La obligada respuesta ante el bullying / La Razón


Angélica de la Peña Gómez

El acoso escolar o bullying es un asunto de gran preocupación para todo el país, y lo es más que el Senado de la República no lo haya atendido con la prontitud que demanda el crecimiento del acoso entre niñas y niños, y sus terribles consecuencias. Hay por lo menos dos iniciativas en comisiones sin discutirse.

La problemática debe comprenderse desde su origen para enfrentarla y solucionarla. Científicos dedicados a su estudio señalan que detrás de la intimidación entre niñas, niños y adolescentes, se encuentra la violencia que se vive —en sus distintas formas— al interior de las familias.

Los niños y las niñas en las escuelas reproducen las situaciones que observan o viven del predominio del más fuerte en su familia y el maltrato ejercido por éste. Dos fenómenos distintos, pero interrelacionados en el ciclo de la violencia.

Este tipo de acoso se expresa principalmente en los centros educativos, son su punto de partida, pero trasciende los muros de las escuelas a través del uso de las redes sociales, siendo esa una vertiente muy agresiva y permanente.

Tengo la opinión personal que debe dedicarse un capítulo específico en la Ley General de Educación a la prevención y a la resolución del acoso escolar, esto es, resolverse desde el Sistema Educativo Nacional.

También debe aprenderse de las experiencias exitosas en otros países, como son los recursos de mediación entre niñas, niños y adolescentes, para que entre ellos comiencen a resolver sus propios conflictos a través del diálogo.

Y por supuesto, será muy importante la actitud que asuman maestras y maestros, los directores y las directoras de los planteles educativos, tanto públicos como privados; deben corresponsabilizarse todas las partes involucradas, es decir, la sociedad entera.

En el Senado de la República debemos trabajar de inmediato y cumplir nuestra responsabilidad con la sociedad, la cual espera que revisemos y perfeccionemos las leyes a fin de que las autoridades cumplan con los preceptos inscritos en esa legislación e implementen políticas públicas transversales, articuladas y de largo plazo.