René Delgado, en “Incertidumbre”, su colaboración semanal en Reforma, presenta un panorama de la economía y la política con el que —con distintos énfasis y matices— coincido en lo fundamental. Las oposiciones (PAN y PRD) no calcularon sus siguientes pasos en el Pacto. El gobierno ha apostado todo a la reforma energética. Se están haciendo cambios que cimbran las estructuras del Estado. La aprobación de las leyes reglamentarias pendientes y su eficaz y oportuna instrumentación determinarán si el Presidente logra recuperarse. La Suprema Corte estará en una encrucijada por la consulta popular. El Congreso, al supeditarse al Ejecutivo, ha debilitado su legitimidad. AMLO tendrá un amplio potencial triunfo si fracasa la estrategia del gobierno; y si en esa circunstancia no lo capitaliza él, estaremos ante muy serios problemas de gobernabilidad. Añadiría: el potencial de inconformidad sigue aumentando, el rechazo social a las reformas estructurales (energética y fiscal) es mayoritario y será muy difícil que para las elecciones de 2015 cambie este estado de ánimo. Lo único que puede salvar al PRI de un tropezón es buena selección de candidatos, la fuerza de la inercia y divisiones de la oposición.
Todo eso genera incertidumbre. Pero no el mismo tipo de incertidumbre. Haría una distinción fundamental. Una es la económica, relacionada con las expectativas que el propio gobierno ha creado por la apertura del petróleo y la electricidad a la inversión extrajera. Otra es la política, respecto a alteraciones electorales que podría provocar el enojo social, o de mayor importancia, respecto a tensiones sobre la gobernabilidad. Una es inmediata. La otra se acentuará después de 2015 y en vistas de la sucesión presidencial.
Para los mercados no hay duda de que una marcha atrás en las reformas estructurales provocaría inmediata intranquilidad financiera. Pero eso no quiere decir que las reformas tengan un solo aterrizaje: proteger a una empresa de telecomunicaciones, no sería leído como mayor competitividad o nuevas oportunidades de inversión.
Pero, en cambio, sacar adelante la reforma energética en los términos de las iniciativas presidenciales, anticipará desde ahora un clima de mayor turbulencia política, multiplicación de los conflictos en el territorio y denuncias de corrupción ante la opinión pública. Las ventajas que se le pretenden otorgar a las empresas de energía para asegurar el control de la tierra, terminarán por crearles más obstáculos a las propias empresas y, sobretodo, por incendiar el campo con riesgos serios para la gobernabilidad.
Los componentes de transparencia y rendición de cuentas de las iniciativas son del todo insuficientes. Pretenden conceder inmunidad total para los funcionarios que dispondrán de patrimonios muy valiosos, carecen de contrapesos, proponen autonomías administrativas supeditadas al Ejecutivo, debilitan las facultades del Congreso y la Suprema Corte de Justicia. Si ya de por sí era desproporcionado el poder que tendrían las empresas extranjeras en relación al Estado; con un Estado debilitado, el desenlace será aún más adverso para los intereses de México y de los mexicanos.
En estas horas que vienen habrá prisas. Con lógica tecnocrática, pero carente de lógica política, el régimen querrá terminar lo que empezó. Aprobar las leyes secundarias en Telecom y en energía. Hacerlo sin debate. Asegurarse que lo que esperan los inversionistas no quede diluido y que en cualquier circunstancia se cuente con la mayoría parlamentaria. Lo que dominará será el temor a que, de no aprobarse las reformas como se quiere, se retrase la recuperación y crezca la incertidumbre.
Por reducir la incertidumbre financiera, pueden debilitar las posibilidades de desarrollo, acentuar la inconformidad y el enojo por la corrupción. Ya se sabe lo que se necesita para reducir la incertidumbre financiera. Ya es hora de que el gobierno mida —y prevea— la incertidumbre política y social.
