El Senador Benjamín Robles Montoya aseguró que el tercer dictamen de las leyes secundarias en materia energética está lleno de incongruencias y representa un retroceso en materia de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción.
En primer lugar, señaló, se dice que se quiere convertir a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad en Empresas Productivas del Estado, pero más que empoderarlas para hacerlas competitivas, se le acotan sus actividades y se sitúan en un escenario de vulnerabilidad ante los privados.
El legislador por Oaxaca informó que el Partido de la Revolución Democrática no se opone a que Pemex y CFE se abran a la implementación de procedimientos de inversión con el propósito de generar mejores condiciones de vida para la sociedad mexicana.
Pero, subrayó que lo que se percibe en las reformas es el interés del Ejecutivo de abrir estos dos entes a una transición que más que fortalecerlos y hacerlos competitivos, los desintegra y los debilita.
Robles Montoya recordó que el discurso oficial prometió la salida de la Secretaría de Hacienda de la administración de Pemex; sin embargo, en la integración del gobierno corporativo, tanto la SHCP como la Secretaría de Energía podrán contar con consejeros designados por las mismas.
“Lo que significa que las Secretarías de Hacienda y Energía seguirán controlando las decisiones de Pemex”, resaltó.
También señaló que en la integración del gobierno corporativo desaparece el voto razonado y la falta de atribuciones a los consejeros independientes, lo que les resta importancia para que opinen o intervengan de manera decisiva en el pleno del Consejo de Administración.
En materia de contrataciones, el Legislador oaxaqueño sostuvo que el retroceso en materia de transparencia es mayor, pues la ley establece que el Consejo podrá decidir sobre la reserva de la totalidad de las actas de sus reuniones, lo que es contrario al artículo 43 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Esto supondrá que los documentos dejarán de ser de carácter público, como lo han sido hasta ahora, cuestión fundamental para conocer la gestión tanto del dinero público asignado a estos contratos como la manera en que se explotarán los hidrocarburos”, explicó Robles Montoya.
Finalmente mencionó que el PRD no se opone a la reintegración de Pemex y CFE, pero sí a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se convierta en la autoridad suprema del sector energético.
Las reservas presentadas por el Senador Benjamín Robles Montoya fueron 1, 2, 15, 36, 38, 57, 59, 71, 72, 73 y 97 de la Ley de Petróleos Mexicanos, así como sus correlativos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
Éstas fueron aceptadas por las comisiones unidas para su discusión, y a favor de ellas participaron la Senadora Dolores Padierna Luna y los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Zoé Robledo, Rabindranath Salazar Solorio, Fernando Mayans Canabal e Isidro Pedraza Chávez.
En su turno, el Senador Alejandro Encinas señaló que es necesario garantizar la autonomía de gestión de Pemex y la CFE, y el dictamen no permite que las empresas puedan tener un plan de negocios adecuado para competir con las empresas trasnacionales.
Asimismo, dijo que si se quiere dar autonomía al Consejo de Administración de las empresas, el Senado de la República debe participar en la designación de los integrantes “independientes” para garantizar que no haya conflictos de interés.
Agregó, que además se debe modificar la parte donde se señala que Pemex y CFE son propiedad exclusiva del Gobierno federal, contrario a lo que dice la Constitución.
Por su parte, la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, se refirió a las subsidiarias y filiales que tienen una gran flexibilidad jurídica y a las cuales no se aplica la Ley de Entidades Paraestatales.
Por ello, dijo que este modelo, impulsado por la regulación secundaria, obstaculiza la transparencia y rendición de cuentas, y genera mayor deuda pública ya que todos los gastos de administración son pagados por las empresas estatales.
El senador Rabindranath Salazar Solorio aseguró que toda ley es perfectible y para ello hay que ser congruente entre lo que se dice y lo que se plantea en ella; por ello pidió a los legisladores reflexionar sobre sus dichos y sobre lo que realmente se está proponiendo en la Ley de Pemex y CFE.
Dijo que si se habla de hacer, de estas dos entidades, empresas productivas del Estado, por qué en su normatividad están en el aire la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas.
Por su parte, el senador Zoé Robledo mencionó las directrices de la OCDE para la creación del gobierno corporativo de las empresas públicas para compararlas con el contenido del dictamen de leyes reglamentarias en materia energética que convierte a Pemex y CFE en propiedad exclusiva del Gobierno.
Dijo que de acuerdo con la OCDE, el Estado debe ser propietario activo de las empresas estatales y que se debe mantener un diálogo constante con el Congreso para aumentar la confianza pública de las empresas públicas.
“Queda claro que se privatiza Pemex y CFE, pues la iniciativa transformas ambas empresas en entidades de derecho privado”, sostuvo el senador Fernando Mayans Canabal.
Solicitó formar una mesa de trabajo para poder resolver las dudas que pueda haber sobre los términos de la redacción y se defina correctamente que las empresas públicas sean propiedad del Estado y no del Gobierno.
Por último, el senador Isidro Pedraza señaló que Pemex no es ahora una empresa competitiva porque ha sido diezmada por la corrupción y consideró que la iniciativa evade la responsabilidad de transparencia y rendición de cuentas, pues, se desconoce el carácter de servidores públicos de los directores de las empresas públicas.
