El senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, sostuvo que el cuarto dictamen de leyes secundarias en materia energética privilegia la creación de riqueza para unos cuantos a expensas del medio ambiente y pone en riesgo los derechos de los propietarios de tierras.
Al exponer su voto en contra en lo general, el senador explicó que la ley sugiere que las empresas petroleras privadas y las empresas productivas del Estado tendrán preferencia sobre el uso del territorio frente a cualquier otra actividad.
“Ello se traduce en que el Estado podrá obligar a que los dueños de los terrenos renten sus tierras a las empresas petroleras, bajo la figura conocida como servidumbre, o, en su caso, expropiarles en favor de dichas empresas”, dijo.
Por esta razón, aseguró que la aprobación de esta ley pondría en riesgo los derechos humanos de la población y dejaría en clara desventaja a los propietarios de las tierras en las negociaciones con las empresas petroleras.
Agregó que abrirá la puerta al establecimiento de regímenes fiscales ad hoc para cada contrato y generará ventajas para proyectos de baja rentabilidad como los que contemplan la técnica de fractura hidráulica.
Por otro lado, el senador por Oaxaca, explicó que la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, que asumirá funciones de la Semarnat y la PROFEPA, provocará el debilitamiento y fragmentación de la política ambiental.
Y es que “no contempla darle mayor autonomía a la autoridad ambiental, ya que la Agencia no sería un órgano autónomo al depender de la Semarnat y al ser el Presidente de la República quien designe a su titular”.
Consideró que la creación de la Agencia en realidad responde a un interés por agilizar los trámites para el desarrollo de los proyectos de explotación de hidrocarburos y no a un verdadero interés por asegurar la preservación del medio natural.
“No cejaremos en la protección del medio ambiente, en la defensa de los derechos humanos de nuestros conciudadanos, buscando en todo momento que la legislación en materia energética se ajuste al interés público del país”, concluyó.
