Intervención en tribuna del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del PRD, para fijar la posición del grupo respecto del dictamen por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera y Ley de Asociaciones Público Privadas.
Rabindranath Salazar Solorio (RSS). Muchas gracias presidente.
Primero agradecer a los asesores por los aplausos, porque legisladores no hay. De Acción Nacional hay cinco, del PRI hay 15.
En fin, vamos a seguir avanzando aún sin el quórum correspondiente, solamente quería dejarlo de manifiesto y nuevamente gracias a los asesores por sus aplausos.
16 me corrigen por aquí, 16 no quince, gracias compañero.
Señoras y señores senadores:
Llegamos a esta etapa de la discusión de la Reforma Energética, con profunda y absoluta inconformidad.
La izquierda de este país se siente ofendida, tal y como es el sentir de la gran mayoría de los mexicanos debido a la insensibilidad, a la falta de voluntad para siquiera establecer un método de discusión donde quienes nos oponemos a un despojo de magnitudes nunca antes vistas, pudiéramos establecer nuestra posición, argumentos y razones.
Confiábamos que los trabajos para la dictaminación de las Leyes Secundarias en materia energética en las Comisiones Unidas, se desarrollarían apegados a la legalidad que en todo momento debe regir el actuar de este Senado.
Las cosas no han cambiado y los tiempos de la aplanadora, del mayoriteo, los de la razón de la sinrazón, siguen más vigentes que nunca; lamentablemente depositar la confianza en el espíritu republicano y democrático en quienes no lo son, nos ha llevado a este momento histórico, en donde una vez más, el aroma de ese sistema político que repudiaron los estudiantes del 68 y la gran mayoría de los electores desde 1988, vuelve a atizar los pasillos, los escaños y las oficinas de un recinto legislativo.
Lamentable el procedimiento, la indiferencia con la que se trata a la oposición, lamentable ver también como los impulsores han empeñado el destino a la anécdota pues con la convalidación de este hecho, han dejado a un lado esos ideales de sus fundadores; que diferente hubiera actuado en su lugar un Gómez Morín o un Castillo Peraza, políticos congruentes con los que la izquierda mexicana caminó de la mano para lograr la democracia en México.
Una vez más somos los legisladores de la izquierda progresista los que hacemos nuestra la voz de las y los mexicanos que no aceptan la entrega de la industria petrolero-energética y de la soberanía que emana de ese valioso y tan deseado recurso para los extranjeros.
Ante ello, es preciso afirmarlo: nuestra soberanía energética se encuentra pendiendo de un hilo y entre dos posiciones totalmente opuestas, dos visiones de país, la del regreso al pasado y la de visión del futuro: la primera es la de sus impulsores que aprovechando una coyuntura y una crisis pretenden presentarnos a las y los mexicanos un Pemex y una Comisión Federal de Electricidad prácticamente en quiebra, dos empresas que nos bosquejan como lastre y de las que es urgente deshacerse ante su “incapacidad para desarrollar la tecnología que garantice su sustentabilidad”.
Ese discurso se diagnostica por sí mismo como bipolar cuando por otro lado, le ofrece al capital extranjero la posibilidad de abrir la legislación a conveniencia para que venga a disfrutar de un vasto banquete energético al que ningún mexicano o mexicana está invitado.
La segunda posición, es la de la izquierda; en ella afirmamos que coincidimos con la necesidad de llevar a cabo una gran y ambiciosa reforma energética nacional, pero que esta debía transitar por un cambio de paradigma y dejar de pensar que seguimos administrando la abundancia; una reforma para apartar a Pemex del presupuesto a fin generar verdaderos ahorros y obligar a adelgazar la excesiva burocracia federal; una reforma para fortalecer a la industria con reinversión, con la consolidación de cadenas de valor y de la que todo mexicano se sienta pleno e identificado.
Esta es, en blanco y negro la diferencia entre dos visiones: la de quienes ven la Reforma Energética como negocio redondo y la de quienes la vemos como necesidad para fortalecer a la industria pero a partir de otro tipo de modificaciones normativas y estructurales.
A pesar de ese nivel de antagonismo, las y los Senadores del Partido de la Revolución Democrática planteamos la posibilidad de encontrar un espacio común: si nadie dudaba de la necesidad de llevar a cabo una Reforma Energética, habría que establecer las reformas que la detonaran, por ello presentamos un paquete de iniciativas que podían lograrlo sin necesidad de modificar los principios rectores de la soberanía energética plasmados en la Carta Magna.
Lamentablemente con la reforma constitucional publicada el pasado 20 de diciembre, se perdió la posibilidad de sentar las bases para que se diera una auténtica reforma energética, mediante la modificación de los artículos 25, 27 y 28 además de una seguidilla de artículos transitorios, se obsequió el futuro y la soberanía energética al mejor postor y de paso, se firmó con anticipación el acta de defunción de Pemex y CFE con un esquema que las reduce a su mínima expresión para al final, proceder a su inminente liquidación.
El contenido de los cuatro Dictámenes que han derivado en este Periodo Extraordinario lo confirman.
Así, llegamos al día de hoy, no sin antes transitar por el trámite, más no por la discusión del Dictamen en Comisiones y por ende, el sinuoso camino de la violación al Reglamento como consecuencia de la falta de miras y de visión que fulminó de un solo golpe la posibilidad de debatir y proponer para presentarles hoy, un Dictamen “decoroso”.
Tanta cerrazón hubo que en su momento planteamos que el debate fuera transmitido en las principales cadenas nacionales, sin embargo también hicieron oídos sordos.
Este Dictamen es el primero de cuatro en donde se pretende elevar a rango de norma jurídica el despojo de la industria petrolero-energética nacional, sus deficientes contenidos, aunado a la carencia de definiciones, poco claros procedimientos y un evidente afán por evitar llamar a las cosas por su nombre son apenas algunas de las principales características de éste.
Evidentemente en esta etapa de la discusión ya quedaron en el olvido los grandes anuncios que publicitaban su reforma como un verdadero “producto milagro”, de esos que resuelven todos los males presentes y futuros pero de los que al paso del tiempo nadie se hace responsable de sus fallas, así será esta reforma materializada en estos proyectos que distan mucho de ser lo que México necesita.
La Ley de Hidrocarburos que se propone, es deficiente desde el origen mismo de los entes a los que pretende regular; establece que Petróleos Mexicanos será una Empresa Productiva del Estado sin definir en su contenido si pertenece a la categoría de los Centralizados o Descentralizados; un verdadero enredo jurídico pues por un lado su cambio de personalidad jurídica deja en la incertidumbre lo mismo contratos que arrendamientos, servicios y demás compromisos financieros adquiridos con anterioridad a su conversión y que se encuentran en curso, por el otro, la Constitución obliga a su transformación jurídica de paraestatal a EPE, sin embargo en otros enunciados, particularmente en los Transitorios de este y de otras normas que más adelante discutiremos, se menciona que “conservará su personalidad jurídica”.
De esta situación, el gran perdedor de la reforma, el primer caído víctima de este Dictamen será el trabajador de Pemex que como consecuencia de varias situaciones establecidas en esta Ley, podrá perder su trabajo.
Simplemente, imaginemos a ese ingeniero que día con día a lo largo de sus últimos veinte años acude de manera puntual a su centro de trabajo y le ha dejado a su empresa los mejores años de su vida, al tiempo que ha desarrollado toda una expertiz que ni el más capacitado en las aulas podría contar; sin embargo con la transformación de Pemex a EPE, su participación en la Ronda Cero y la transformación jurídica de la misma, de un solo golpe será liquidado como consecuencia de una “renovación de la plantilla laboral” pues no olvidemos que aunque el 31% del total de la plantilla laboral de Pemex ronda entre los 45 y los 50 años, la edad prospectiva del mexicano es de 80; con la Reforma Energética del Gobierno vamos a desperdiciar 30 años de ese experto en Hidrocarburos a cambio de absolutamente nada.
El ejido, la comuna, la propiedad privada, así como las zonas ecológicas y arqueológicas son la siguiente víctima de esta reforma, debido a que la Ley de Hidrocarburos es proteccionista pero con los intereses explotadores y no con la protección del derecho a la propiedad, al entorno ecológico y al patrimonio arqueológico de nuestro país; al aprobarse esta ley, se permitirán situaciones como las que ya se padece, como la suscitada en el año 2009 con el proyecto Aceite Terciario del Golfo, en el sitio arqueológico Vista Hermosa en el municipio de Papantla, Veracruz o las diversas denuncias que el INAH ha recibido por afectaciones al patrimonio arqueológico como de Veracruz, donde la compañía de trasporte y construcción Trasecol, S.A. de C.V. con actividades vinculadas a Pemex, utilizó el sitio arqueológico como banco de material. Con una regulación tan laxa, no nos extrañe que en un futuro cercano las trasnacionales utilicen de campo de exploración o como bodega, sitios como Teotihuacán.
Una auténtica chicaneada legislativa es de quienes propusieron el cambio del término en el Dictamen de “expropiaciones” por el de “Ocupación Temporal”.
La ocupación temporal para efectos de explotación de un hidrocarburo, es prácticamente una expropiación; sirva de ejemplo el hecho de que un individuo se vea privado por un tiempo de usar su propiedad bajo estas características, reciba una renta pero al finalizar la actividad de la empresa, le devuelvan su terreno, en el papel suena ventajoso sin embargo, nada se menciona cuando la actividad desarrollada es la fractura hidráulica, en la que se ocupan sustancias químicas que dañan la salud y que como se ha demostrado, contaminan los mantos acuíferos y dejan la zona, prácticamente inhabitable, las tierras inertes y las aguas, con alta cantidad de toxicidad.
Imaginemos ahora que la actividad de explotación puede durar hasta treinta años, sumado al periodo de desmantelamiento y de descontaminación del terreno o incluso de restitución mediante la recarga del manto freático el cuál puede llegar a tardar hasta 25 años; ¿de verdad creen que después de 50 o 60 años, al dueño de un terreno al que le van a devolver un lugar inhabitable para el ser humano le conviene esta genialidad?
Ahora bien, en su apartado, “De la Transparencia y Combate a la Corrupción”, consideramos que no contienen previsiones suficientes que garanticen la trasparencia mínima para evitar actos de corrupción, por ello, se propone que se introduzcan en el texto de la Ley, los mecanismos que permitan controlar que la ejecución de los contratos y asignaciones cumplan con las metas tanto técnicas como económicas a entera satisfacción del Estado Mexicano.
Es evidente la pretensión de reducir a Pemex a su mínima expresión cuando se le coloca en desventaja para competir con los nuevos participantes, puesto que las asignaciones que reciba le pueden ser arrebatadas sin un debido proceso; la Comisión Nacional de Hidrocarburos le impondrá socios en caso de buscar alianzas; la Secretaría de Hacienda seguirá teniendo un peso decisorio en la definición de su presupuesto; cualquier aligeramiento fiscal estará supeditado al mínimo de 4.7 % del PIB de ingresos fiscales para el Estado; se le podrá obligar a hacer tareas tan poco rentables que ningún otro operador quiera hacer, así como a entregar su información geológica y geofísica, interpretada, con lo cual perderá toda ventaja, años de investigación por parte de sus expertos mexicanos y prácticamente se situará en una posición de desventaja competitiva.
Con el inicio de la entrega del sector energético al privado a partir de la “ronda cero”, Pemex ya perdió casi el 60% de las áreas exploratorias, 69% de los recursos prospectivos; 85% del recurso prospectivo en Lutitas; 71% del recurso prospectivo en Aguas Profundas; 41% del recurso prospectivo en Aguas Someras y el 17% del recurso prospectivo en Áreas Terrestres; es decir, de un solo golpe dejará de explorar en más de 200,000 km2 del territorio nacional. Este proceso discrecional no es debidamente regulado ni trasparentado y deja a Pemex a la buena voluntad de la Secretaría de Energía.
Señoras y señores senadores:
El análisis y contenido del Dictamen que se nos presentan, nos deja con graves preocupaciones como consecuencia de omisiones, falta de claridad, ausencia de temas que se afirmó apenas en diciembre pasado no eran contenidos en la reforma constitucional pues serían materia de la legislación secundaria.
Por lo anterior, quiero preguntar a sus promoventes e impulsores, lo que el pueblo mexicano quiere conocer desde la presentación de la Reforma Energética, cuestionamientos que van desde: ¿Cuándo bajaran los precios del gas, gasolina, y energía eléctrica? ¿En qué áreas se crearan los 500 mil empleos prometidos? ¿Y Cuál será el cronograma de esos supuestos beneficios? o ¿Si han considerado las afectaciones que abra al medio ambiente, preguntaría yo a los compañeros del Verde Ecologista, con la perforación hidráulica o fracking?
Pero principalmente ¿Cómo se asegurara que las utilidades respecto a la apertura del sector de hidrocarburos y energía no se canalizarán a la expansión de la burocracia, pero que si se reflejaran en beneficio del Pueblo mexicano?
Espero que alguno de sus impulsores tenga los argumentos para poder responderle a la sociedad mexicana, mediante el debate abierto en la presente legislación.
Finalmente y creo que cobra una especial vigencia una frase del libertador Simón Bolívar cuando durante la instalación de su congreso decía:
¿No dice el espíritu de las Leyes que éstas deben ser propias para el pueblo que se hacen? ¿Qué es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otra? Que las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos; referirse al grado de libertad que la constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a su costumbres, a sus modales? ¡He aquí el Código que debíamos consultar, y no el de Washington!
Gracias.
