Ningún servidor público debe de recibir mayores privilegios que la mayoría: Alejandro Encinas


Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar dos iniciativas; una con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 255 y un artículo 256 Bis al Reglamento del Senado de la República; y otra con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

 

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias, diputado presidente.

 

Quisiera también solicitar su autorización para que en este mismo acto presente un proyecto de decreto que adiciona la fracción tercera al artículo 255 y artículo 256bis del reglamento del Senado de la República relativo al nombramiento de los magistrados de los tribunales electorales locales que también está pendiente de resolución.

 

Lo voy hacer de manera muy breve.

 

Primero reconocer la iniciativa que ha presentado el diputado Héctor Gutiérrez Garza quien participó en la mesa de discusiones en la reforma política, que da cuenta de que éste es un tema en el que no tuvimos acuerdo en las mesas de negociación celebradas aquí en el Senado de la República con participación de representantes de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, tanto del PRI y del PAN como del PRD.

 

Y aunque prevalece una de las diferencias de fondo, que es el establecimiento, ya sea temporal o permanente, de los haberes de retiro de los magistrados.

 

Desde la discusión, que fue una discusión que empezamos hace tres meses en donde no estuvo presente ese tema hasta el día 12 de mayo, sostuvimos con toda claridad que ningún servidor público debería recibir emolumento alguno adicional a los establecidos en la propia ley.

 

Porque, independientemente del cargo que un funcionario o un servidor público ostente, pues no debe de tentar ningún tipo de privilegio adicional.

 

Por eso, hemos insistido en que debe eliminarse cualquier prebenda que diferencie al resto de los servidores públicos porque el asunto no es, como lo señalaba el magistrado Flavio Galván del Tribunal Superior de Justicia, que el bono era una garantía para garantizar la imparcialidad del Tribunal Federal Electoral.

 

Los recursos económicos no son una garantía y el actuar con imparcialidad y con apego a la ley es una obligación de los servidores públicos, que con bono o sin bono, con haber de retiro o sin haber de retiro, deben apegarse en todo tiempo a los principios de legalidad, de imparcialidad, de certeza en los procesos electorales.

 

Y mantenemos nuestra posición, ningún servidor público debe de recibir mayor emolumento económico que los establecidos en la Ley del Trabajo al igual que cualquier otro trabajador en nuestro país.

 

Y menos aun, otorgar mayores privilegios a una burocracia ya de por sí privilegiada.

 

Basta ver cuál es el régimen salarial de prestaciones, de bono y de privilegios que ostentan hoy los magistrados del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación.

 

Reciben percepciones mensuales netas a partir de un sueldo base de compensación garantizada, ése es el rubro; otros ingresos como parte de su salario; prima vacacional; aguinaldo; pago por riesgo; seguro de vida; seguro colectivo de retiro; gastos médicos mayores; seguro de separación individualizada con aportaciones del 10 por ciento de su salario y el equivalente por parte del Tribunal; auto y celular; viajes en primera clase en compañía de alguna persona, que incluye renta de auto y viáticos; así como un bono adicional en el año electoral y gastos de representación.

 

Eso representa, por ejemplo que el actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reciba un sueldo base mensual de 182 mil, 440 pesos, prestaciones nominales por 64 mil 505, prima vacacional por 58 mil 447 pesos, que (inaudible) aguinaldo de 363 mil 713 pesos, le lleva a obtener, más un pago por riesgo por 411 mil pesos, le lleva a tener un ingreso anual de 5 millones 985 mil pesos que contemplan los ingresos y las prestaciones.

 

Si lo comparamos estos con cargos equivalentes en otros países, vamos a tener un referente del abuso que significan estos privilegios.

 

Por ejemplo, el Tribunal de la Suprema Corte de los Estados Unidos percibe 3 millones 245 mil pesos al año, muy por debajo de los 5 millones, casi 6 millones anuales del presidente del Tribunal; y en el caso del presidente del Tribunal Supremo de España tiene una percepción anual de 2 millones 303 mil pesos.

 

Por eso nosotros insistimos que debe de eliminarse la fracción del artículo 292 en donde se estableció indebidamente este privilegio adicional a los magistrados y sus prestaciones se sujeten estrictamente a lo establecido en la ley.

 

La iniciativa que acaban de presentar diputados del PRI señala que puede establecerse el haber de retiro respecto a los dos años que están impedidos para litigar, no para desempeñarse profesional o laboralmente en otra área.

 

Y la primera pregunta sería, en ese caso, ¿ese haber temporal de dos años contemplará por ejemplo este concepto de prima de riesgo?

 

¿A qué riesgo se enfrenta un magistrado electoral?

 

No un riesgo mayor que los presidentes municipales de este país, que  a la fecha van 64 asesinados.

 

No un nivel de riesgo mayor que muchos de los periodistas que han sido asesinados.

 

No un riesgo mayor que muchos legisladores locales y federales.

 

Son magistrados, no son bomberos ni policías federales, gente que realiza actividades de alto riesgo, menos en el bunker en el que se encuentran cubiertos allá en el sur de la ciudad.

 

Por eso nuestra propuesta y la propia que harán nuestros compañeros del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados plantea con toda claridad y precisión la derogación de este artículo que no fue resultado de negociación alguna y que tanto, hay que reconocer, las representaciones de Acción Nacional como la del PRD rechazamos en el momento en que se presentaron e indebidamente fueron llevadas al dictamen que se discutió el 14 de mayo en la Cámara de Diputados y que al día siguiente despertó una enorme indignación son sobrada razón, no sólo en la Cámara de Diputados, sino en toda la sociedad mexicana.

 

Y finalizo también haciendo la presentación de la propuesta de las reformas al reglamento del Senado de la República para incorporar como facultades del Senado el nombramiento de los magistrados electorales que integran los órganos jurisdiccionales locales en donde estamos planteando un procedimiento que surge a partir de la emisión de una convocatoria por parte de la Junta de Coordinación Política, donde se establecerán las reglas claras para que puedan participar quienes aspiren a estos cargos.

 

En la instancia competente dentro del Senado de la República estará la Comisión de Justicia, quien hará la valoración de los documentos que presenten los distintos aspirantes desde su derecho de audiencia, presenten ante el pleno del Senado una propuesta que deberá ser aprobada por mayoría calificada.

 

Pero ya debo recordar que hay mandato constitucional expreso para que antes del 30 de septiembre de 2014 estén nombrados todos los magistrados de las entidades donde habrá proceso electoral local, que son 17.

 

Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.

 

Creo que esto debe resolverse a la brevedad e independientemente de que se publique pronto o no lo que fueron las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, tomar la previsiones hoy para que las comisiones del Senado o de la Cámara de Diputados, a las que compete este dictamen, puedan ir avanzando en la elaboración de un dictamen que pueda emitirse al momento de la publicación de los decretos de estas dos leyes.

 

Y en un próximo periodo extraordinario de sesiones resolver este litigio que jamás debió haberse presentado porque nunca fue un tema discutido, negociado y acordado en la mesa de negociación.

 

Espero que sin el (inaudible) que se ha planteado, tomemos esas medidas para resolver éste que es un hecho bochornoso frente a la enorme y difícil situación  que enfrenta la inmensa mayoría de los mexicanos y que es indigno establecer privilegios a quienes ya gozan de privilegios (inaudible) en este país.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

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