En las siguientes semanas el gobierno pretende que se aprueben en comisiones, sin ningún debate, las leyes que regularán la reforma energética. El asunto más importante para el futuro —el destino del petróleo y el gas— se proyecta resolver a espaldas a la Nación. Para el gobierno, entre menos se entere y discuta la sociedad, mejor. Entre más rápido y más distraída esté la gente, mejor. Concibe a la privatización del petróleo como razón de Estado. Coloca a la economía por sobre los derechos y la separación de poderes.
Las 10 preguntas del ciudadano Alfonso Cuarón al presidente Enrique Peña Nieto quedan como anécdota. Su llamado final a que se abrieran los espacios en la televisión para debatir la reforma energética quedará desatendido. Están abiertas todas las dudas relativas a la distribución de la renta petrolera, la regulación que reduzca los riesgos de corrupción, el impacto ambiental, la idoneidad de los nuevos funcionarios para negociar favorablemente con los inversionistas, los calendarios, la solución de los incumplimientos. Se han cambiado radicalmente las reglas del juego, pero estas ni siquiera se comparten con los árbitros.
La forma como se está decidiendo —sin debate, sin tomar en cuenta a la opinión crítica— nos está llevando a sacrificar la pluralidad en aras de la imposición por mayoriteo.
Atrás va quedando el sistema democrático. Desde la reforma constitucional se tomaron decisiones que le quitaron facultades al Congreso y al Poder Judicial, con lo que debilitaron la rendición de cuentas, pues nunca tendrán los órganos administrativos reguladores —controlados en realidad por el Ejecutivo— el poder de contrapeso que tienen los otros Poderes. La toma de decisiones irá a una caja negra que estará en manos del Ejecutivo, quien en la práctica no tendrá que rendir cuentas. En vez del modelo noruego que tanto se exaltó, o incluso del modelo brasileño, por la falta de rendición de cuentas nos pareceremos cada vez más a Rusia, pero con la diferencia de que ellos conservaron instrumentos reales de control como es la propiedad estatal de todos los ductos.
Cada día nos quedamos más atrapados en el formalismo legal y nos alejamos más del respeto a las minorías, la Constitución y la pluralidad. Estas decisiones nos están llevando a lo que algunos autores han llamado autoritarismo competitivo (Levitsky, Steven, y Lucan A. Way, El aumento del autoritarismo competitivo, Journal of Democracy 2 (abril 2002). ¿Qué es un autoritarismo competitivo según la teoría? Es un régimen donde se cumple con las formalidades democráticas pero “hay abusos constantes de la autoridad para debilitar a la oposición, existe un sesgo informativo sistemático en favor del gobierno, el órgano legislativo es débil, los medios independientes están sujetos a campañas de desprestigio, sufren amenazas y enfrentan intentos sutiles de control por su debilidad financiera”. En esos regímenes “los gobernantes se van colocando en la disyuntiva de reprimir, con la posibilidad de intensificar la crisis y aislarse internacionalmente; o dejar que la inestabilidad prosiga con el riesgo de sufrir una derrota”. Los autoritarismos competitivos “surgen cuando las élites tienen capacidades limitadas para terminar totalmente con las instituciones democráticas; y una oposición política y civil débil es incapaz de concluir una transición a la democracia”.
Los riesgos de un desliz hacia un autoritarismo competitivo están a la vista. La oposición y los medios independientes tendrían que estar alertas. El gobierno mismo debe cobrar conciencia de que acercarse a esa posibilidad le terminará siendo ruinoso. Por eso debería tomar las pequeñas decisiones de distensión que estén a su mano. Hoy es decidir si cierra o abre el debate. Si en el tema más importante (energía), no puede haber debate (apertura franca de la televisión), el gobierno estará cerrando las puertas justo en el momento en el que sería más útil abrirlas.
