Incidir en que cada uno de los Poderes de la Unión, sea Legislativo, Ejecutivo o Judicial, e incluso en las Fuerzas Armadas o cualquier orden de gobierno, sea municipal, estatal o federal, asuman la responsabilidad que les corresponde para contribuir a la desaparición de la tortura en México, señaló la senadora Angélica de la Peña.
Durante la inauguración del Foro Prevención, Investigación y Erradicación de la Tortura en México, que tiene lugar en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, la legisladora del PRD apuntó que los Estados parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes, como México, no pueden establecer un estado de excepción de los preceptos de este tratado.
Dijo que las dificultades que enfrenta el combate a la tortura tienen mucho que ver con formas arcaicas propias de un sistema inquisitorio que justifican la persecución de la justicia que, en los hechos, es un contrasentido por las violaciones a los derechos humanos.
Resaltó que la perpetuación de la tortura ocurre no solamente desde las instituciones sino también desde de otras formas culturales, y agregó que «tan sólo es cuestión de ver las carteleras cinematográficas para ver cuando menos una, dos o tres películas, en cuya trama es evidente prácticas de tortura»
«Es necesario tomar en consideración la armonización de nuestra legislación. Es importante configurar debidamente el tipo penal, esa es una discusión que tenemos que dar en nuestro Congresos para que vayan en congruencia como lo determina la Convención de Interamericana».
La también presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente puntualizó que el diseño de la política de prevención en esta en esta materia va de la mano con otros trabajos legislativos que se realizan en el Senado de la República, por ejemplo, la Ley de Ejecución Penal; el sistema de justicia integral en todo el país para adolescentes infractores o la revisión de la Ley Federal de Víctimas, entre otras.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado que indudablemente el Estado mexicano debe atender la recomendación del Relator Espacial de Naciones Unidas contra la Tortura, la cual señala que la prohibición absoluta de la tortura impone la obligación de investigar de forma inmediata, imparcial, de oficio e independiente las acciones de tortura y de llevar a cabo los procedimientos. todo ello acorde a la gravedad de esta práctica.
