En el marco del Foro Nacional de Energía, Mercado Eléctrico, y en presencia de líderes del Sindicato Mexicanos de Electricistas y especialistas extranjeros en la materia, Senadores del PRD explicaron las consecuencias que traerá para este sector la aprobación de la legislación secundaria en materia energética y reiteraron su compromiso para defender los derechos de los trabajadores petroleros y electricistas.
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Barbosa Huerta, explicó que más allá de lo insatisfactorio de la discusión en comisiones en materia energética, la ausencia del debate sugiere que las leyes no se están construyendo dentro del Congreso mexicano o que los legisladores desconocen los temas que se están discutiendo.
“El debate, para ser debate, tiene que ser primero un debate real, no debe de ser simulado y por eso decidimos tener las mesas de debate nacional y hemos encontrado en el SME colaboración y alianza política”, dijo y consideró que las aportaciones de los especialistas servirán de argumento para participar en la discusión.
La vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna Luna, sostuvo que el pueblo de México sólo vive de su sector energético, particularmente de Pemex y CFE, pues todos los demás sectores fueron privatizados.
Comentó que las leyes secundarias en materia energética parten en pedacitos a la Comisión Federal de Electricidad e impiden que haya relaciones entre esos pedacitos argumentando que una empresa tan grande no puede ser competitiva.
El Gobierno había prometido que bajarían las tarifas de la electricidad, pero para ello, señaló la senadora, es necesario que bajen los precios de los hidrocarburos y que se mantengan los subsidios.
En su turno, el senador Isidro Pedraza Chávez señaló que estas mesas tienen la función de establecer un diálogo con los sectores más afectados, por ello el PRD planteó un artículo transitorio para la Ley de Comisión Federal de Electricidad, para que se reconozcan los derechos de los trabajadores.
En ese sentido, la senadora Alejandra Barrales, mencionó la urgencia de unidad entre la izquierda y la clase trabajadora para enfrentar la embestida contra los trabajadores y pidió a los integrantes del SME que se sumen al esfuerzo para plantear un blindaje a los derechos laborales de los petroleros y electricistas.
Por su parte, Alejandro Encinas Rodríguez sostuvo que en México se está reproduciendo el mismo esquema que en España y que ha evidenciado la mala fórmula de la mezcla de política y negocio, y cómo la reproducción de las políticas neoliberales llevan a le creación de mercados artificiales.
Destacó cómo estas reformas energéticas no avanzan en garantizar la seguridad energética sino que generan “pobreza energética” con el cierre arbitrario de empresas, la eliminación de subsidios y la contratación de empresas para generar energía.
En su participación, el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, sostuvo que la reforma energética es inconstitucional y recordó que la industria eléctrica en México inició con empresas extranjeras que no invertían en el desarrollo del país y por eso nació la CFE.
Cuestionó que en las leyes no se explique qué pasará con las deudas de los Pidiregas que tiene la CFE, consideró importante rendir cuentas sobre toda la corrupción que hay en esa empresa, y agregó que los subsidios en las tarifas serán para los grandes consumidores.
Planteó a los senadores del PRD una iniciativa para derogar todas las tarifas implementadas y elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un bien social.
Por su parte, los especialistas extranjeros coincidieron en que los mismos procesos de transformación del sector energético que se aplicaron en sus países y derivaron en desempleo, encarecimiento de servicios y competencia desleal.
El analista español Fermín Paz Lamigueiro afirmó que la instalación de un mercado eléctrico sustituye las tarifas de las empresas públicas por un precio liberalizado, caracterizado por un mercado donde la demanda no tiene capacidad de maniobra, es decir que los que compran energía no pueden negociar; también se financia un mecanismo para establecer la tarifa de último recurso y hay una ausencia de competencia entre comercializadoras.
“Es importante destacar que con la liberación de los precios, se potencializan los grupos empresariales”, dijo, y mencionó con ellos es imposible que haya una competencia real pues se crea un oligopolio.
Para el integrante del Movimiento para la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora de Argentina, Gabriel Martínez, dijo los objetivos finales de los procesos de transformación que se realizan en México, como los que se llevaron a cabo en su país, vienen asociados a desindustrialización, pobreza y desempleo.
Señaló que el conflicto social asociado a estos cambios, las empresas lo arreglan con dinero y “quieren echar a mucha gente porque quieren trabajar con pocos trabajadores, estamos asistiendo a un proceso de achique de la planta laboral”.
“La privatización de los servicios públicos en Argentina se dio en un ambiente de chantaje”, dijo.
Por otro lado, la secretaria de Desarrollo Social del estado de Guerrero, Beatriz Mojica, dijo que las tarifas del servicio eléctrico tienen un impacto directo en el desarrollo, pues, en el caso de su entidad se han detectado movilizaciones sociales en regiones marginadas.
La dimensión del problema no está en las tarifas, sino que abarca la seguridad ciudadana y cómo se mejoran las condiciones de vida, aseguró la funcionaria y consideró importante resolver cómo convertir la energía en un bien social.
