Los tres Poderes de la Unión hoy presentamos el Diagnóstico de la Implementación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos a tres años de su promulgación. y establecemos lo que hemos hecho y lo que está pendiente emprender desde nuestro ámbito para cumplir con nuestro mandato y garantizar a todas las personas la más amplia protección de sus derechos humanos, señaló la senadora Angélica de la Peña.
Lo anterior durante la presentación del «Diagnóstico de la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011», a cual contó con la presencia Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; la Ministra Olga Sánchez Cordero, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el senadora Raúl Cervantes, presidente de la mesa directiva del Senado; el diputado José González Morfín, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados; y el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Dijo que los once artículos reformados en junio de 2011, constituyen un nuevo enfoque en materia de derechos humanos porque se sustentan en el control de convencionalidad, por tanto las autoridades deberán conocer y aplicar las normas del derecho internacionales para que cuando existan distintas interpretaciones de una norma jurídica, se elija siempre la que más beneficie a la persona.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado explicó que el gran reto es que todas las autoridades, que todas las personas con algún tipo de responsabilidad en el servicio público, apliquen en todas sus actuaciones el enfoque de derechos humanos y ejerzan su responsabilidad de coadyuvar activamente a garantizar la protección efectiva de todos los derechos de todas las personas sin discriminación de ningún tipo.
La interrogantes que deben responderse a tres años de promulgada la gran reforma de 2011 son:¿cómo deben traducir, interpretar y aplicar el nuevo mandato constitucional, los Poderes ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los ámbitos federal, local y municipal? ¿cómo lograr que todas las personas con algún tipo de responsabilidad en el servicio público, apliquen en todas sus actuaciones el enfoque de derechos humanos y ejerzan su responsabilidad de coadyuvar activamente a garantizar la protección efectiva de todos los derechos, de todas las personas sin discriminación de ningún tipo y bajo ninguna índole?
La senadora de la Peña indicó que encontrar la respuesta desde el Poder Legislativo a las interrogantes anteriores no ha sido fácil, e incluso es necesario reconocer el incumplimiento en el que incurrió el Congreso de la Unión al no expedir a tiempo diversas leyes reglamentarias.
Este diagnóstico no es un punto final, sino de partida, ante el cual las y los senadores de la República asumimos la responsabilidad de seguir construyendo y consolidando estas reformas que garanticen que los actos de los poderes públicos del Estado se ajusten a los estándares de el derecho internacional de los derechos humanos y de nuestra Constitución, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
