La reforma que México no necesita / El Universal


Miguel Barbosa

El PRI persiste en entregar nuestros recursos naturales al capital privado. En el Senado de la República, apenas terminó una intensa discusión sobre la reforma en telecomunicaciones y competencia, cuando los revolucionarios institucionales impulsan de nueva cuenta el proceso de dictaminación del paquete de reformas legales en materia energética.

Existe una obsesión para aprobar esta reforma. Propuestas de cambios legales que muchos conocen y que cuando saben de qué se tratan divide sus opiniones, de acuerdo a los más recientes estudios de empresas encuestadoras. La reforma energética dista mucho de ser popular y mucho menos de generar algún tipo de entusiasmo social.

Desde mediados del mes de junio, se detuvo la discusión de este paquete de reformas por violaciones al proceso legislativo y por los excesos en los que incurrieron los que han conducido los trabajos de las Comisiones responsables de este proceso. Cuando el PRD se retiró de las sesiones de las Comisiones Unidas, la farsa que ocurría en ellas fue tan evidente que tuvieron que reconsiderar la estrategia. Después vino el chantaje del PAN, que demoró más este proceso.

Por la vía de los hechos, la parte medular de la discusión de la reforma energética y la votación de la misma será después de concluido el Mundial de fútbol, a contracorriente de las declaraciones y los deseos gubernamentales que afirmaban lo contrario.

México no necesita entregar, vía contratos y licencias, sus recursos energéticos al capital privado nacional o internacional. Instrumentos mercantiles que disfrazan concesiones y multimillonarios negocios que se darán con total discrecionalidad, como ya ocurre con el expediente de la empresa Oceanografía, que se ha perdido entre vericuetos jurídicos y lentitud en la aplicación de la ley.

Resulta falso que el sector energético sólo pueda avanzar si llega el dinero privado. No existe una fila de empresarios esperando su turno para invertir en México, sino un puñado de compañías, las llamadas “grandes”, que vienen por la mayor parte de la renta petrolera o un puñado de hombres de negocios que esperan ser compensados con el petróleo y sus derivados.

México no necesita debilitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni a Petróleos Mexicanos (Pemex). Lo que se necesita realmente es fortalecerlas como empresas del Estado mexicano. Lo que estas dos entidades requieren es avanzar en su autonomía de gestión y en contar con un nuevo régimen fiscal que le permita quitarse la loza que año con año le impone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

México no necesita del llamado Fracking, como una técnica de extracción que devasta inmensas zonas y emplea incalculables cantidades de agua, con terribles efectos para el medio ambiente y los ecosistemas. Se trata de una técnica de extracción que ya ha sido prohibida en varios países por los efectos perjudiciales que generan.

La reforma energética en su ámbito constitucional y legal constituye uno de los temas de mayor relevancia en la actual legislatura y, por tanto, seguiremos actuando con total responsabilidad y cumpliendo cabalmente con nuestras responsabilidades legislativas.

Mientras esto ocurre en el Congreso, el pasado sábado 5 de julio, la población recibió el séptimo gasolinazo del año. La naturaleza de la reforma es esa y va en contra de los intereses de la mayoría de la población, a pesar de las intensas campañas de propaganda, los combustibles seguirán al alza, mermando el bolsillo de millones de familias mexicanas.

Para la izquierda no hay duda: nos opondremos a este despojo y sumaremos esfuerzos con la sociedad para impedirlo.