Intervención del Senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en lo general respecto del dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Manuel Camacho Solís, (MCS). Muchas gracias, Senador Presidente.
Senadoras, senadores.
El choque de intereses que se ha puesto de manifiesto en la aprobación de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, impide apreciar el fondo político.
Ante lo que estamos es ante un despliegue de ocultamiento político y ambigüedad.
La ambigüedad sirve al viejo presidencialismo, esa es la estrategia jurídica y política que está tratando el sexenio.
El Consejero Jurídico, Castillejos, la ejemplifican. Cito: “Cómo va a ser inconstitucional una ley cuando en su contenido se está incluyendo lo que dice textualmente la Constitución”.
Pues si lo es, la concreción en la regulación la da el Congreso en la ley secundaria, que se deriva de la orientación constitucional y se complementa con la labor interpretativa de la Judicatura que tiene a su cargo el control constitucional.
La estrategia de la ambigüedad deliberada conlleva una falta de responsabilidad política, no sólo porque los legisladores abdican de su función primordial, que es legislar, o sea precisar lo que la Constitución establece, sino porque la indefinición tiene un deliberado propósito político ante la ausencia de reglas claras, devolverle al Presidente de la República el poder que la separación de funciones y el control constitucional le restan en un sistema democrático.
En un caso tan claro, como el de la necesidad de recuperar la rectoría del Estado en la telecomunicaciones, la única manera de lograrlo es con definiciones normativas precisas en las que se soporte el IFT y en su caso el Poder Judicial de la Federación.
Pero si las normas no son suficientemente claras la debilidad de estos órganos de control se verá ampliada, a esa debilidad se le impondrán con mayor facilidad los poderes fácticos y el Poder Ejecutivo que está detrás de este diseño jurídico político.
El poder último será del Ejecutivo, será el de un presidente que a la usanza del Siglo XX pone a su servicio la Constitución, y no el de un presidente de la transición democrática que estaría limitado por una ley fundamental con fuerza normativa.
Una Constitución bien fraguada no va a los detalles, ahí está el ejemplo de la Constitución Norteamericana, la Constitución establece los principios y parámetros que marcan el rumbo, mientras que en la ley los precisa y recude la ambigüedad a su mínima expresión.
Si de algo necesita nuestro país es de reglas claras.
El presidencialismos autoritario mexicano del Siglo XX se benefició de una concepción maleable de la Constitución, la de la Constitución programa, esa le daba una doble ventaja, por una parte los presidentes respaldaban sus acciones y la ley, y por la otra la interpretaban a su conveniencia o incluso prescindían de ella.
En la práctica, a eso estamos regresando.
Esta reforma no será favorable al Estado de derecho, será favorable al presidencialismo, todos los intereses recurrirán al Presidente en busca de favores y de protección, más que competencia habrá un reparto político de mercados, cuando se tenía la oportunidad de construir una autoridad regulatoria predecible en su actuación y eficacia en su tarea de servir a la sociedad.
Como parte de ese pasado que regresa, revitalizado estarán las decisiones discrecionales y patrimonialistas.
Para los partidos de oposición, el desenlace de esta reforma termina como un error político, en vez de ser esta la reforma insignia, la de la democratización de los medios; terminará siendo el vehículo para la consolidación del viejo presidencialismo.
Electoralmente esta reforma no le dará nada al PAN ni al PRD, pues incluso sus beneficios serán atribuidos al gobierno, quien ahora se dedicará a publicitarlos.
Al PRI tampoco lo asegura.
La concentración presidencialista y centralista del poder es ya disfuncional, es disfuncional para la estabilidad política, es disfuncional para ganar limpiamente las elecciones, es disfuncional para recuperar el crecimiento en la economía.
Sin instituciones económicas y políticas incluyentes continuará el declive nacional.
Por servir al presidencialismo están debilitando al estado, al Senado y a la Democracia.
Por ello, votaré en contra.
Muchas gracias.
