Urge revisar legislación sobre funcionamiento de albergues y casas hogar: senador Barbosa Huerta


Miguel Barbosa
  • La forma en que operan estos centros de atención revela la incapacidad del Estado para atender a los grupos vulnerables

 El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, urgió a implementar políticas públicas a nivel federal y local para regularizar la situación de los albergues, y garantizar que estos sitios dejan ser un simple depósito de personas con un destino incierto.

Barbosa Huerta expuso que en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre, el Grupo Parlamentario del PRD incluirá en su agenda de trabajo la revisión integral de la legislación que regula la creación y
funcionamiento de las casa hogar, albergues y los llamados anexos.

“Resulta una prioridad la atención de las niñas, niños y jóvenes que habitan en estos lugares, pues la forma en que funcionan los centros de atención a infantes, adultos mayores, adictos y alcohólicos, revelan la incapacidad del Estado para atender a los grupos de mayor vulnerabilidad social”, señaló.

El operativo que en días pasados se realizó en la casa La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, desató la polémica en torno a las condiciones en que vivían centenares de menores, los posibles delitos que pudieron cometerse y el destino de su fundadora y directora Rosa del Carmen Verduzco, comentó.

Se trata de un caso que ha polarizado a sectores de la intelectualidad y a la clase política. Son hechos de claroscuros, donde la prioridad es la atención inmediata a las victimas, el deslinde de responsabilidades y el castigo, en caso de comprobarse como delitos, por parte de las autoridades.

Miguel Barbosa Huerta dijo que el caso de La Gran Familia constituye un expediente en el cual autoridades federales y locales tienen que actuar con toda responsabilidad y eficiencia, para garantizar los derechos de los menores que enfrentan esta situación.

Nadie sabe con exactitud cuántos albergues similares a éste existen en el país. La incertidumbre sobre el funcionamiento, condiciones y número de infantes atendidos resulta sumamente grave, más aún cuando el problema se amplia a las residencias de adultos mayores, adictos y alcohólicos, indicó.

Comentó que los esfuerzos que realizan instituciones como el DIF parecen insuficientes para detectar si existen irregularidades en estos sitios. Se requieren  políticas públicas que puedan regularizar la situación de los albergues, queremos que estos lugares dejen de ser un destino incierto para quienes los habitan.