Leyes secundarias en materia energética no garantizan la disminución del precio de la gasolina


Benjamín Robles

El senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, señaló que una de las principales mentiras de quienes impulsan las leyes secundarias en materia energética es que los precios de los combustibles disminuirán y los gasolinazos cesarán.

Destacó que el nivel de explotación del petróleo se ha acelerado y “hemos entrado a la parte de la extinción de este recurso a nivel mundial y cada vez hay menos petróleo y cada vez se vuelva más costoso y difícil extraerlo, cada vez menos petróleo y cada vez más costoso”.

Al presentar su voto particular en contra del dictamen por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera y Ley de Asociaciones Público Privadas, Robles Montoya sostuvo que los grandes yacimientos que constituyen el 80% de la producción mundial han venido en decremento.

Mencionó que en México en 2004 se producían 3.5 millones de barriles diarios, pero el día de hoy la producción es menor a los 2.5 millones, y advirtió que éste es el argumento que se utiliza a conveniencia para defender sus afanes privatizadores que dicen que como ya no se produce como antes, hay que ceder la producción a los particulares.

En ese sentido, explicó que la Secretaría de Hacienda aplica el gasolinazo con el objeto de equilibrar el valor de venta en el mercado interno con el mercado externo.

El Legislador por Oaxaca agregó que “la implementación de las leyes secundarias no garantiza la disminución del precio de la gasolina, sino todo lo contrario, los precios se van a supeditar a las leyes de la oferta y la demanda donde lo que impera es el interés de las empresas privadas por incrementar sus ganancias”.

Explicó que si las condiciones del mercado obligan a las empresas a subir sus precios o parar la producción, lo harán y el resultado será la fluctuación de los precios.

Finalmente, señaló que la Ley de Hidrocarburos propone que a partir de 2015 y hasta 2017 el precio máximo de gasolina para el público lo decidirá el Ejecutivo mediante un acuerdo, a la discrecionalidad del Gobierno.