- Modernos campos de concentración en la región de La Montaña
En pleno siglo XXI, cuando el Estado mexicano es parte de diversos tratados internacionales protectores de los derechos humanos, y luego de la transformación de nuestro marco jurídico fundamental derivada de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, es inconcebible escuchar las denuncias de esclavitud forzada de la que son víctimas los trabajadores jornaleros agrícolas y sus familias —en donde se incluyen pequeñas personas y ancianos— en diversas entidades de nuestro país.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, descarna con estadísticas la sistemática violación de los derechos humanos de 3.5 millones de jornaleros agrícolas. Noventa por ciento realiza su trabajo sin un contrato formal; 72.3 % gana por jornal o día de trabajo; 23.8 % recibe su pago a destajo; o bien, 76.5 % recibe su pago cada semana; y 18.4 % a diario. No tienen acceso a la seguridad social, a pesar de que su salud y seguridad física corran riesgos por los materiales tóxicos a los que están expuestos, sobre todo el uso de agroquímicos prohibidos en otros países.
Se les encierra en galerones en condiciones indignas, hacinados, privados de su libertad, y la marginalidad en la que se encuentran niñas y niños, afectan todos y cada uno de sus derechos humanos. Ellos los llaman “campos de concentración”.
Incluso la ONU, a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ha señalado que los hijos de los jornaleros agrícolas son un grupo especialmente vulnerable ante la explotación de estos modernos terratenientes y nuevos rancheros. Un 44% de los hogares de jornaleros agrícolas contaban con al menos un niño trabajador, y sus ingresos se acercaban al 41% del total familiar.
Lo alarmante de la situación es que el gobierno federal tiene conocimiento de esta situación, pues en 2009 la Secretaría de Desarrollo Social realizó la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, encontrando que casi dos millones 40 mil 414 personas, de manera temporal o permanente, realizan actividades de agricultura en diferentes campos o granjas agrícolas de la república mexicana.
El estudio gubernamental también señala que tres de cada cinco, es decir, 58.5 por ciento de jornaleros agrícolas que migran, provienen de municipios de muy alta o alta marginación, que se encuentran principalmente en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y en menor proporción en Chihuahua, Durango, Puebla, San Luis Potosí y Nayarit.
Si las autoridades conocen la situación, entonces nos encontramos frente a su parsimonia y la permisividad con la que gigantescas empresas y grandes productores agrícolas flagrantemente violan la Ley Federal del Trabajo; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General de Educación; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y, por supuesto, los diversos tratados internacionales signados por el Estado mexicano.
Ante la esclavitud, que presumíamos que había sido abolida aproximadamente hace 200 años, no hay mucho que reflexionar y sí mucho que exigir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, de procuración de justicia, laborales, de salud.
Demandamos acciones inmediatas y contundentes contra la impunidad y que sancionen conforme con el debido proceso a todas las personas que han esclavizado a otras que por necesidad buscan trabajo en los campos mexicanos.
