Ni trabas, ni pretextos, ni prácticas dilatorias, solamente queremos que las leyes secundarias en telecomunicaciones sean producto de un proceso legislativo democrático y transparente, sensible a los reclamos sociales.
La falta del Congreso al no haber emitido a tiempo esas leyes no se deriva de la carga legislativa, ni de la falta de un cronograma para su dictaminación. La vedadera razón han sido las presiones para limitar sus alcances.
Al menos eso evidenció la iniciativa del Ejecutivo Federal y un primer documento circulado en las comisiones dictaminadoras. Por fortuna, logramos superar el plan de aprobar estas propuestas, lejanas al espíritu de la reforma, y podemos iniciar otra fase con una moción que no distorsione la Carta Magna.
Este proceso, con todo, ha tenido efectos positivos, pues demostró que la sociedad está más informada e involucrada en la discusión de lo que se esperaría, lo que tira el mito de que el análisis de estos temas es exclusivo de operadores, especialistas y expertos. Los ciudadanos conocen sus derechos y quieren hacerlos valer, lo cual es fundamental en una democracia. Me refiero a las manifestaciones públicas que han acompañado este proceso legislativo, a las campañas en redes sociales, a las solicitudes de audiencias con legisladores.
Algunos planteamientos ciudadanos son acordes a la expectativa que generó la reforma y, por tanto, son muy atendibles. Otras peticiones son sobre temas omitidos o poco regulados en las propuestas. Por ello, bienvenidos los aportes de sindicatos y organizaciones de derechos de la infancia, de la mujer, de usuarios de internet y de las radios comunitarias.
Escuchar ha sido una línea de acción que me ha caracterizado en los cargos públicos que he ocupado y no hay razón para dejar de hacerlo como Senadora. Confío en hacer lo correcto al proponer un espacio para escuchar la opinión ciudadana sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.
Si bien a la fecha se han celebrado al menos dos foros sobre estos temas, fueron insuficientes. La responsabilidad que tiene frente a si el Congreso, justifica que se abran más audiencias; sin un formato estricto de foro, habrá encuentros con organizaciones y ciudadanos en los que participarán legisladores. Así fue acordado por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Y esto no implica retrasar el dictamen de estas leyes secundarias.
El reto es lograr que esta nueva ley sirva para transformar efectivamente los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Dotarla de una auténtica utilidad social en beneficio de todos. Entre mayor consenso se logre, habrá más posibilidades de conseguir ese objetivo.
