Sería muy grave si se comprobara que la muerte de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, fue una ejecución realizada por militares y no resultado de un enfrentamiento contra una banda de la delincuencia organizada, como han difundido diversos medios de comunicación, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe avanzar en las indagatorias con celeridad y así contribuir a aclarar lo ocurrido, exigióla senadora Angélica de la Peña Gómez.
Dijo que la Procuraduría General de la República (PGR), como autoridad competente, debe informar con transparencia el progreso de la averiguación que sobre este caso también inició, de tal manera que se conozca la verdad y se sancione a los responsables.
Recordó que en abril pasado al aprobarse en el Senado reformas al Código de Justicia Militar, entre otros ordenamientos, advirtió que si bien se trataba de un gran paso para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia, persistían elementos que impedían a nuestro país hacerlo cabalmente.
«Lo dijimos y lo ratificamos hoy, no se puede ni se debe permitir que una institución del Estado tan relevante continúe deteriorándose, el Partido de la Revolución Democrática en el Senado insistirá en que los soldados y marinos que hoy realizan acciones de seguridad pública y combate al crimen organizado, regresen a los cuarteles.»
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos expresó que la Procuraduría de Justicia Militar debe colaborar con la PGR y la CNDH en el esclarecimiento de estos hechos, con estricto apego al debido proceso, para garantizar el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño.
La legisladora del PRD enfatizó que permitir que continúen las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, justificándolas como parte de una ofensiva efectiva contra la delincuencia y de la prevención del delito, no contribuirá a fortalecer un estado de derecho, al contrario, lo debilita.
Sin excepción alguna, los derechos humanos deben ser respetados escrupulosamente en nuestro país, especialmente por las instituciones del Estado y por sus funcionarios, porque la Constitución así lo mandata y la sociedad lo exige, concluyóla senadora Angélica de la Peña.
