VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA PRIMERA INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA PARA PRESENTAR VOTO PARTICULAR SOBRE LA DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; DE LOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS; DE LOS MIEMBROS INDEPENDIENTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO
Sen. Dolores Padierna Luna: …deben promover la cultura de defensa en promoción de los derechos ciudadanos.
La principal característica de los órganos autónomos es su carácter colégialo, la mayor riqueza está en su pluralidad de posiciones, no en la uniformidad, no en la unanimidad de posiciones; tampoco deben ser organizaciones a servicios de ningún de los poderes, ni del presidente de la República, ni del Congreso y mucho menos de los poderes fácticos para mala fortuna de nuestra insipiente democracia actores políticos dominantes, poderes fácticos e incluso las élites de algunas fuerzas partidistas despejen en la obscuridad los avances que en materia de organismos autónomos hemos conseguido y con ello vuelven letra muerta las legislaciones encaminadas a lograr la trasparencia, el acceso a la información, entre otros tópicos.
Los acuerdos cupulares y las instancias informales han suplantado en no pocas ocasiones a los organismos autónomos y al Congreso.
Con esta práctica han dado lugar al encubrimiento mutuo y a la captura política de muchas instituciones que deberían representar un contrapeso al poder, una piedra angular de nuestra democracia, han confundido la real politik con el cinismo de las cuotas y los cuates.
La ratificación de la designación de los órganos del sector energético es un claro ejemplo de esa captura política de organismos que en la ley deben gozar de autonomía, de profesionalismo e independencia. La uniformidad en sus trayectorias, formas de pensar y grupos políticos que los apadrinan es lo que prevalece en el perfil de cada uno de los propuestos.
Para cubrir las formas se recurre al Congreso, para validar decisiones previamente tomadas en acuerdos cupulares que mal esconden su afán de realizar negocios al amparo del poder público. Se anula la posibilidad del Legislativo de que fiscalice y controle las decisiones.
Con pocas excepciones, los perfiles presentados al Congreso responden a intereses políticos y económicos específicos y hacen evidente, una vez más, que el PRI y el PAN se reparten la mayor riqueza país.
Quizá el mejor ejemplo de la simbiosis: funcionario público-gerente privado, sea el secretario transexenal Luis Téllez, propuesto por el PAN, ya se ve que el dinero une lo que la sangre separa, para el comité del Fondo Mexicano del Petróleo. En este caso particular, hay además un claro conflicto de interés, dado que Luis Téllez es integrante del consejo de administración de Sempra Energy, empresa a la que el gobierno de Enrique Peña Nieto acaba de adjudicar el millonario proyecto Los Ramones.
Según informes de la Bolsa Mexicana de Valores, que el propio Luis Téllez dirige, el proyecto consta de varios tramos, el primero de los cuales se adjudicó a Gasoductos Chihuahua que tiene un 50% de capital accionario de Sempra-Energy y el otro 50% lo posee una subsidiaria de Pemex.
El principal problema es que la trayectoria de Luis Téllez como funcionario público es, para decir lo menos, cuestionable. Como integrante del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, participó en el diseño de varias de las políticas que resultaron más dañinas para el campo mexicano. Como secretario de Energía con Ernesto Zedillo, alentó la apertura del sector eléctrico sin un marco regulatorio claro. Como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Felipe Calderón no cumplió con alentar la convergencia, no licitó la tercera cadena de televisión y terminó inmerso en un escándalo de espionaje telefónico.
Como sabemos los titulares de Hacienda y de Energía, así como el gobernador del Banco de México integrarán el comité junto con cuatro consejeros independientes; en el caso del Fondo Mexicano del Petróleo, basta que con uno de ellos se allane a la política oficial para que la pretendida independencia del órgano al que nos referimos quede en entre dicho o peor para que el comité se convierta en un órgano dócil sometido a las decisiones del Ejecutivo con lo que su papel de contrapeso quedaría totalmente anulado.
Los candidatos presentados por el Ejecutivo federal comparten características comunes, forman parte o están vinculados a la tecnocracia dorada que en los años recientes agudizó la crisis del modelo petrolero, además, sus perfiles los vinculan a empresas y consorcio con intereses en el sector energético y no solo deberíamos de discutir si tales perfiles son los más convenientes en el contexto de esta reforma, sino incluso estar atentos a las violaciones a la ley que ustedes acaban de aprobar como es el artículo noveno de la Ley de Fondo Mexicano del Petróleo.
Tanto uniformaron los perfiles que los proponentes olvidaron el detalle de incluir a mujeres valiosas por ejemplo no a las ligadas a los intereses, pero sí a mujeres profesionistas de las instituciones públicas del país.
La tecnocracia masculina estará pues a cargo de una institución responsable del manejo de enormes recursos públicos y de decisiones que darán rumbo al principal sector primario del país.
En Pemex como sabemos el Consejo de Administración estará formado por cinco funcionarios federales y cinco consejeros denominados independientes quienes, si nos atenemos a las trayectorias de los propuestos podrían estar no al servicio de la nación, sino de las petroleras privadas; los consejeros que son a su vez funcionarios públicos jugarán dos papeles, representaran a las secretarias de Energía y de Hacienda que procurarán seguir los lineamientos de sus titulares y, por otra parte, habrán de velar por los intereses de Pemex y de la CFE lo que podrían provocar conflicto de interés.
Los artículos 30 de la Ley de Pemex y 29 de la Ley de la CFE establecen que los consejeros no deberían estar sujetos a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y que se les aplicará un régimen especial, se da, entonces, la paradoja de que son designados por el Ejecutivo de que como secretarios de Energía y de Hacienda son servidores públicos, pero tendrán un trato preferencial, son funcionarios públicos para cobrar y no para rendir cuentas de sus decisiones; con esta fórmula se sienta un precedente funesto que libera a los servidores públicos de rendir cuantas de sus actos.
Además, tanto Pemex como CFE se subdividirán en filiales y subsidiarias y cada filial y subsidiaria contará con su respectivo consejo y administración; los consejeros recibirán pagos de emolumentos enormes a valor de mercado con recursos públicos, pero no serán considerados servidores públicos; se le dota de facultades para crear las normas de su propio funcionamiento, lo llaman autonomía de gestión cuando se trata en realidad de usurpación de facultades que corresponden al Congreso de la Unión, muy en particular de la Cámara de Diputados en materia de fiscalización, auditoria y fijación de salarios.
Cuando la propia ley establece, dice la ley: “no serán responsables de sus actos u omisiones”, se abre la puerta a que la corrupción y la falta de transparencia que se han marcado a nuestras empresas públicas crezcan sin medida.
El gobierno corporativo de una empresa estatal, no gubernamental debe diseñarse para regularse las relaciones entre una sana administración y la dirección de la empresa, pero nuestro caso, el director de Pemex ni siquiera tiene derecho de voto y le impondrán a la empresa todas las decisiones.
En una empresa estatal, que no gubernamental, el Estado debe conducirse como administrador de los bienes de la Nación y su consejo emitir políticas generales que engrandezcan a la empresa y estén al margen de los intereses políticos nacionales o extranjeros.
Los perfiles de los consejeros independientes propuestos no garantizan el logro de estos grandes objetivos. Estamos frente a un modelo de centralización presidencialista y no de autonomía productiva. Esto contraviene cualquier noción de gobierno corporativo.
Los nombres que hoy se votarán por la Santa Alianza Energética PRI-PAN estarán sujetos a presiones políticas, a conflictos de interés y representarán un grave retroceso porque son accionistas, contratistas o deudores importantes de Pemex.
El modelo corporativo está pensado para el negocio de unos pocos y para beneficiar el interés privado, no para cuidar y administrar o acrecentar las ganancias y utilidades de la empresa pública que todavía ahora es productiva y que sin duda, perderá su productividad, su competitividad, su fortaleza, el tamaño alcanzado por Pemex a lo largo de décadas y de esfuerzos.
Los propuestos para el Consejo de Administración de Pemex tienen un perfil empresarial, que saben actuar para beneficiar a las empresas a las que sirven, entre ellos tenemos a un expresidente de la consultora, un exdirector de ICA, el de industrias Peñoles y quiero detenerme solamente
en el ex presidente de British Petroleum cuyo nombramiento viola abiertamente la ley, casos similares se repiten también en otros nombramientos, pero en el caso del ingeniero mecánico Octavio Francisco Pastrana Pastrana, ex presidente de British Petroleum de 1995 a 2007, presidente de la empresa Isolux de México de 2007 a la fecha y director, me están mocionando en el tiempo voy a respetar presidente y en una segunda oportunidad hablare de British Petroleum con mucho detalle.
Termino diciendo que los consejeros independientes de la Comisión Federal de Electricidad de los cuatro consejeros propuestos por el Ejecutivo federal, uno de ellos incumple claramente el requisito de no pertenecer a más de cuatro juntas directivas u órganos de administración, eso viola la fracción sexta del artículo 20 de la Ley de la CFE en el caso del economista Luis Fernando de la Calle Pardo que es miembro de cuatro organizaciones, además de su propia consultoría.
Es evidente que el PAN y el PRI se asignaron cuotas de los organismos cuyos consejos están por votarse el día de hoy, lo cual no hace sino corroborar el debilitamiento sistemático y el deterioro de la imagen de organismos e instituciones que deberían de ser salvaguarda de nuestra democracia; lo contrario es facilitar el camino a la lógica autoritaria y al nuevo centralismo político que define al actual grupo en el poder.
Pemex y CFE dejaron de ser empresas del Estado y se convirtieron en propiedad exclusiva de un duopolio político que gobierna desde que entró el neoliberalismo a nuestro país, les llaman pomposamente: “empresas productivas de Estado”, pero serán empresas desmanteladas justamente por el Estado.
