El gobierno federal y el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República cedieron a las presiones del PAN para que el paquete de reformas secundarias en materia energética se discuta por medio de un procedimiento a modo, para acomodar su negociación, sin importar que en este trámite se viole el procedimiento parlamentario.
En el PRD hemos expresado contundentemente nuestro rechazo a estas reformas, por los grandes perjuicios que provocarían a nuestro patrimonio nacional.
El corazón de la reforma peñanietista se encuentra en el otorgamiento de contratos a particulares para compartir nuestra renta petrolera. Contratos y licencias en todas las modalidades posibles a favor del capital privado. A eso se reduce la visión del gobierno y de los grupos parlamentarios que apoyan la propuesta privatizadora. De aprobarse estas reformas, se abriría la puerta para que expedientes como el de la empresa Oceanografía se repitan por cientos, con daños terribles e irreparables para el patrimonio nacional.
A contracorriente de las campañas publicitarias gubernamentales, las consecuencias de estas reformas serían la desaparición de Pemex y de la CFE, gasolinas caras, mayores precios en las tarifas del gas y la electricidad y, por lo tanto, aumento en los precios de los productos básicos y menores fuentes de empleos.
La iniciativa del gobierno vulneraría la seguridad energética para los próximos treinta años; tampoco asegurarían un suministro oportuno y suficiente de combustibles, y se mantendría la petrolización de las finanzas públicas.
Ante esta circunstancia y la obsesión del gobierno por llevar hasta las últimas consecuencias su reforma, el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República propuso un debate de fondo y ordenado.
Sin embargo, del martes al viernes de la semana pasada, el comportamiento de los Presidentes de las Comisiones que dirigen las sesiones de esta reforma, se ha caracterizado por tratar de establecer una mayoría mecánica del PRI y el PAN, que violenta la norma interna y cerraron cualquier planteamiento diferente. Por esta razón, el pasado viernes 13 de junio, nos retiramos de las sesiones de Comisiones Unidas hasta que la legalidad del proceso fuera restablecida.
Con responsabilidad, propusimos que el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Raúl Cervantes Andrade, se presentara en la sesión de Comisiones Unidas para expresar su opinión sobre la legalidad o no del procedimiento utilizado.
¿Cuál fue la respuesta ante ese planteamiento?
Simplemente la reinstalación de los trabajos de esa falsificación que se ha estado haciendo en las Comisiones Unidas, mediante la reanudación de lo que ellos llaman el desahogo de la discusión en lo particular.
El viernes les bastaron 20 minutos y el sábado 55 minutos para concluir el desahogo de la discusión en lo particular de los dos paquetes de reformas. Este es el tipo de discusión que quieren, exhiben todos los días sus pretensiones.
No regresaremos en esas condiciones al debate en Comisiones y de manera alternativa vamos a promover acciones para informar a la sociedad. El PRD seguirá luchando porque los mexicanos decidamos el futuro energético del país, mediante una Consulta Popular en 2015.
Seguiremos realizando acciones para evitar que se debilite a Pemex y a la CFE; defenderemos los derechos de las comunidades, ejidos y tierras; incrementaremos las acciones para combatir la corrupción, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; acabaremos con la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y reforzaremos la investigación y el desarrollo tecnológico para garantizar la transición energética.
Hay algo que nunca han entendido los autores y promotores de la privatización energética: este es un tema que no se puede resolver con simples mayorías legislativas, sino que se requiere de un amplio consenso social. En esta disputa por la nación, el PRD se queda del lado de la sociedad.
