Intervención del Sen. Mario Delgado Carrillo, durante su participación en el Foro Internacional de Política de Drogas


Mario Delgado

Muchas gracias a Fernando Belaunzarán, el diputado que ha tenido esta iniciativa, a la Cámara de Diputados por apoyar la idea de realizar este foro. A todos los miembros organizadores del FAP y por supuesto a quienes me dieron una beca para hoy poder estar aquí.

En estos días se ha hablado mucho del fracaso de la guerra contra las drogas, del modelo prohibicionista. Dice Sergio González Rodríguez en un libro muy duro que se llama “Campo de Guerra” que el prestigio internacional de los narcotraficantes mexicanos es el emblema del fracaso de la guerra gubernamental contra el crimen. Y esto considera también el combate al narco como objetivo de guerra.

No quiero repetir los muchos argumentos que se han dado en esta mesa sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, sino decirles tres ideas que podemos impulsar desde el Senado de la República, desde el Congreso, tratando de que haya un modelo distinto de política de drogas en el país, a partir del respeto de los derechos humanos.

Primero, hemos presentado una iniciativa para legalizar el uso medicinal y terapéutico de la marihuana, del tetrahidrocanabinol, y es una reforma relativamente sencilla a la Ley General del Salud para clasificar dentro de esta ley, para cambiar el lugar en el que está clasificada esta sustancia, y pasarla dentro del grupo 3, que es el grupo de sustancias reguladas controladas, y esto permitiría que fuera legal desde la producción hasta la prescripción médica.

También se cambia el Código Penal para quitar la palabra prescripción. Actualmente está en el grupo 1, del artículo 245 de la Ley General de Salud, que le niega cualquier valor terapéutico o medicinal. Y la idea sería cambiarla al grupo 3 donde sí se reconoce algún tipo de valor terapéutico pero que queda como una sustancia controlada.

Esta iniciativa que presentamos a inicios de este año modifica las cantidades de dosis personales para consumo que se mantendrían tipificadas pero que no serían penalizadas. Ayer vimos estadísticas de la gran cantidad de detenidos que hay en el país: cómo las cárceles están llenas de consumidores de droga, de consumidores de marihuana y que tienen pequeñas cantidades, pero al superar la cantidad que actualmente está señalada en la tabla que es muy muy baja, pues incluso son juzgados como narcomenudistas.

Esto va también en el sentido de esta estrategia de reducción de riesgos y daños al proponer que haya 30 gramos de marihuana como cantidad para consumo personal, y tratar de evitar que haya tantas personas detenidas por simplemente traer cierta cantidad de marihuana.

Esta reforma incluye modificar, ya lo había dicho aquí, el Código Penal para eliminar la prescripción médica como parte de las acciones prohibidas en relación al uso de la marihuana. También que el control sanitario sea atribución concurrente y, por tanto, competencia de las entidades federativas. Actualmente sólo corresponde a la Federación y si las entidades federativas no tienen la posibilidad de tener un control sanitario, y tampoco que sea facultad concurrente el tema del cultivo, pues es muy difícil que una entidad federativa pueda armar una estrategia de regulación de drogas sin que pueda tener estas facultades.

En el caso, por ejemplo, de la iniciativa que se presentó en el Distrito Federal, estas dos modificaciones abrirían la puerta a resolver el famoso problema de la puerta de atrás. Si se logra regular desde la producción hasta la prescripción médica y que las autoridades locales sean competentes en el tema de control sanitario realmente lo que se está haciendo es dotar a las entidades federativas de instrumentos para poder armar una política de drogas distinta.

Esa es la iniciativa que se presentó en el Senado de la República, avalada por senadores del PRD, del PT e incluso un senador del PAN. Me parece que es una iniciativa que podría tener éxito en el corto plazo si el gobierno se atreve a empezar a experimentar algún tipo de regulación.

Prácticamente todos los países han empezado por el tema del uso medicinal y terapéutico, y creo que ahí hay una oportunidad para hacerlo. Esta iniciativa es exclusivamente sobre marihuana.

¿Qué otra cosa podríamos proponer desde el Senado de la República? Revisar los tratados y convenios y tratados internacionales en los que está México en esta materia. Como ustedes saben, y ya se ha dicho aquí, son la base del modelo prohibicionista. Si estas convenciones obligan a que penalices, a que criminalices algunas conductas. Y si revisamos, México no ha tenido una política de drogas diseñada en el país. Simplemente, lo que ha hecho es adoptar los compromisos que asume a nivel internacional y creo que no pueden ser un pretexto o un obstáculo para que México tenga una política de drogas acorde a la realidad que está viviendo nuestro país. Actualmente esos tratados son una barrera para que los países puedan construir una política local sin violar las obligaciones internacionales.

Hay varios instrumentos jurídicos para marcar diferencias respecto de estos tratados. Hay la posibilidad de hacer una denuncia, como en el caso de Bolivia, que se mencionaba aquí ayer o también está la posibilidad de suspender la participación de México en este tipo de convenciones. Y se podrían argumentar los propios tratados y convenios. Vienen en el 88 el artículo 30, 31, viene la posibilidad de hacer esta denuncia. O también siguiendo la Convención de Viena, también ahí señala caminos: ¿Cuál es la ruta jurídica para hacer este tipo de cuestiones?

¿Qué dice nuestra Constitución? Que es el Ejecutivo el que puede signar tratados y convenios internacionales pero también quien puede salirse de esos convenios, ambas situaciones con la aprobación del Senado de la República. Entonces, vamos a hacer en septiembre un exhorto al Ejecutivo en este sentido, a que se planteen cualquiera de las dos posibilidades: una, la suspensión; o la otra hacer una denuncia a partir de que cambiaron las circunstancias en nuestro país.

Y yo diría que hay dos cuestiones que cambiaron principalmente: primero, la reforma constitucional de 2011, con la finalidad de reconocer los derechos humanos, ya no como garantía sino como un derecho exigible por parte de los ciudadanos mexicanos, y derechos inherentes a la persona. La reforma constitucional en materia de derechos humanos ha sido un cambio fundamental en el orden jurídico mexicano, al reconocerse expresamente que debe darse la mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos. Ya no sólo se trata de garantías que otorga el Estado mexicano, sino de derechos inherentes a las personas, respecto de las cuales el Estado debe reconocer y garantizar.

Entonces, esta obligación que se tiene en la Constitución, estos derechos que garantiza la Constitución a los mexicanos pues no son compatibles con este tipo de convenios que lo que buscan es criminalizar y penalizar, y donde desde esos tratados no existen los derechos de los consumidores. Entonces, ahí hay una clara contradicción que además, en el orden de jerarquías que se establece en México, primero está la Constitución y después siguen los tratados internacionales. La máxima jerarquía en la Constitución son estos derechos. Entonces, ahí hay claramente una contradicción. Hay un cambio de circunstancias a partir de esta reforma.

La segunda es que en los resultados que hemos tenido en los últimos años hemos visto como en algunos lugares incluso el Estado mexicano ha perdido toda presencia o todo control. Y el esfuerzo que ha hecho todo el Estado en esta guerra pues lo está llevando a incluso su desaparición en algunas zonas. Por ahí se ha dicho que México es un estado fallido porque principalmente como resultado de seguir esta política de guerra contra las drogas.

Si México lo está haciendo a partir de lo que dicen estos convenios y tratados, y está en riesgo incluso la viabilidad del Estado mexicano, bueno, pues yo creo que es tiempo de que pensemos otra cosa y que no sigamos haciendo lo mismo donde está en riesgo nuestra propia supervivencia como país. Entonces, qué lógica tiene seguir dentro de esos tratados. Entonces, claramente hay un cambio de circunstancias que podrían dar lugar a una denuncia o a salirse simplemente de algunos de ellos.

Por supuesto que sabemos que tiene consecuencias internacionales importantes, pero a partir de lo que está ocurriendo en otros países, y principalmente en Estados Unidos, que fue el principal impulsor del actual modelo, pues se abre ahí una perspectiva interesante.

Y tercero, ¿qué más podemos hacer en el Senado? Bueno, evaluar esta política pública. Curiosamente es una de las principales prioridades para el gobierno, para la población. Está dentro del Plan Nacional de Desarrollo, los planes de Programa Nacional para el Control de Drogas, los planes y políticas de seguridad pública, y curiosamente no son evaluados. No hay una evaluación de resultados, si estos programas están teniendo éxito o no, si estas políticas están siendo eficaces o no, en las metas y resultados que se plantean. Y lo que tenemos simplemente son informes que se dan. Ayer decía el presidente Gaviria de cuánta droga incautada, de cuántos detenidos se han realizado, pero por otro lado tenemos un aumento en la violencia, un aumento en el consumo de drogas, y como que hay una desconexión entre lo que espera la ciudadanía en este tema y lo que informa el gobierno. Entonces, tendremos que ponernos de acuerdo de qué es lo que queremos evaluar, qué indicadores vamos a tener y si está siendo eficaz el gobierno con la política que tiene.

Nos costó muchos años en este país, por ejemplo, aprender que teníamos que evaluar los instrumentos para combatir la pobreza. Y tenemos al Coneval que es un organismo autónomo, independiente, que ha forjado, yo diría, una muy buena credibilidad, y también nos ha dado como resultados saber qué instrumentos de la política social están siendo eficaces para obtener determinados objetivos y cuáles no.

Entonces, en materia de seguridad pública yo me pregunto por qué esta enorme cantidad de recursos, programas y políticas no son evaluados. Casi siempre en el debate público, o cuando se le pregunta a la clase política sobre este tema, la respuesta es la misma: bueno, debatamos, vamos a debatir el tema de las drogas. Y llevamos varios años ya debatiendo, Víctor Hugo lo puede constatar aquí. Y creo que tenemos que dar un paso hacia adelante, y eso sería o puede empezar con que tengamos un organismo independiente, serio, autónomo, dedicado a evaluar todas las políticas de seguridad y de drogas, para que tuviéramos elementos mucho más efectivos de plantear en el debate algún cambio. Porque ahora lo que vemos es un debate un tanto inconexo, algunos resultados que se presentan. Por otro lado, informes del gobierno donde aparentemente, o según ellos en su versión están obteniendo éxito, pero no es lo que la ciudadanía está esperando de ello.

Entonces, tener un organismo que evalúe la política de seguridad, la política, el modelo que tenemos de política de drogas en nuestro país sería muy importante. En los últimos años, el presupuesto que más ha crecido es el de seguridad, sin embargo no tenemos evaluaciones en la materia.

Son esas tres cosas: uno, abrir la puerta a la regulación vía el uso medicinal y terapéutico, como lo han hecho otros países; el segundo, cuestionar la permanencia de México en los convenios internacionales en esta materia, en convenios y tratados en materia de drogas, porque han cambiado las circunstancias en México: hay una clara contradicción entre la prevalencia que marca la Constitución de respeto a los derechos humanos y lo que provoca la aplicación de estos convenios en nuestro país, y también de que se pone en duda la existencia misma del Estado si se mantiene eso; y tercero, pues evaluar desde el Congreso, es una de las tareas desde el Congreso: evaluar todos los recursos, planes y programas y políticas en esta materia, para tener elementos de información, objetivos, metas, indicadores para reorientar lo que estamos haciendo.

Es un debate que ya lleva varios años, hay muchos elementos en la discusión, pero no tienen por qué salirse de la evaluación pública estos recursos. Y me parece que con ello se abre la posibilidad de que el gobierno se atreva a iniciar un esquema de regulación, a cambiar lo que estamos haciendo; me parece que si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados, y podamos entrar de manera gradual y escalonada a un esquema de regulación, atrevernos a hacer algo distinto. Creo que la generación más grande de jóvenes que ha tenido nuestro país así nos lo reclama.

Muchísimas gracias.