurisdicción correspondiente a la que debería de hacer el proceso de investigación.
Y esto indudablemente es un hecho grave, porque no solamente la escena del crimen no se entregó al Ministerio Público Civil y se alteró, sino que estuvo sin resguardo alguno durante varias horas, según lo que ha registrado la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país.
Si ustedes revisan las fotografías que se ha hecho del dominio público, por supuesto hasta la estamos bajando de distintos portales, este es el momento en que se retira la patrulla militar de la bodega en el municipio de Tlatlaya.
Pero quiero la otra fotografía antes de pasar a estas, que son lamentables… en donde al momento de abandonar la patrulla militar el lugar, el lugar queda sin resguardo y sin haberse puesto a disposición del Ministerio Público.
Si empezamos a analizar el conjunto de fotografías que han dado a conocer distintos medios de comunicación, es evidente que la escena del crimen fue absolutamente alterada, como es el haberle sembrado armas a los cadáveres, porque ningún cadáver, es muy desagradable ver esto; vamos a ver cómo todos los cuerpos tienen balazos en el pecho y cómo las manchas de sangre aparecen justamente al fondo de las paredes de la bodega, no necesita ser un perito en la materia para ver este tipo de problemas y ver que se trató de una ejecución, sino vamos a encontrar también cómo los cuerpos fueron se movieron del lugar donde ser cometieron los homicidios y fueron sembradas las armas.
Ninguna persona que haya participado en una confrontación a tiros y haya sido ultimada puede mantener el rifle en esa posición una vez muerto, como lo podemos encontrar en todas y cada una de las fotografías que hasta ahora se han venido haciendo públicas, es el caso, éste quedó arriba del arma, en una posición de cristo en un rincón de la bodega, lo cual es absolutamente imposible, éste trae nada más el cargador, hay unas que son mucho más evidentes de la alteración de la escena del crimen.
La verdad es que no me gusta señalar, este es otro de los casos más evidentes de cómo se sembraron las armas y la situación de falta de resguardo y la alteración de la escena del crimen, son muy desagradables.
Por eso, yo creo que en primer lugar debe ser la autoridad civil quien realice esta investigación, por lo cual la Procuraduría Militar debe poner de inmediato a disposición del Ministerio Público Civil a los ocho militares detenidos, a los siete elementos de tropa y al oficial que fue presentado como responsable de estos hechos, pero al mismo tiempo, y esto lo quiero señalar, debe darse con toda precisión la información plena sobre la identidad de las víctimas y de las personas detenidas para no seguir ahondando en la especulación.
Debe de darse a conocer a qué organización criminal dicen que pertenecían, o si pertenecían a alguna organización política o a alguna organización social, o tenían vínculos con otro tipo de movimientos sociales.
Es muy poco clara la información dada respecto a las personas, el caso de la joven de 15 años, Érika Gómez González, se ha acreditado que era estudiante de la escuela Secundaria Técnica Industrial número 134, del municipio de Arcelia, en Guerrero, como también se ha venido identificando a otras de las personas que fallecieron en estos actos, como son los hermanos Marcos Salgado Burgos, de 20 años, y Juan José Salgado Burgos, de 18 años, del municipio de Arcelia, en el estado de Guerrero.
Debe de darse a conocer puntualmente la situación jurídica que guardan dos personas que supuestamente habían sido rescatados de sus secuestradores, conocidas hasta ahorita como Patricia y Cynthia, y que de víctimas pasaron a victimarias, porque primero dicen que fueron liberadas de su secuestro y hoy se encuentran recluidas en el Penal de alta seguridad, en Tepic, Nayarit, sin que se especifique cuál es la acusación o el delito que se les imputa, como debe darse a conocer la identidad de las demás personas, el caso de la señora González, ustedes la conocieron como Julia, es la mamá de Érika, está puesta en libertad, deben de conocerse las declaraciones que presentó al respecto.
Y finalmente insistiendo en la importancia de que debe de ser la autoridad civil quien deslinde las responsabilidades y quien lleve a cabo la investigación, porque de acuerdo, esto va a poner a prueba la Reforma al Fuero Militar, que aprobamos recientemente.
Y toda vez que el sujeto pasivo, es, son civiles y este homicidio fue cometido por elementos del ejército mexicano en servicio, debe ser atendido por la autoridad civil.
Esa es la declaración que nosotros, bueno en lo personal quiero hacer, quiero informar que no he recibido respuesta de la carta que hace ocho días le envié al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en continuación, continuidad a la pregunta que le formulé en su comparecencia aquí en el Senado de la República.
Pero ahora ante la detención de estas personas, su presentación ante el Ministerio Público, difusión de estas fotografías, estos datos de identidad, de identificación de algunas de las víctimas.
Es oportuno que la autoridad federal asuma plenamente su responsabilidad y que la Procuraduría General de República lleva a cabo las investigaciones e informé no solamente al Senado de la República si no la sociedad, sobre la evolución de las investigaciones y las implicaciones de estos hechos.
AER. Si hay alguna pregunta estoy aquí a sus órdenes.
P. Si, gracias senador, por lo que hemos oído en los medios usted está comentado, queda claro y todo apunta a que fue una ejecución.
Es decir, se mintió al principio que se dijo que había sido un enfrentamiento, no hay hojillas de bala que hayan salido de las propias personas muertas; es decir, no haya sido un enfrentamiento.
En Cámara de Diputados están analizando crear un grupo especial para este caso, no sé si en el Senado se esté planteado también algo similar para darle seguimiento y por último supongo que el Secretario de la Defensa también está considerado para comparecer dentro de la glosa, siempre lo hacen privado sido privado pero si viene evidentemente esté será un tema que se analicé con (inaudible).
AER. Estamos analizando la posibilidad de crear una comisión que haga el seguimiento de la investigación, que al menos pudiera entrevistarse con las dos mujeres detenidas en el penal de alta seguridad, para tener una información más apegada a la verdad.
Y sí, exigimos que toda la Procuraduría nos dé toda la información puntual antes de la comparecencia, será uno de los temas centrales más cuando al principio señalaron que se trataba de un grupo que había atentado contra elementos del ejército en días anteriores, que formaban parte de un grupo delictivo que estaban disputándose la plaza en el tráfico de drogas, pero que ahora por la identidad de algunos de los jóvenes, pues no se encuentras, ene l caso de Erika por ejemplo, y la mamá de Erika que ha sido puesta en libertad, pues indicios de que estuvieran ellas involucradas con la delincuencia organizada.
Yo por eso creo que es importante que se dé con toda claridad la información sobre la identidad de todas las víctimas.
Bueno, pues ésta es, va a estar buena la comparecencia del procurador.
Pregunta, (P): Senador, bueno, nada más preguntarle, ¿la actitud de la Secretaría de Defensa Nacional al consignar estos elementos a un juez militar cuando de acuerdo con las reformas se establecía que ya cuando en cualquier hecho donde estuviera involucrado algún civil, tendría que consignar el juez correspondiente, es un intento de encubrimiento por parte de las Fuerzas Armadas? Porque es muy ligero el espacio entre si es del orden del fuero militar o del fuero civil.
AER.: No, yo no creo que haya ninguna intención de encubrimiento, por el contrario, yo creo que es importante reconocer que es la primera ocasión donde la Secretaría de la Defensa Nacional rectifica una declaración que hizo primero de un enfrentamiento para establecer la eventual presunción de una ejecución extrajudicial y que esto sienta un precedente muy importante.
Yo creo que es importante este cambio de la posición de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero esperemos que sea la autoridad civil quien haga l investigación y las indagatorias para deslindar responsabilidades.
P: Del portal Yo Campesino de Radiorama. Sin embargo, hay responsabilidades, señor senador. Se violó el espacio de la investigación, se movieron los cuerpos.
¿A quién hay que imputarle esta responsabilidad? Se habla de autoridad militar y autoridad de civil, o autoridad del Ministerio Pública que (inaudible), ¿a quién tiene que imputársele y quién tiene que investigar esto si fue el secretario de la Defensa o, no sé, el Jefe de Zona?, ¿a quién hay que responsabilizar de esto?
AER: Yo creo que la ley es sumamente clara. En primer lugar, tratándose de un homicidio donde participan elementos de las Fuerzas Armadas y donde las víctimas son civiles, lo acabo de señalar en la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, corresponde al Ministerio Pública Federal. Tratándose en este caso, de también, de la presencia de armas de uso restringido, reservado al Ejército, compete a la autoridad Judicial Federal. El resguardo por lo tanto del inmueble debió haberse transferido de la Defensa Nacional a la Procuraduría General de la República, más, ante la presunción de que se trataba de gente vinculada con la delincuencia organizada, es decir, que cometió delitos de carácter federal.
Pero, aquí hay otra parte que hay que analizar, es la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado México, quien fue la primera en haber recibido información al respecto y que posteriormente de haber recibido a las personas rescatadas, dijeron en un primer momento, tanto a la mamá de Erika que conocimos como Julia, ahora la señora González, como de las señoras Patricia y Cynthia, quien posteriormente la Procuraduría del Estado de México presentó ante la Seido y la Procuraduría General de la República.
Yo creo que está claramente deslindada la competencia federal en este aspecto y corresponde a la Procuraduría hacer la investigación.
Muchas gracias.
