La opacidad, las contradicciones y el juego de encubrimiento que ha existido en el caso de la empresa Oceanografía obligan a pensar que se está ante un fraude consentido, señalaron los senadores del PRD, Dolores Padierna Luna y Mario Delgado Carrillo.
Durante la reunión de trabajo de la Comisión Especial para el Caso de Oceanografía con el titular del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, la vicecoordinadora del PRD afirmó que desde que la Función Pública inhabilitó a la empresa para recibir nuevos contratos, no se ha contado con información clara que permita conocer los avances de la investigación.
Padierna Luna señaló a Héctor Orozco Fernández que el SAE no ha entregado los detalles de la valoración técnica para decidir el curso de acción de los bienes y la cartera de Oceanografía para que se pueda entender las dimensiones del fraude cometido contra Banamex y sobre todo su impacto en Pemex.
“A la fecha esta comisión del Senado de la República desconoce la información crucial al menos de tres documentos fundamentales: el diagnóstico inicial de la empresa, el inventario de los bienes activos y la rendición de cuentas”, señaló.
En el proceso de intervención y concurso mercantil de la empresa, la legisladora destacó que existen claros indicios de conflicto de interés y de colusión, ya que el mismo abogado que representa al principal accionistas de Oceanografía es abogado del SAE.
“Es juez y parte en la función de intervención, ¿Cómo explica usted este doble papel del abogado de Amado Yáñez, principal responsable del fraude, y ahora contratado por usted?”, cuestionó.
Además dijo que el Juez asignado al caso ha actuado con evidente intención de beneficiar a los grupos económicos de la familia de Miguel Alemán y de Carlos Hank Rohn o a otros empresarios e inversionistas vinculados con el actual grupo de poder en la Presidencia de la República.
Asimismo, Dolores Padierna exigió saber a cuánto ascendió el daño patrimonial ocasionado a Pemex y a la nación con el caso de oceanografía.
Por su parte, el senador Mario Delgado Carrillo señaló que hasta ahora las acciones del SAE para administrar la empresa Oceanografía han sido bajo la lógica de proteger las fuentes de empleo, pues han dicho que éste es un conflicto entre particulares y no afecta al interés público.
Pero en caso de que Pemex esté entre la lista de acreedores de Oceanografía, la lógica con la que se ha actuado debe cambiar por existir una afectación al interés de la paraestatal y por ende al interés público, indicó el Legislador del PRD.
