Intervención del Senador Zoé Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD, para fijar el posicionamiento del grupo sobre el dictamen por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por el que se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Zoé Robledo, (ZRA). Compañeras y compañeros senadores.
Antes de exponer el posicionamiento del grupo parlamentario de mi bancada del PRD, permítanme tomar solamente unos segundos para hacer un muy breve paréntesis, para aclarar dos asuntos que ayer por la noche parece que no se entendieron y que considero importante aclarar.
Uno tiene que ver con las referencias que hice en esta misma tribuna sobre el documento de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas”, porque las hice justamente porque quienes han promovido esta reforma de apertura total del sector se han basado en las recomendaciones de este mismo organismo.
Y en un ejercicio de congruencia a mi me parecía que quienes ven con simpatía, aceptan y aplican las recomendaciones de la OCDE, lo más lógico es que si les dicen qué hacer y aceptan, pues también sigan las recomendaciones de cómo hacerlo.
Pero pareciera que lo que no se entendió ayer es que lo que quedaba en evidencia es que la posición del dictamen es mucho más liberal que la de la OCDE.
Y por eso yo no puedo aceptar que por citar un documento y dejar clara la incongruencia de quienes aceptan el Qué, pero no el Cómo de la OCDE, vengan a decir que un senador del PRD defiende a ultranza las posiciones de la OCDE, ni mucho menos que está a favor de la privatización de la renta y la industria petrolera, y tampoco de la eléctrica.
La verdad compañeros senadores, decir que por citar a la OCDE es un promotor de esta Reforma o de la privatización del petróleo es, simplemente, tan falso como los clavados de Robben en este mundial de futbol.
En segundo lugar, quiero decirle al senador Penchyna, porque aquí hicme mención de que no se han seguido ni se han tomado en cuenta estas recomendaciones de la OCDE para la construcción del gobierno corporativo de las empresas públicas.
Y el senador Penchyna daba como excusa de no seguir estos lineamientos que los países miembros de la OCDE, de todos los países miembros solo uso cuantos son países petroleros.
Esa afirmación es totalmente cierta, lo que quizá el compañero Senador Penchyana olvida es que ayer discutimos el gobierno corporativo tanto de PEMEX y discutimos el gobierno corporativo de la CFE .
Fíjese que ayer me di a la tarea de revisar y descubrí que los 34 países miembros de la OCDE todos usan electricidad, entonces las directrices son muy aplicables a cualquier país que tenga organismo regulador de energía.
Solamente para que quede aclarado el dato.
Hecha la aclaración paso entonces a lo que nos convoca el día de hoy.
Y tiene que ver con este cuarto dictamen, que tiene los ejes fundamentales de dos grandes temas. Uno, la regulación energética y el otro, el del medio ambiente.
En términos de regulación, en este dictamen, junto con los aspectos organizativos y de sectorización de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se está definiendo el modelo de regulación de la industria energética que habrá de desarrollarse como producto de esta liberalización descarnada.
Y bueno, uno se preguntaría: ¿Y cuál es ese modelo de Regulación?
El modelo está definido en al artículo 4 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y cito ese artículo:
Artículo 4.- El ejecutivo federal ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos, a través de los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética a fin de promover el desarrollo eficiente del sector energético.
Y siendo estos organismos los reguladores principales del sector, se entiende entonces pues que es el Ejecutivo Federal quien asume todas, absolutamente todas las responsabilidades de regular y contener a las empresas más poderosas del mundo, pero que también son las más voraces y las que tienen mayor capacidad de influir sobre gobiernos constituidos, no solamente en México, se ha demostrado en los últimos 50 años en absolutamente todo el mundo.
Empresas que utilizan todo tipo de mecanismos para promover sus intereses, a veces incluso de manera lícita, la mayoría de las veces de manera ilícita.
Esa es la ruta que los senadores del PRI y del PAN han decidido.
Pero lo que hay que tener en cuenta, y eso muchas veces se olvida; bueno a quiénes se va a tener que regular en los próximos años.
Muchos piensan que la regulación se va a hacer, como los senadores del PAN, que los países a los que han visitado, a los que nos han comentado y han hasta presumido sus viajes tanto en Estados Unidos como en Inglaterra en otros casos
Muchos piensa que las tradicionales empresas petroleras y de energía eléctrica como a Shell, Elf a Exxon o a Chevron, cuya fama pública, aquí lo hemos dicho, no es la mejor del mundo ya que se han conocido múltiples casos de corrupción y sobornos en los que han estado envueltas estas empresas, son a las que se van a regular.
Pero no es así. Seguramente el Senador Vega Casillas recordará, porque fue un caso muy sonado, cuando durante su gestión como Secretario de Estado, no era un caso mexicanos, pero fue un caso muy famoso en todo el mundo: el famosos soborno de Elf, la empresa petrolera Elf al Presidente Dos Santos.
¿Qué es lo que ocurrió ahí? Se descubrió, descubrió una empresa francesa que Elf daba un soborno mensual al Presidente Dos Santos de Angola y cuando siguieron la ruta del dinero descubrieron que el Presidente Dos Santos le devolvía la mitad del soborno al director del Elf.
Esa es la capacidad corruptora de estas empresas a las que se va a tener que regular. No son almas de la caridad.
Pero además por si esto fuera poco, con estas empresas que están consolidadas, con órganos fuertes, con mejores prácticas de transparencia, esas no son las que deberían de preocuparnos nada más.
Hay toda una nueva generación de empresas, las denominadas 7 hermanas como Saudi Aramco, de Arabia Saudita; Gazprom, de Rusia; CNPC, de China; NIOC, de Irán; Pdvsa, de Venezuela; Petrobras, de Brasil, y Petronas, de Malasia, que hoy ya están controlando una tercera parte de la producción mundial de gas y de petróleo y que ya controlan más de un tercio de las reservas de ambos hidrocarburos.
No, no es solamente pues a estas empresas que se visita regularmente en los Estados Unidos a las que se les va a tener que contener en sus ímpetus de ganancias rápidas, sino también a todos estos nuevos jugadores que provienen, no todos los casos, pero muchos de ellos, de países sin consolidación democrática todavía, con regulaciones internas débiles y conocimiento profundo en el ágil camino de la corrupción y del daño ambiental para alcanzar sus fines.
Por eso la legislación en materia de regulación no debería de ser solamente puntual e impecable técnicamente, sino dotar de toda la fortaleza institucional, tecnológica, económica y jurídica a los organismos reguladores.
Y en este dictamen que estamos discutiendo y que tuvimos oportunidad de revisar apenas desde el día de ayer, queda esto constatado.
Y no podemos decir que partimos de una amplia experiencia en la regulación de este sector, porque esa, si se escucha en esta tribuna, honestamente va a ser una terrible falsedad, no venimos de una buena regulación en México, nuestro modelo además era otro, era el de una empresa única del Estado
Y aún así nuestros estándares en regulación energética no eran los mejores, sino todo lo contario.
Por eso hoy quiero hacer referencia, nuevamente, a un documento que seguramente los redactores de esta iniciativa, que están en este salón de sesiones, van a podernos referir si lo revisaron o no, si lo conocen o no.
Y es este documento: el estudio “Efficiency Analysis of Energy Networks” realizado por la Universidad de Cambridge, en particular lo realizó el Grupo de Investigación en materia de Electricidad, quien llevo a cabo una encuesta entre 43 órganos reguladores en más de 40 países.
Si no lo conocen, con mucho gusto yo podré obsequiarles una copia, porque quizá en estos grupos de trabajo y de redacción se les pasó revisar este documento.
Aquí, lo que se está preguntando es cuáles son las mejores prácticas internacionales que por la complejidad en la aplicación de métodos, por aquellos factores que influyen en su toma de decisiones, por barreras a las mejores prácticas, por la especialización de los funcionarios, por factores ambientales que inciden en su labor, también por la eficiencia de los sectores, por el costo unitario del modelo y por los elementos tecnológicos utilizados.
Esto es lo que analiza este documento.
¿Y cuál es el resultado?
Bueno es un resultado alarmante, porque México salió reprobado en absolutamente todos los ámbitos, en todas las variables en las que se calificó a México como un país regulador de energía está reprobado. Es una calificación del 1 al 10.
Finlandia está en el primer lugar con 8 puntos, Bélgica con 7.5, Austria y gran Bretaña con 7; Eslovenia y Holanda con 6.
Y México, bueno está todavía Brasil y Colombia con 3.5 de 10, y México aparece acompañado de la República Checa, de Grecia, de Lituania, de Luxemburgo, Rumania, la República Dominicana, El Salvador, con cero. No logró un solo punto en la escala del 1 al 10 como un Estado regulador en estas 8 variables,
Seguramente en estos múltiples viajes, ojalá nos lo pudieran reportar, quizá si visitaron Cambridge y conocieron este documento, Yo no lo sé porque yo no formé parte de ese privilegiado grupo.
Por eso, sobre estos órganos regulados, reguladores coordinados que están en la dictamen de la ley sobre la que estamos discutiendo, adelantamos pues que el Grupo Parlamentario del PRD habrá, no solamente de votar en contra, sino entrar en un análisis muy puntual, particularmente de un tema.
El artículo 33 que habla de Utilidad Pública y Pago de Derechos.
No me voy a extender en este asunto, porque va a ser uno de los temas que más vamos a exponer el día de hoy.
Este artículo 33 establece que el otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones de estos Órganos Regulados Controlados, implicarán la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, social y privada en las actividades de: exploración y extracción de hidrocarburos; tendido de ductos; tendido de infraestructura eléctrica, y otras concesiones relacionadas con lo dispuesto anteriormente.
Lo anterior va muchísimo más allá de lo que se establecido en la reforma constitucional, va mucho más allá de lo que se establece en el artículo Octavo Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia energética.
El 33 de esta ley es quizá, y eso si ya es un récord, en términos de rapidez, el 33 es el primer artículo inconstitucional en referencia a la propia reforma constitucional que ustedes aprobaron el año pasado.
Solamente para que lo vayan teniendo en cuenta antes de votarlo.
Creo que el Asunto de los ORC que promoverán los actos jurídicos que se requieran para hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública, como dice, siendo siempre las actividades de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia, así lo dice el artículo 33, sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas es un grave error, pero además repito es anticonstitucional.
Esta disposición abre la puerta a la expropiación de terrenos por supuesta utilidad pública, abre la puerta a afectaciones a la biósfera, abre la puerta a una serie de violaciones a los derechos humanos, que de verdad es impresionante que se estén planteando en estos términos.
La verdad es una nada más: Los negocios privados son ahora causa de utilidad pública. Esos es que dice su artículo 33.
Uno hubiera imaginado que aquí estarían redactas disposiciones que consideraran siempre y siempre, en todos los casos, criterio criterios de protección a los derechos humanos de los propietarios o poseedores de derechos sobre los predios en los que se pretenda hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública.
Pero la verdad es que no, por donde se le quiera ver a las 96 páginas que conforman este dictamen, en ningún momento se establece, ni en ningún otro de los dictámenes que hemos discutido.
Este es un tema que ya hemos señalado insistentemente ya que se amenaza a los derechos humanos y amenaza la protección ambiental.
En el entendido de que ya he pasado mi tiempo, en otra oportunidad haré uso de la palabra para señalar todo lo que está equivocado en la ley de la Agencia Nacional en la que yo esperaba, y con todo respeto Senador, yo esperaba una exposición mucho más larga como parte del posicionamiento del Partido Verde sobre esta ley en particular.
Hay muchos temas que debemos de debatir y ojalá que se habrá este debate.
Son asuntos que de verdad deben de abordarse con puntualidad y esperamos un diálogo y un verdadero debate. No sólo el Senado lo necesita, creo que el pueblo de México lo merece.
Muchas gracias.
