¿Qué hacen las autoridades locales y federales?
La migración es inherente a la humanidad como lo es la necesidad de respirar. Todos tenemos el mismo origen; el proceso hacia la conformación de las etnias con toda su diversidad está debidamente documentado en la ciencia antropológica.
En los últimos tiempos se han acentuado las circunstancias que motivan a las personas a abandonar sus lugares de origen siempre en búsqueda de mejores condiciones de vida.
Nuestro continente no es la excepción, pues además de las condiciones económicas, observamos violencia social, inseguridad pública, inestabilidad política, así como la reunificación familiar. Todas razones para emigrar.
Sea por motivaciones históricas y económicas o sociales, se evidencia que los gobiernos no consideraron como prioridades la prevención ni la atención de la vulnerabilidad y los riesgos afrontados por quienes se ven envueltos en este fenómeno, el cual ha sido considerado como crisis humanitaria por la presencia de casi 60 mil niños centroamericanos y mexicanos que han cruzado irregularmente la frontera mexicana con Estados Unidos.
En 2009 se aprobaron las Normas para el Funcionamiento de Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) que concretaron las obligaciones legales inscritas en la Ley de Migración.
México, debemos recordar, no criminaliza la migración extranjera que entra en nuestro país. Los albergues o estaciones migratorias deben cumplir requerimientos que aseguren un enfoque de derechos que los extranjeros puedan estar en las mejores condiciones. No se restringe el libre tránsito por el país y debería existir en sus trayectos la mínima seguridad que merece cualquier persona.
La realidad de la ley y la norma frente a los hechos de las personas que migran es patética.
Las autoridades del INM siempre han estado cuestionadas; acusadas de corrupción, de cochupo con la delincuencia común y organizada de cada entidad por donde pasan los migrantes.
La gran impunidad está reseñada por las diversas organizaciones de la sociedad civil, de defensa de los derechos humanos, de quienes trabajan con penurias en los centros de atención y albergues quienes padecen todos los días amenazas de todo tipo.
Hace un año, el Instituto para la Seguridad y la Democracia presentó el único diagnóstico integral que se ha hecho del INM hasta el momento. En este estudio se analizan los procedimientos, así como las prácticas y se sugieren medidas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Señala que el INM se caracteriza por una opacidad institucional, contraria con su obligación legal de transparentar e informar sobre su desempeño; preocupan los indicios de una falta de estructura institucional sólida, y la evidencia de que se cometen violaciones a los derechos humanos de migrantes de manera sistemática.
Hechos y anécdotas van y vienen sobre violencia sexual contra niñas y mujeres, trata de personas con fines de diversa explotación, amenazas para vincularse a hechos delictivos, desaparición de personas. Preguntas recurrentes: ¿qué hacen las autoridades de cada entidad federativa para proteger a quienes palian las penurias de las personas que han debido desplazarse de sus hogares?, ¿qué hace la federación frente a los posibles delitos inscritos en la delincuencia organizada o el INM frente a sus obligaciones de ley?
Por eso es necesario que el titular del INM y la Secretaría de Gobernación informen al Senado sobre las acciones administrativas y penales instrumentadas para investigar y, en su caso, sancionar las denuncias de corrupción y extorsión presentadas contra diversos funcionarios del INM.
