La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente sólo crea nueva burocracia y rompe con el diseño institucional sobre el cual se ha construido la legislación y todos los instrumentos del derecho en torno al medio ambiente, sostuvo el Senador Alejandro Encinas Rodríguez
Al presentar reserva al artículo 3 del dictamen que crea la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, el legislador por el Estado de México dijo que ésta es innecesaria porque la propuesta fue muy concreta: eliminarla.
Reiteró que dicha agencia invadirá facultades de otras dependencias y generará conflictos de interés y contradicciones entre las propias instituciones, tanto en materia de seguridad industrial como en materia ambiental.
“Estará invadiendo competencias que corresponden a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, Al instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la Comisión Nacional del Agua, entre otras dependencias; incluyendo atribuciones de carácter local y municipal vinculadas con el uso del suelo y ordenamientos de carácter territorial y ecológico”, explicó.
Lamentó que con esta visión no sólo no se consolida el sistema institucional y legislativo que en materia ambiental se ha construido en los últimos 40 años, sino que además rompe con el principio de integralidad y transversalidad en la aplicación de las políticas ambientales.
Al fundamentar reservas del PRD, Alejandro Encinas señaló deficiencias del dictamen por el que se expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Destacó, entre otros, el artículo 2 que crea la Agencia y los principios a partir de los cuales se regulará, pero no considera los principios fundamentales de la política ambiental.
“Es absurdo que los principios que se proponen para esta agencia sean solamente eficacia, eficiencia, honestidad, imparcialidad, objetividad, productividad. Cuando los objetivos deben ser, en primer lugar, de apego estricto a la ley, de legalidad, pero también que competa y atienda los derechos humanos que en materia ambiental hemos incorporado en la reforma constitucional”, señaló Encinas Rodríguez.
Y resaltó que llega al extremo de dotar a la agencia de atribuciones para aportar los elementos técnicos sobre seguridad industrial, seguridad preventiva y protección del medio ambiente, donde participará solamente con la Secretaría de energía y no tomará en cuenta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“Son muchos los temas técnicos, jurídicos y normativos donde se incurre en contradicción, pero quizá lo más grave no sólo radica en que la agencia va a emitir opiniones técnicas en términos de las leyes aplicables y sanciones del impacto ambiental, sino que lo más lamentable es que va esta agencia a incurrir, desde mi punto de vista, en conflictos de interés”, enfatizó.
