El senador del PRD, Zoé Robledo, sostuvo que las leyes secundarias en materia energética carecen de compromiso social y una verdadera transformación que haga rendir la renta petrolera en beneficio de la población.
El secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera advirtió que en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo queda claro que la prioridad para el destino de los recursos provenientes de la industria petrolera es garantizar el pago de las inversiones de las empresas privadas y los ingresos del Gobierno federal.
“El Fondo confirmará que su concepción de beneficio social es exactamente igual a ‘mayor dinero para el Gobierno federal’”, dijo.
Además, afirmó que el Fondo Mexicano del Petróleo deja de lado experiencias internacionales como el fondo noruego o el brasileño y pierde la posibilidad de despetrolizar la economía al convertirse en una sucursal del Sistema de Administración Tributaria.
“El Gobierno federal continúa con la tendencia de financiar el gasto público mediante los ingresos petroleros y no tiene como prioridad generar un fondo de ahorro sustancial”, agregó.
El senador por Chiapas explicó que en las condiciones actuales el Fondo podría empezar a acumular recursos en el largo plazo siempre y cuando exista un crecimiento en la producción petrolera nacional, no obstante los recursos se utilizarán para suplir posibles caudas en los precios del crudo.
Por otro lado, no se están poniendo límites a la Secretaría de Hacienda para el uso discrecional de los recursos, pues si en el mejor de los escenarios, los recursos del Fondo rebasaran el 10 por ciento del PIB, los rendimientos del fondo serán transferidos al Presupuesto de Egresos de la Federación sin garantizar que se usen en beneficio de la sociedad.
Esto, dijo, provocará la permanente tentación del Gobierno federal de usar esos recursos como gasto corriente.
Finalmente, enumeró errores en el diseño de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo entre los que destacó la falta de transparencia, ya que no se le aplicarán las disposiciones que regulan los fideicomisos públicos, según lo establecido en el artículo 3 de la ley.
Asimismo, no se impide que los integrantes independientes del Comité Técnico sean familiares de accionistas, dueños, funcionarios de cualquier asignatario o contratista, permitiendo que haya conflictos de interés.
Tampoco, agregó Zoé Robledo, hay un componente ético para definir cuáles son las inversiones o en cuáles sectores y empresas se pueden hacer esas inversiones de recursos del Fondo.
