Sugieren nuevo paradigma de aprovechamiento de recursos energéticos


Senadores PRD
  • Coinciden especialistas y senadores del PRD que la consulta popular podrá revocar la reforma en materia energética

En el marco de la discusión de las leyes secundarias de la Reforma Energética, Senadores del PRD e investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM coincidieron en que el aprovechamiento de los recursos energéticos requiere de un nuevo paradigma.

La vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna Luna, advirtió que la legislación secundaria en materia energética tiene vicios de constitucionalidad “hechos a modo para un grupo muy pequeño con facultades muy discrecionales” y reconoció que aunque el debate en la materia se ha desarrollado en condiciones adversas, las aportaciones de los especialistas serán insumos útiles en la discusión.

Recordó que contamos con un nuevo derecho para ser consultados sobre asuntos de trascendencia nacional e invitó a la ciudadanía a participar y estar pendientes de las discusiones donde puntualizarán todos los efectos negativos de la Reforma Energética.

“Esto no se acaba hasta el 2015 en que la población mexicana pueda decidir otra cosa como lo marca la Constitución”, dijo.

Durante la mesa de debate nacional Análisis Jurídico y Económico de la Legislación Secundaria en Materia Energética, el embajador Jorge Eduardo Navarrete se dijo convencido de que se pueda llevar a cabo una consulta popular para revocar la reforma del 20 de diciembre y mencionó que el sector de los hidrocarburos en México requiere un nuevo paradigma.

Dijo que entre los elementos clave de ese paradigma está corregir el sesgo exportador impuesto a la industria petrolera mexicana para que los recursos nacionales sean el elemento central del desarrollo del país, la diversificación de su economía y la consolidación de su desarrollo industrial.

Además, sostuvo que “el gran ausente del actual debate que ha tenido muchas limitaciones y algunos vicios es la cuestión de la Ronda Cero, que será de la que depende el fututo de Pemex como empresa petrolera y se le ha manejado como un mero trámite administrativo”.

Por ello, propuso que se incluyan en la Ley de Hidrocarburos como artículos transitorios que el Congreso y la población conozcan los campos de exploración que Pemex solicitó y que se determine la responsabilidad institucional de las instancias que formularon y suscribieron dicha solicitud.

Por su parte, Francisco Javier Alejo recordó que en la mayor parte de los países petroleros, el objetivo de nacionalizar el sector energético era el balance del poder entre lo privado y el Estado, y entre lo nacional y lo internacional, no obstante la legislación secundaria en materia energética sugiere lo contrario.

Señaló algunos puntos preocupantes incluidos en las leyes como que se decidan las contraprestaciones aplicables a los contratos sin definir claramente los umbrales de aceptabilidad y sin la participación del Congreso.

El académico también dijo que era preocupante que se fragmenten y distribuyan las facultades y atribuciones de aspecto técnico, operativo y financiero de contratos entre distintos órganos públicos.

En su turno, el economista Ramón Carlos Torres Flores destacó la inconveniencia de la creación de la Agencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Hidrocarburos y la regulación ambiental propuesta ya que representan un retroceso en la política de protección al ambiente además de que “queda manifiesta la intención de que la agencia supla las funciones de la Semarnat”.

Consideró que hay tres aspectos fáciles de corregir en la legislación para mejorarla en materia ambiental como la definición precisa de la función de la Agencia para garantizar la protección del medio ambiente.

También propuso integrar el concepto de protección incluido en la Ley General de Protección Ambiental y precisar la función de la Agencia para gestionar o coordinar a las autoridades correspondientes en autorizaciones y licencias.

Finalmente, la maestra Efigenia Martínez enfatizó la necesidad de tener un consejo nacional económico y social que garantizara el uso del patrimonio energético del país.