Pemex nunca ha sido una empresa cualquiera. Durante décadas fue el motor de la industrialización y de las finanzas públicas del país. Tras la reforma energética, intentan minimizarla para abandonar la visión de Estado frente a la industria petrolera.
Esta pretensión es distinta a la de otros países, que al abrir su industria petrolera utilizan a su empresa estatal no sólo como un instrumento de su política energética, sino como un factor que les da poder en sus negociaciones con petroleras internacionales.
Muchos de estos países utilizan a su empresa estatal para firmar los contratos con las petroleras privadas, logrando la limitación de responsabilidad. Más importante que esto, muchos países obligan a las petroleras internacionales a asociarse con su petrolera estatal en cualquier contrato petrolero, canalizando un flujo adicional de recursos al Estado mediante las utilidades que se derivan de esa participación y provocando una transferencia de tecnología en favor de su empresa estatal.
En ningún país se limita la participación a un tope de 20 por ciento de su empresa petrolera a la explotación de yacimientos transfronterizos, como aquí ha ocurrido en el caso de Pemex.
Quizá el caso paradigmático de lo que aquí se describe es Noruega. Antes de los sesenta, Noruega no contaba con una industria petrolera. Cuando en 1969 se descubrió Ekofisk, el primer gran yacimiento noruego, el Estado atinadamente captó el mensaje de que lo que convenía a sus intereses era la creación de una empresa estatal fuerte, Statoil, que con su propia tecnología fuera capaz no sólo de desarrollar sus campos, sino competir en la industria internacional.
Ante la falta de experiencia, los noruegos crearon un sistema de asociaciones en donde lo primordial no era la producción, sino la transferencia tecnológica. Por cada ingeniero de las trasnacionales, debía haber por lo menos dos de la empresa noruega. Fueron así recibiendo tecnología internacional y desarrollando una propia que los ha convertido en una de las principales petroleras del mundo.
Ahora, pueden negociar términos más ventajosos con las petroleras internacionales, pues si éstas exageran sus pretensiones siempre pueden acudir a Statoil para desarrollar sus yacimientos. Nada similar se deriva de la reforma energética en México.
Una cancha dispareja
Lejos de tratarla como la empresa del Estado más importante, la reforma define a Petróleos Mexicanos como una empresa más que competirá “en igualdad de condiciones” con los otros participantes de la industria. Esta igualdad de condiciones, sin embargo, es bastante cuestionable. A Pemex se le obliga a cumplir con obligaciones que sus competidores privados no tienen.
La nueva Ley de Petróleos Mexicanos pretende cumplir con lo dispuesto en el artículo vigésimo del «Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética», por lo que reformula el marco jurídico aplicable a Petróleos Mexicanos para hacerlo congruente con el de una empresa estatal de carácter productivo.
Dentro de los cambios propuestos en la nueva Ley de Petróleos Mexicanos destaca la forma en la que el Ejecutivo federal propone que se designen a los miembros del consejo de administración de Petróleos Mexicanos. No se convierte en una “empresa productiva del Estado”, sino en una compañía dependiente del Ejecutivo federal.
Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo vigésimo del decreto deben ser diez consejeros, de los cuales cinco son nombrados por el gobierno federal y cinco son consejeros independientes, así como la inclusión de nuevos comités que ayuden al consejo de administración en el desempeño de sus funciones. Según el Ejecutivo federal, los cambios planteados mejorarán los mecanismos de gobierno corporativo de Petróleos Mexicanos, de tal forma que ésta “tome sus decisiones de manera autónoma y con base en lógicas empresariales y de negocio, alejada de presiones políticas y coyunturales”, según se estableció en la exposición de motivos de la iniciativa. [1]
En los hechos, los cambios propuestos por el Ejecutivo federal no promueven la eficiencia en las prácticas de gobierno corporativo de Petróleos Mexicanos ni liberan a su consejo de administración de presiones políticas al momento de toma de decisiones, sino que únicamente centralizan la toma de decisiones en el Ejecutivo federal y fortalecen la potencial injerencia del presidente en la administración del día a día de Petróleos Mexicanos, lo que contraviene las recomendaciones internacionales en materia de gobierno corporativo.
Por si fuera poco, no se crearon mecanismos eficaces para frenar la corrupción que tanto daño le ha hecho a la empresa petrolera. Por el contrario, sostenemos que con este nuevo régimen de apertura discrecional hacia los contratos privados y las asociaciones con las empresas trasnacionales, la corrupción se potenciará.
[1] Exposición de motivos de la Ley de Petróleos Mexicanos, p. 12.
Twitter: @Dolores_PL
