En cinco maratónicas jornadas en el Senado mexicano, la alianza de derecha integrada por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) aprobaron un conjunto de reformas que permite la inversión privada en el sector de los energéticos, entrega las ganancias petroleras a inversionistas privados y condena a la desaparición a las dos principales industrias de este sector: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los partidos de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT) expusieron con argumentos técnicos, históricos y políticos los graves riesgos que implica esta reforma, para la convivencia democrática y las posibilidades de un estallido social derivado del malestar generado por el incremento en el precio de los combustibles y el encarecimiento de los productos de primera necesidad para el sustento de millones de familias.
Aunque todavía la Cámara de Diputados tendrá que revisar lo aprobado por el Senado, esta reforma puede considerarse un hecho consumado, con lo cual se habrá realizado el mayor cambio en la historia reciente de México, por los impactos que estas modificaciones tendrán en el desarrollo económico, la estabilidad laboral de cerca de medio millón de trabajadores de Pemex y de la CFE y la propia soberanía mexicana sobre sus recursos estratégicos.
Las compañías petroleras transnacionales serán dueñas del petróleo, a través de varias modalidades de contratos y de licencias. El desempleo aumentará, porque Pemex y CFE serán desplazadas por empresas extranjeras. Como ocurrió hasta inicios del siglo XX, campesinos e indígenas serán despojados de sus tierras para entregárselas a las grandes firmas internacionales . Fomentará la corrupción para beneficio de compañías foráneas, de funcionarios e incluso de algunos legisladores que promovieron estos cambios.
En suma, esta reforma representa un capítulo más en una larga lucha en donde las fuerzas nacionalistas y progresistas se enfrentan a las visiones que consideran que el sector de los energéticos debe estar en el dominio de empresas privadas. En 1938, el entonces presidente, Lázaro Cárdenas del Río, nacionalizó la industria petrolera, en ese tiempo en manos de empresas estadounidenses e inglesas, fundamentalmente.
En un contexto internacional complejo, mientras en Europa se cernía la amenaza de la Segunda Guerra Mundial alentada por el auge del nazismo, el fascismo y el comunismo, el Gobierno de Cárdenas decidió nacionalizar el petróleo y enfrentar las presiones internacionales derivadas de esta decisión.
El Gobierno cardenista se caracterizó por la realización de grandes reformas sociales como fueron un masivo reparto agrario, el respeto a la huelga de los trabajadores, una educación de inspiración socialista y el otorgamiento de asilo a los perseguidos políticos, principalmente a los exiliados de la República Española.
La expropiación petrolera de Cárdenas propició múltiples muestras de apoyo popular. Comunidades enteras entregaron su ganado, parejas sus anillos de bodas y obreros sus exiguos ahorros, para contribuir al pago que el Gobierno mexicano tenían que realizar a las empresas extranjeras como indemnización.
Ahora la reforma del presidente Peña Nieto no ha despertado ningún apoyo popular. Datos de encuestas oficiales y de las realizadas por empresas particulares, coinciden en señalar que más del 60% de la población rechaza estos cambios.
¿Qué sigue después de la reforma? Lo que sigue es la petición por parte de la izquierda y de organizaciones de la sociedad civil de la realización de una Consulta Popular para el próximo año, cuando se realizarán elecciones para elegir a la totalidad de los 500 diputados federales.
Esta forma de democracia directa constituye en camino real, legal y democrático, para que la izquierda trate de revertir la privatización de dos recursos claves para el desarrollo de cualquier nación.
Miguel Barbosa Huerta es coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de México.
