La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí debe ejercer acción penal inmediata en contra de todas las personas que han encubierto -y siguen haciéndolo- a Eduardo Córdova Bautista, debiendo ser integrantes de la jerarquía de la iglesia católica los primeros, pues supieron de los abusos cometidos por lo menos desde 1998, señaló la presidenta de la comisión de Derechos Humanos.
Manifestó que el discurso del Arzobispo Jesús Carlos Cabrero, quien encabeza la Arquidiócesis de San Luis Potosí, es un distractor y sólo pretende acallar el escándalo en medios de comunicación, pues es sabido que Córdova Bautista no solamente fue representante legal de la arquidiócesis sino que fungió como enlace con la alta sociedad y con el círculo político de la entidad.
La legisladora del PRD hizo notar que el «mea culpa» público de la iglesia católica en San Luis Potosí, así como el anuncio de supuestas acciones para prevenir abusos sexuales, el llamado para que otras víctimas presenten denuncias ante las autoridades del estado y la atención para todas ellas, son palabras vacías y demuestran una doble moral, puesto que autoridades eclesiásticas -incluido el Vaticano- supieron muchísimos años atrás de los abusos y no presentaron una sola denuncia.
Aunado a ello, comentó que el procurador potosino -Ángel García Covarrubias- ha señalado que la denuncia que presentó la Arquidiócesis del estado no incluye los expedientes de todas las denuncias que recibió, desde 1998, en contra de Eduardo Córdova, ni proporcionó el domicilio ni información para su localización y para argumental que el Código Canónico les obliga a guardar la secrecía.
La senadora por el PRD recordó que el más reciente informe del Comité de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos del Niño acusó directamente al Vaticano de haber violado la Convención sobre los Derechos del Niño al no haber protegido a los menores víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes u otras personas bajo su autoridad, ni adoptar medidas que garanticen una sanción por este delito.
«No solamente son criminales los sacerdotes abusadores, también quienes conociendo la comisión de estos delitos no denuncian sino protegen, encubren, son omisos de la ley, está documentado e incluso ha habido denuncias que no han encontrado eco en los diversos niveles jerárquicos de la iglesia».
Señaló que es improcedente que se pretenda exculpación pidiendo solamente perdón y reprobar comportamientos inmorales que fueron solapados. Es necesario la sanción a los culpables del daño causado a las víctimas.
La también presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente enfatizó que en México existe un único marco jurídico vigente y es el aprobado por el Poder Legislativo -federal y estatal- y su aplicación es irrestricta, con respeto al debido proceso y al derecho de las víctimas a tener acceso a la justicia y a la reparación del daño, que en este caso no solamente recae en Eduardo Córdova Bautista sino en toda la iglesia católica hasta el más alto nivel.
Las autoridades de procuración de justicia de San Luis Potosí, y si las investigaciones determinan que hubo la comisión de un delito de orden federal, la Procuraduría General de la República, deben actuar sin dilación en contra de todas las personas involucradas en los crímenes que no hayan prescrito, proteger a las víctimas y brindarles la debida atención acorde a la Ley General de Víctimas, concluyó la senadora Angélica de la Peña Gómez.
