Posicionamiento conjunto de la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática y sus Grupos Parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados sobre la Legislación Secundaria en materia Energética
El Partido de la Revolución Democrática, a través de su dirección nacional y sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, ha hecho un análisis exhaustivo del conjunto de iniciativas de Leyes Secundarias de la Reforma Energética y hemos encontrado lo siguiente:
- No garantiza la Seguridad Energética Nacional para los próximos 30 años, ya que se privilegia la entrega de los hidrocarburos a la iniciativa privada extranjera, confirmándose este hecho a través del pre-dictamen sobre la Ley de Hidrocarburos que se tiene programado discutir en el Senado de la República.
- No asegura un suministro oportuno y suficiente de energéticos; ni una disminución de precios de la electricidad y las gasolinas. Por el contrario, pretende mantener los gasolinazos, hasta el año 2019. Asimismo, eliminará los subsidios al consumo eléctrico por lo que subirán las tarifas en los próximos años.
- Prevé la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas contractuales que les permitirán apropiarse de la mayor parte la renta petrolera.
- Se considera enfrentar juicios que no serán resueltos en tribunales mexicanos, sino en arbitrajes internacionales en los que las naciones como Ecuador, Kazajstán y Venezuela han tenido muy malas experiencias.
- Se protege a las compañías petroleras más que las comunidades y ejidos, argumentando que es por el bien común o el interés nacional. Se pasará de un régimen de propiedad nacional a otro privado, que implicará un despojo de la tierra en los procesos de concentración, lo que puede traer consecuencias sociales incalculables como el desarraigo de pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías internacionales y cacicazgos locales, injusticia y exacerbación del resentimiento social.
- Se crea un Fondo Mexicano del Petróleo, cuya principal función es ser una caja de pagos para las empresas trasnacionales y no un instrumento de ahorro a largo plazo para el desarrollo económico del país.
- El modelo energético que propone el Gobierno Federal, tiene como objetivo central una mayor captura de recursos fiscales, manteniendo la petrolización de las finanzas públicas.
- Hay una revancha histórica en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se reduce a las empresas del sector a su mínima expresión y facilita el usufructo de los recursos energéticos a las compañías extranjeras.
- No hay alivio fiscal para Pemex y tampoco se le otorga autonomía presupuestal. La autonomía de gestión se reduce a una mera simplificación administrativa. Con lo anterior, su concepto de Empresa Productiva del Estado es una simulación, donde a Pemex se le manda a competir atada de brazos.
- Pemex llega en desventaja para competir con los nuevos participantes, puesto que las asignaciones que reciba le pueden ser arrebatadas sin el asomo siquiera de un debido proceso; la Comisión Nacional de Hidrocarburos le impondrá socios en caso de buscar alianzas; la Secretaría de Hacienda seguirá teniendo un peso decisorio en la definición de su presupuesto; cualquier aligeramiento fiscal estará supeditado al mínimo de 4.7 % del PIB de ingresos fiscales para el Estado; se le podrá obligar a desarrollar los proyectos de baja rentabilidad que ningún otro operador quiera hacer, así como a entregar su información geológica y geofísica, interpretada, con lo cual perderá toda ventaja comparativa.
- No se plantean mecanismos para fondear el pasivo laboral de Pemex que asciende a más de 1.1 billones de pesos (2013), dejando en total vulnerabilidad financiera la petrolera. Este pasivo, producto de la sangría fiscal de Pemex, representa casi una tercera parte del Presupuesto Federal y de no atenderse, podría generar un problema financiero de proporciones incalculables.
- Se margina la investigación y el desarrollo tecnológico ya que se acota presupuestalmente y se desdeña como factor de cambio futuro para el sector energético nacional. En ninguna parte del mundo se ponen límites a la inversión en investigación y desarrollo tecnológico. La propuesta del ejecutivo así lo pretende.
- El Instituto Mexicano del Petróleo sólo se encuentra citado (en forma errónea, además) en un artículo transitorio. El Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares no merecen siquiera una mención en las iniciativas de Ley.
- La transición energética no es una preocupación del Gobierno Federal. Además, se impulsan procesos de extracción cuestionables por sus potenciales daños al medio ambiente como el denominado fracturamiento hidráulico o fracking. Este tipo de tecnologías están prohibidas en varios países de Europa y algunas entidades de los Estados Unidos de América.
- La transparencia es un tema abordado tibiamente y en el caso de la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción están completamente ausente de la propuesta.
Por lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) establecerá su estrategia conforme a lo siguiente:
I. EL PRD SEGUIRÁ LUCHANDO PORQUE SEAN LOS MEXICANOS QUIENES DECIDAN EL FUTURO ENERGÉTICO DEL PAÍS, MEDIANTE UNA CONSULTA POPULAR EN EL 2015.
II. EL PRD NO SE MARGINARÁ DEL DEBATE, NI DEJARÁ DE SOSTENER SUS CRÍTICAS Y PROPUESTAS.
El PRD mantendrá firme su oposición en contra de una reforma privatizadora de nuestros recursos energéticos. Defenderemos una actitud crítica, firme y propositiva de cara a la sociedad para plantear alternativas de beneficio colectivo.
El PRD alerta a la sociedad y pone a la consideración de las fuerzas sociales y políticas, nacionalistas y progresistas, la necesidad de concentrar la lucha en los siguientes temas:
1) Evitar que se debilite a la CFE y Pemex. El PRD representado por sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, impulsará acciones encaminadas a defender las empresas energéticas nacionales como operadores dominantes y garantes de la seguridad energética nacional. Propondrá aligerar la carga fiscal que pesa sobre Pemex y que se le otorgue una verdadera autonomía presupuestal y de gestión. También se pugnará por la capitalización de Pemex y en particular por solucionar el problema del pasivo laboral.
2) Defensa de comunidades, ejidos y tierras. Se protegerá el interés de las comunidades y ejidos. En cuanto a la ocupación o afectación superficial, o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de Hidrocarburos, se enarbolarán los derechos humanos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Constitución y la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Indígenas y Tribales.
3) Corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Impulsaremos la instauración de procedimientos que amplíen y mejoren la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización. Se propondrán mecanismos eficaces de transparencia para la actuación de las Secretarías de Energía, Hacienda y la Comisión Nacional de Hidrocarburos; en todos los procesos que involucren contratos y licencias. Se pedirá una mayor rendición de cuentas puesto que contarán con mayores facultades y presupuestos. Asimismo, se propondrán sanciones más severas a quienes participen en actos de corrupción, tanto del sector público como del privado. Se pedirán sanciones administrativas elevadas y cárcel. Además se exigirá el esclarecimiento de todos los casos de corrupción que pesan en Pemex como el caso de Oceanografía.
4) Evitar el control y la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda. Buscaremos revertir las diversas disposiciones que otorgan a la Secretaría de Hacienda el control sobre Pemex a través de la determinación del techo presupuestal de los proyectos de inversión. Nos opondremos a que por ministerio de Ley, la Secretaría de Hacienda regrese a formar parte del Consejo de Administración de Pemex, como ocurría hasta 2008. Insistiremos en acotar las facultades otorgadas a la Secretaría de Hacienda que le permitirán determinar el porcentaje de recuperación de costos, los mecanismos de ajuste, la utilidad operativa, los bonos a favor del Estado, el porcentaje de la utilidad operativa en la migración de áreas bajo asignación a los esquemas de contratos de utilidad o producción compartida; entre otros aspectos fundamentales.
5) Investigación y desarrollo tecnológico, transición energética y medio ambiente. Se llevarán los argumentos a la mesa de discusión del Congreso sobre la necesidad de no limitar presupuestalmente la Investigación y Desarrollo Tecnológico. Al mismo tiempo, propondremos fortalecer operativa y presupuestalmente al Instituto Mexicano del Petróleo, al Instituto de Investigaciones Eléctrica y al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Se debe advertir a la sociedad mexicana de los enormes riesgos que conlleva la explotación de hidrocarburos de yacimientos de gas de lutitas, a través de tecnologías cuestionadas en gran cantidad de países, como la fracturación hidráulica o fracking. Pemex y CFE, deben encabezar la transición del modelo energético del país. Se trata de que sean no solo empresas innovadoras y globales, sino también integrales en generación de energía, considerando la producción de las energías limpias y renovables.
III. RONDA CERO: EL FUTURO DE PEMEX COMO OPERADOR DOMINANTE ESTÁ EN RIESGO.
Aun cuando la reforma legal no se ha concretado, la pérdida de oportunidades para el país y la entrega de éstas al sector privado ya comenzaron. En la llamada “Ronda Cero” Pemex ya perdió no menos del 60% de las áreas exploratorias; 69% de los recursos prospectivos; 85% del recurso prospectivo en Lutitas; 71% del recurso prospectivo en Aguas Profundas; 41% del recurso prospectivo en Aguas Someras y el 17% del recurso prospectivo en Áreas Terrestres.
De acuerdo con la reforma constitucional, Pemex puede perder más áreas si la Secretaría de Energía así lo decide, sin que exista ningún mecanismo de apelación. Este proceso se está realizando de forma totalmente discrecional, en ausencia de normas específicas que lo ordenen y transparenten. Todo ello significa un grave riesgo para el país.
La legislación secundaria debe garantizar que la petición de activos de Pemex en la ronda cero, sea respondida por la Secretaría de Energía en función del interés nacional y no de dogmas ideológicos.
Nos pronunciamos por un debate de altura, en el que se muestren las dos visiones de país, uno a favor de México, el otro a favor de vender nuestro patrimonio al precio que sea.
¡Sí a la discusión. No al engaño del pueblo de México!
¡Sí a la Consulta Popular en el 2015!
Ciudad de México, 10 de junio de 2014.
