Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal busca el control absoluto del sistema educativo


Intervención en tribuna del senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar sobre el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

Raúl Morón Orozco (RMO): Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros senadores, he decidido hacer uso de esta tribuna con el fin de razonar el sentido de mi voto.

En primer y convicción es que en este país hace falta una nueva política que de vigor y fortaleza a nuestro régimen federalista que atraviesa por una cuarta crisis.

Recordemos que la Ley de Coordinación Fiscal es un instrumento muy importante porque regula la distribución de los recursos que son de la nación que tiende a la equidad, los procesos de descentralización, la creación de los fondos de participaciones y aportaciones federales fueron creados a partir del reconocimiento de nuestra compleja realidad, marcada por grandes desigualdades regionales, por asimetrías intensas entre la federación y los estados, entre éstos y los municipios.

Con este contexto sostengo, compañeras y compañeros, que en materia de federalismo estamos ante cambios de matiz, modificaciones que estamos muy por debajo de la gran reforma que le urge al país, es muy delicado porque en vez de cerrar brechas y combatir la desigualdad, podemos contribuir a ensancharla, no perdamos de vista que nuestra obligación como representantes del pacto federal es impulsar el fortalecimiento de los tres órdenes de gobierno.

Es hacer justicia a las entidades federativas y municipios que están afectados, nos proponen volver a un esquema marcadamente centralista, a un sistema donde el Ejecutivo federal ejercía un dominio pleno sobre las autoridades estatales y sobre los trabajadores, aumentar la dependencia financiera y con ello el control, aunque ello va en contra de la autonomía y los contrapesos al poder que son indispensables en cualquier régimen pluralista y democrático.

Es preocupante que se impulsen retrocesos, se busca revertir la descentralización educativa sin un diagnóstico claro, ni una propuesta concreta de modelo de país y del sistema educativo que queremos para México, los tres órdenes de gobierno deben hacerse responsables del desarrollo nacional, del derecho a la educación, a la salud y a los demás derechos en el marco de sus facultades constitucionales, pero en un contexto de respeto y de corresponsabilidad federalista, no de subordinación.

Hay que ser claros, es evidente que en esta reforma existe una dedicatoria especial de control absoluta sobre el sistema educativo que no favorece la calidad ni el desarrollo educativo, el centralismo educativo por parte de la federación no garantizará ni la transparencia ni la rendición de cuentas, mucho menos que se erradique la corrupción.

Otra vez, el Ejecutivo federal busca encontrar culpables en vez de planear soluciones de fondo con verdadero espíritu autocrítico y responsabilidad política, primero los maestros y ahora los estados son los responsables de los problemas educativos del país.

Nos proponen que la solución es controlar y centralizar desde la federación, no es con base en la desconfianza como se fortalecerá el federalismo, por el contrario, debe completarse la descentralización, entendida sólo como la entrega de recursos presupuestales suficientes sino también de facultades necesarias para mejorar la educación en los estados de la República.

La Ley General del Servicio Profesional Docente es en el fondo un mecanismo de control político de los maestros por la vía laboral, con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal se busca afianzar este control por la vía financiera, que la nómina del magisterio se vuelva a centralizar y que la pague toda el gobierno federal.

Esta reforma crea además un mecanismo administrativo a modo de la autoridad educativa que le permitiría retener el salario o efectuar pagos fraccionados a los trabajadores de manera discrecional, se busca anular la capacidad de acuerdos entre los gobiernos de las entidades federativas y el magisterio.

Con ello se avanza en el objetivo de desmantelar la figura de la negociación colectiva, una conquista histórica, esencial para equilibrar las relaciones de trabajo como instrumento de justicia social.

En síntesis, nos parecen insuficientes las reformas y adiciones propuestas para esta Ley de Coordinación Fiscal, pues si viene establece nuevas bases normativas y fórmulas para avanzar en la asignación de nuevos recursos para los gobiernos de los estados y de los municipios, se mantiene la perniciosa tendencia de centralizar en el gobierno federal crecientes facultades y recursos en prejuicio de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.

Por su atención muchas gracias y por esta situación, mi voto va a ser en contra.