La fórmula del actual gobierno es PPP. Más crecimiento económico, a cambio de compartir la renta petrolera con los inversionistas para acelerar la explotación de petróleo-gas y contener la protesta social. La otra reforma, la de la seguridad social, no contribuirá a la formalización de la economía informal ni tiene sustento sólido. Mientras que las reformas laboral y educativa, más que para el crecimiento, son para debilitar la posición de los trabajadores. Para crecer queda pues un recurso: rematar el petróleo a la mayor velocidad posible. Esa es la apuesta. Esa es la prioridad a la que se somete todo el programa de gobierno.
La otra apuesta importante de la actual administración en favor del crecimiento ha sido la reforma fiscal. Pero esta no ha dado el resultado que se esperaba. No ha cambiado en nada significativo la estructura del gasto público donde se perpetúa la inercia del crecimiento del gasto corriente, ahora con mayor deuda; no termina por aumentar la efectividad y el dinamismo de la inversión; mientras que ha contribuido a aumentar el enojo de los empresarios y los consumidores antes de que puedan observarse resultados suficientes.
El camino que ha escogido el gobierno no está tan despejado como ellos quisieran dar la impresión hasta el punto de la soberbia. La inconformidad social no es un asunto más. Puede ser decisivo. No lo fue al momento de la aprobación de la reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28, por diversas razones que en otro momento habrá que esclarecer. Previsiblemente no lo será al momento de la aprobación de las reformas a las leyes secundarias en las próximas semanas. Pero eso no quiere decir que no exista. Está ahí, con tendencia a crecer y sin que se aprecien a la vista mecanismos para canalizarla por vías institucionales.
Una parte importante de la sociedad —más de la mitad— está enojada por lo del petróleo y por lo que percibe cada vez más como un engaño (la oferta de reducir los precios de la electricidad, el gas, los fertilizantes y los alimentos). Está enojada por el bajo crecimiento de la economía, los tropezones en las predicciones gubernamentales, la falta de oportunidades de empleo. Lo está por la inseguridad. Y lo está, crecientemente, por la impunidad y la corrupción.
La apuesta petrolera difícilmente va a mitigar estos enojos. Aun teniendo éxito en sus propios términos, logrará resultados a un plazo más largo. Mientras tanto aparecerán otros motivos de enojo: la agresión del gobierno a las empresas y a las comunidades en sus propiedades y recursos va a provocar enorme malestar. El patrimonialismo en la asignación de los negocios y la falta de preparación de los cuadros técnicos para la negociación con las transnacionales puede llevar a acusaciones serias de corrupción. Y mientras, el boomerang de la sobreventa de los resultados de la reforma energética y la persistencia de los resultados insatisfactorios en la economía y la inseguridad. Agréguese, la previsible negativa a la consulta popular que pondrá en entredicho el paradigma de la protección de los derechos humanos en que se sustenta el prestigio de la Corte y las elecciones de 2015 que dejarán otras ofensas por intervenciones non sanctas de las autoridades. Lo que derramaría el vaso sería que ante la presión cundiera el autoritarismo.
El problema que hoy tiene el gobierno no es el de una proyección numérica. Es una apuesta muy alta: haber roto con una decisión política fundamental sin un acuerdo social de fondo. Haber ofrecido de más para salvar el momento. Y ahora tener que llevar a la práctica un objetivo petrolero ambicioso con enormes dificultades técnicas, obstáculos sociales que no quedaron resueltos con la reforma constitucional, una administración pública empequeñecida que se sentará con empresas poderosas, altos riesgos de corrupción y un ambiente social de enojo que si es descuidado podría crecer antes de ser canalizado pacíficamente en las elecciones de 2018.
