- La reforma energética implica un grave retroceso a una etapa anterior a la expropiación de 1938
Intervención en tribuna de la Senadora Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, durante la sesión de Congreso General de apertura de los trabajos del Tercer Año de la LXII Legislatura.
Dolores Padierna Luna (DPL). Ciudadanas y ciudadanos.
Senadoras y senadores.
Diputadas y Diputados.
Este día nosotros deberíamos celebrar la rendición de cuentas de un poder de la Unión frente a otro. No es así. Hoy es el día de la rendición del Poder Legislativo ante el Poder Ejecutivo.
Los rituales de la sumisión del Congreso ante el presidente de la República se han restaurado. La diferencia entre el viejo estilo del priismo y el de ahora es que ni siquiera se concreta el ejercicio republicano de la presencia del Ejecutivo federal ante la máxima tribuna del país.
En lugar de comparecer y dialogar ante el Congreso, el presidente de la República optó por el monólogo con interlocutores a modo y por el oropel de la pantalla televisiva donde Enrique Peña Nieto ni ve ni oye a sus críticos.
No habla más frente a la Nación, sino frente a sus aliados y aplaudidores automáticos en una celebración privada que revive los peores tiempos de las monarquías sexenales y anticipa el estilo personal de gobernar en los próximos cuatro años.
No es un asunto menor pretender sustituir la deliberación democrática por el autoelogio. Es preocupante que a los críticos, a los adversarios se les ignore públicamente y se les persiga en privado para cooptarlos. Una democracia se construye no sólo con mayorías y consensos maquillados. Se debilita para dar paso a una restauración autoritaria.
El grupo en el poder ha concluido su “ciclo reformador”, como ellos le llaman, al aprobarse en el Congreso de la Unión sus 11 reformas. Transformaron a un Poder Legislativo en una oficialía de partes. La ausencia del presidente este primero de septiembre confirma esta tendencia.
Ante las entrevistas en medios electrónicos, el presidente presume que su reforma energética fue la más discutida en la historia reciente. Miente cuando hablan de debate legislativo. En realidad, fue un diálogo de sordos por momentos exasperante. Fue una discusión silenciada por los medios masivos que ahora están inundados con spots y propaganda del autoelogio.
La reforma energética, como las otras, se hizo de espaldas a la población, sin consultarla. Por esta razón en todas las encuestas más del 60 por ciento de los mexicanos demandan una consulta popular en materia petrolera y no le creen a la promesa lejana en el tiempo de que, algún día, bajarán las tarifas de la luz y gas.
La mayoría de los mexicanos no creen en las reformas porque fueron excluidos de ellas. Porque ante cada palabra del gobierno y de sus propagandistas está el contraste de los hechos: una economía estancada, la corrupción galopante, una inseguridad creciente, una sensación de que retornamos a los días oscuros del díazordacismo, cuando hasta los activistas de derechos humanos eran acusados por el delito de “disolución social”.
¿Dónde están los empleos que crearía la reforma laboral? En el mismo lugar donde quedarán los supuestos beneficios de la contrarreforma energética: en el baúl de las promesas incumplidas.
La reforma educativa no es, en los hechos, un cambio para mejorar la educación, sino una operación para restaurar el poder presidencial y someter a una mafia sindical que se mantiene intocada.
No se han reformulado planes ni programas de estudio. Tampoco hay una iniciativa en marcha para transformar a fondo la cruda miseria de la infraestructura escolar.
¿De qué sirve presumir el regalo de miles de tabletas electrónicas y computadoras si la mayoría de las escuelas no cuentan con conexión a internet, ni siquiera con servicio de luz?
Una verdadera reforma educativa, centrada en los contenidos, en el fortalecimiento de la educación pública, en el respeto a la dignidad de las y los maestros y fundada en los preceptos de laicidad, de gratuidad y calidad, sigue siendo un gran pendiente para el país.
La reforma en materia de telecomunicaciones no sirvió para democratizar los medios ni combatir los monopolios. Por el contrario, legalizó el poder dominante de una televisora y el una empresa de telefonía, y reinstaló el control gubernamental sobre los contenidos en los medios públicos y privados.
Los derechos de las audiencias sólo fueron enunciados, la competencia sólo es una promesa cuando, en realidad, domina el monopolio de la opinión pública en las transmisiones electrónicas. Se vulneró la neutralidad y la autonomía de internet. Se atentó contra la autonomía del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones que fue creado tras la reforma constitucional.
El sistema de medios e instituciones públicas apunta a convertirse en una gran oficina de prensa del gobierno. Hasta una institución digna y con prestigio internacional, como el Fondo de Cultura Económica, ahora aparece como un set televisivo en la comparsa de elogios presidenciales.
El menosprecio a la cultura, a la promoción de la lectura es el signo de este gobierno. Parafraseando al novelista Carlos Fuentes, el gobierno de Enrique Peña Nieto puede tener el derecho a no leer las obras de algún escritor, pero no tiene derecho a gobernar desde la ignorancia y menos a convertir a las instituciones públicas en un largo infomercial.
En contra de la propia reforma política y de la reforma de telecomunicaciones, la presidencia invierte ahora muchos días y mucho dinero para convencer al país de las “bondades” de su ciclo reformador.
Mientras el 70 por ciento de las y los mexicanos reclaman mejorar el empleo, aumentar los salarios, combatir la corrupción y resolver la inseguridad, los spots presidenciales presumen que ya “movieron a México”. De paso, la aparición de Peña Nieto en los mensajes propagandísticos viola abiertamente el artículo 134 constitucional que prohíbe la promoción personalizada de los gobernantes.
“Mover a México” no es un avance. Es sólo un ardid publicitario. No todos los movimientos son hacia delante, también se retrocede. La reforma energética implica un grave retroceso a una etapa anterior a la expropiación de 1938.
Nunca nos opusimos a una reforma a fondo para rescatar y fortalecer a Pemex, para defender y maximizar nuestra renta petrolera, para proteger a las entidades de los abusos al medio ambiente, para colaborar con la iniciativa privada sin someter ni poner en riesgo nuestra soberanía.
La contrarreforma va en sentido exactamente inverso. Primero modificaron la Constitución para apropiarse no sólo de los hidrocarburos sino de todos los recursos naturales de los mexicanos.
Luego aprobaron una legislación secundaria que va en contra de los propios límites marcados en los artículos 28 y 27 de la Constitución. Permitieron las concesiones de nuestros hidrocarburos naturales, aunque las disfracen con los eufemismos de contratos. Contratos basados en la devolución de las inversiones, de los costos, de los gastos y hasta de las regalías a las petroleras privadas. Debilitaron a Pemex y a la CFE que ahora pasan de ser entidades públicas a ser anexos del negocio presidencial.
Mienten en su publicidad, mienten en las promesas intangibles de un futuro promisorio. Pero no mienten cuando muestran su talante autoritario. Así fue en todas las reformas que presumen ahora. La visión del Ejecutivo se impuso y los cambios menores sólo sirvieron para maquillar un consenso.
A partir de ahora, el desafío es frenar mayores tentaciones autoritarias. Los restauradores del viejo modelo han recentralizado el poder y el control del dinero público.
Avasallan en los estados de la federación con el pretexto de la inseguridad que su propia incapacidad ha generado o no han podido resolver. Socavan la autonomía de las instituciones públicas –como las encargadas de la transparencia, de la justicia o de las elecciones- que nos dieron la esperanza de hacer realidad la transición democrática.
Las facultades metaconstitucionales del poder presidencial ya no se limitan sólo a la vida interna del PRI, pretenden ejercerse al interior de todos los partidos, incluyendo su viejo aliado ideológico, el PAN, y fragmentando a las izquierdas.
Divide y vencerás, es un lema autoritario. Corrompe y controlarás, es la consigna de ahora.
El llamado “ciclo reformador” que hoy presumen concluir, en realidad, es la apertura de otro ciclo de resistencias y de mucha entereza de las y los ciudadanos. La patria es de todos, no sólo de un puñado de grandes intereses. La nación no es botín de nadie, es nuestro espacio de convivencia.
Por eso debemos defender la República, la democracia y la división de poderes. Por eso la batalla contra la corrupción es esencial. No es un asunto “cultural”. La corrupción es un problema de impunidad. Y la impunidad mata cualquier posibilidad de avance.
No debemos permitir que las tentaciones del despojo agraven la situación en el campo y en las comunidades indígenas.
Las y los mexicanos hemos sabido vencer los excesos de poder y de entreguismo de los gobiernos que han saqueado a la patria. México y sus trabajadores petroleros hicieron la hazaña hace más de 75 años. Millones ahora la replicarán en la consulta popular que revertirá esta contrarreforma energética. Y las izquierdas mexicanas en forma unificada, poniendo el interés nacional por delante acudiéremos a nuestra cita con la historia para evitar el mayor atraco a la nación.
En enero de 1940, en Tampico, don Jesús Silva Herzog, y con eso termino, abanderó el primer barco de lo que sería la flota petrolera mexicana, recién nacionalizada. Pronunció, entonces, un discurso aún vigente. Lo recordamos y lo hacemos nuestro:
Y aquí estamos, hay que repetirlo una y cien mil veces, de pie y dispuestos a continuar la lucha, seguros de que el triunfo será indiscutiblemente nuestro porque nosotros marchamos por la senda de un pueblo resuelto a mejorar sus condiciones de vida.
Nuestra senda está iluminada por tres luces deslumbrantes: la luz de la razón, la luz de la justicia y la luz de la verdad. Y por esa senda marcharemos a la conquista definitiva de nuestro porvenir como pueblo libre y fuerte.
