Frente al debate surgido luego de la instalación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano en el Senado y las posteriores declaraciones de su presidente, el Senador José María Martínez Martínez, es necesario definir con claridad varias cuestiones:
En primer lugar, el pensamiento religioso o filosófico de cada persona no puede ser preponderante al cumplimiento irrestricto de la ley, al que estamos obligados primeramente quienes hemos asumido un encargo legislativo; en nuestro caso específico, el Senado de la República es una institución del Estado y la Constitución expresamente señala una separación entre el Estado y la Iglesia.
No hay lugar en el parlamento para una comisión que subliminalmente se asigne un fin persecutor en función de imponer un concepto único de familia a quienes son homosexuales o lesbianas, porque nadie puede ser discriminado por sus preferencias sexuales según lo establece, insisto, nuestra Constitución.
Quiera o no, le guste o no, las familias se conforman de manera diversa, como lo es la sociedad; y en la nuestra, todos y todas tienen cabida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que esta diversidad no puede derivar solamente del vínculo matrimonial o ser unívoco e inamovible de familia.
Nos parece igualmente desatinado y desproporcionado señalar que el cometido de la comisión de referencia será “rescatar” el concepto de familia de políticas que corresponden a “modas” o “tendencias”, políticas que ya existen en entidades como el Distrito Federal o que resultan de tratados internacionales que reconocen la transformación de las estructuras familiares y sociales.
Consideramos una falta de respeto y fuera de cualquier trato diplomático el esgrimir que las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se extralimitan, asumiendo el señor senador que en el Senado y en su comisión no tendrán cabida.
La Junta de Coordinación Política, de la cual surge el acuerdo que crea esta comisión, debe puntualizar los objetivos de los trabajos de la misma, los cuales deben estar apegados a nuestra legislación y por supuesto al respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas independientemente de cualquier condición.
